La minería ilegal se expandió un 495% en las reservas indígenas y un 301% en las unidades de conservación entre 2010 y 2020 en Brasil, según un informe independiente divulgado este lunes.
A partir de imágenes satelitales apoyadas con inteligencia artificial, la plataforma colaborativa Mapbiomas revela también que el área dedicada a la minería legal e ilegal en Brasil, que se multiplicó casi por seis entre 1985 y 2020 y que el 72,5% está en la Amazonía .”Cuando cruzamos la información del área bajo explotación minera en Brasil con las reservas indígenas y unidades de conservación (parques nacionales, etc.), nos quedamos sorprendidos con la cantidad de minería en áreas prohibidas”, explica el profesor Pedro Walfir, de la Universidad Federal de Pará, uno de los coordinadores del informe.
Según Mapbiomas, un 40,7% del área destinada en Brasil al “garimpo”, minería artesanal o de pequeña escala en su gran mayoría ilegal, está en unidades de conservación, mientras que un 9,3% está en tierras indígenas (donde es completamente ilegal). La mayor parte está concentrada en las reservas de los Kayapó y Mundurukú, en el estado amazónico de Pará (norte). Ocho de las diez áreas de conservación más afectadas por el “garimpo”, que en su inmensa mayoría es de oro, están también en Pará. Los “garimpeiros” suelen usar mercurio para separar las partículas del oro, provocando una gran contaminación en los ríos.
Estos datos sobre minería ilegal son una nueva muestra de la aceleración del deterioro ambiental en Brasil desde la llegada al poder del presidente Jair Bolsonaro, especialmente en lo relativo al avance de la deforestación e incendios forestales. El mandatario, favorable a la apertura de la selva a actividades agropecuarias y mineras, y sus aliados del agronegocio en el Congreso están acelerando la tramitación de proyectos vistos por los indígenas y los ambientales como amenazas para las tierras ancestrales y áreas protegidas. Uno de ellos, propuesto por el gobierno, busca autorizar la minería y otras actividades extractivas en las reservas indígenas.
La semana pasada, miles de indígenas, acampados en Brasilia en protesta por la “agenda anti-indígena” de Bolsonaro, marcharon hacia el Supremo Tribunal Federal (STF), que está analizando un caso clave sobre los derechos a sus tierras ancestrales. El llamado “juicio del siglo”, cuyo fallo tendrá repercusión en decenas de litigios en torno al derecho de los indígenas a ocupar y preservar sus tierras ancestrales, que les fue asegurado en la Constitución brasileña de 1988, será retomado este miércoles.
