El Gobierno Nacional reglamentó los nuevos beneficios tributarios y el blanqueo para la construcción, destinados a promover el desarrollo o inversión en proyectos inmobiliarios realizados en la Argentina. La ley había sido aprobada en febrero y promulgada en marzo, pero recién ahora se dieron a conocer los detalles. Con la herramienta ya en marcha, los desarrolladores salieron a buscar posibles inversores.
Por ahora, las empresas no han tenido demasiado éxito. Algunas constructoras, que prefirieron no ser mencionadas, se han encontrado con dos inconvenientes; por un lado, queda poco tiempo para suscribir al blanqueo, y los potenciales inversores no se han mostrado interesados en hacerlo, y por otra parte, hay políticas del Gobierno Nacional que han desalentado la compra de inmuebles, que en otro momento se hubieran destinado a alquilar.
“El gobierno anterior hizo un blanqueo. Se incorporó dinero al sistema, y se volcó una parte a la inversión, pero luego la nueva administración elevó los impuestos y quienes blanquearon se encontraron con que, en cinco años, tendrán que pagar cerca del 40% de lo que blanquearon. Por ese motivo no hay confianza”, señaló un reconocido desarrollador inmobiliario de la provincia.
De todas formas los llamados ya se hicieron, y se comunicó a los posibles inversores sobre la posibilidad de obtener exenciones por invertir el dinero disponible, o blanquear fondos a través de inversiones de largo plazo. “Sería una buena noticia si hubiera confianza, porque cada vez que hacemos un edificio, son 114 gremios los que se mueven, y miles de personas trabajan para ese emprendimiento”, cerró el desarrollador.
En tanto que Juan Manuel Giménez Rilli, responsable de desarrollos como Las Cortaderas o El Bosque, no negó que el blanqueo será positivo para algunos inversores (tanto las exenciones como la posibilidad de declarar fondos), pero señaló que es probable que se trate de casos muy puntuales.
“Lo que nos daría un apoyo sería el lanzamiento de nuevos créditos hipotecarios para la clase media que demuestre ingresos en familia de entre $80.000 y $ 200.000”, resumió el empresario.
Casos particulares
Roberto Irrera, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza, coincidió con los desarrolladores consultados con Los Andes, en que “puede ser” que se destinen fondos al mercado inmobiliario, ya sea por el blanqueo, o por fondos ya declarados de inversores que busquen aprovechar las exenciones, pero la experiencia del último blanqueo no permite demasiadas expectativas al respeto.
“Hay que entender que estamos en un contexto especial, y que el mundo está en la misma situación, pero los diferentes DNU, la ley de alquileres, y las reglamentaciones en AFIP, hicieron que la gente sacara las propiedades de alquiler y las enviara a la venta. Hoy, no tenemos ni alquileres ni venta”, agregó.
Las operaciones que se cierran son una combinación de necesidad y oportunidad. No hay crédito para las ventas y quien puede comprar no encuentra un incentivo para hacerlo”, explicó Irrera.
Irrera, quien también es vicepresidente de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, señaló que desde la entidad nacional le señalaron al Gobierno anterior que terminar con el crédito hipotecario (los créditos UVA iniciaron con un costo extra del 4,5% anual, más inflación, y terminaron en 11% más inflación, porque se autorizaron aumentos en las tasas), y avalar una ley de inquilinos, como la que finalmente salió, significaría desincentivar a quienes invierten en el sector inmobiliario buscando un ingreso seguro para su jubilación.
