Una serie de demoras en el proceso de venta de las acciones que el Gobierno nacional y provincial tienen de la empresa Impsa, sumado a otras trabas operativas, han provocado que la compañía no tenga flujo de caja ni para pagar salarios. En un último giro, unos días atrás, el Estado nacional pidió a la norteamericana Arc Energy que mejorara la oferta, y ésta, a su vez, planteó algunas condiciones.
“La situación de la empresa hoy es muy crítica, porque le han pedido mejora de oferta al único oferente que hubo siempre”, indicó una fuente cercana al proceso. “Esto se debería haber resuelto en agosto y la empresa ya estaría en manos privadas. Pero no se resolvió, se postergaron fechas y se sigue dándole vueltas a las cosas”, añadió.
Señaló que considera que esto se vincula con un desconocimiento de la verdadera situación de la metalúrgica, fundada en 1907 por Enrique Pescarmona, por parte del Gobierno nacional, que está liderando el traspaso, mientras la provincia se ha desligado de la venta. Esto, debido a que el Estado nacional es el accionista mayoritario, con 63,5% del paquete accionario de Impsa, mientras que Mendoza tiene apenas el 21,2%.
El principal inconveniente es que la compañía no tiene dinero y los contratos que va tomando se destinan a pagar salarios o a cancelar deudas, en lugar de a la compra de insumos. Consideró que esto deberá revolverse, pero también que esperan que el inversor acepte las condiciones, porque el Gobierno nacional no va a resolver el problema de la deuda -supera los US$ 500 millones-, ya que el viceministro de Economía, José Luis Daza, es uno de los interesados en cobrar, como miembro del directorio del Grupo Moneda, uno de los acreedores.
“Ahí hay un problema, porque hay gente que es juez y parte. Tiene que aprobar el traspaso de una empresa que está pidiendo que le bajen la deuda a valores razonables, pero entre los que tienen que tomar esa decisión hay un viceministro que es parte del Grupo Moneda. Estamos ante un conflicto de intereses en ese caso”, lanzó.
Advirtió que, de no aceptarse la reestructuración de la deuda, es probable que Arc Energy desista de su oferta, aunque esto le implique perder el dinero que ha invertido en conocer cuál es el estado de la compañía.
De momento, la cuestión gremial está tranquila porque se pudo pagar los sueldos -gracias a un contrato con YPF-, pero, si no se concreta pronto el traspaso, podría volver a generarse un conflicto en pocos días más. El viernes 29 de noviembre, los trabajadores hicieron un paro porque sólo habían cobrado el 50% de lo que les correspondía por la segunda quincena.
Finalmente, el lunes 3 de diciembre, la subsecretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria a los más de 700 trabajadores de Impsa. Si bien esta falta de pago fue la gota que rebalsó el vaso, los empleados subrayaron que han sufrido diversos recortes en sus salarios en 2024.
Triple impacto
La capitalización de Impsa por parte del Estado nacional y provincial en 2021 permitió recomponer su capital de trabajo y obtener, entre ese año y 2023, contratos por unos US$ 340 millones en Argentina y Estados Unidos. Sin embargo, cuando asumió la gestión actual, el financiamiento de los proyectos en el país se suspendió, en el marco de una paralización general de las obras públicas nacionales.
Esto derivó en la cancelación de diversas ejecuciones en marcha. Entre otros, el parque fotovoltaico Arauco, equipamientos para Fabricaciones Militares, la rehabilitación de la central hidroeléctrica Río Grande y la central hidroeléctrica El Tambolar. A esto se sumó el no pago de los trabajos ya realizados, lo que hizo que el flujo de la empresa, que se preveía positivo en 2024, se redujera considerablemente.
Por otra parte, las restricciones a las importaciones dificultaron que Impsa accediera a los insumos necesarios para ir cumpliendo con los planes delineados en los diferentes contratos.
La cancelación abrupta de contratos, la suspensión de pagos adeudados y las dificultades para avanzar en el cumplimiento de los proyectos generó un importante déficit financiero en la compañía.
En ese contexto, en abril, la estadounidense ARC Energy, dedicada a la fabricación y comercialización de plantas y equipamientos en la industria del oil & gas, ofreció comprar la empresa con el acompañamiento del fondo de inversión Industrial Acquisitions Fund (IAF).
A partir de esta manifestación de interés, el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo lanzó una licitación, el 1 de octubre, con el requisito de que los oferentes realizaran una capitalización mínima de US$ 25 millones por la totalidad de las acciones clase “C” de la sociedad, de las que son titulares los gobiernos nacional y provincial. Si bien había trascendido que había otros interesados (una empresa alemana, otra brasilera y una más argentina), cuando se abrieron los sobres, el 31 de octubre, el único que se presentó fue ARC Energy, con una propuesta de US$ 27 millones.
En un primer momento, se informó que a fines de noviembre se publicaría la resolución de adjudicación y los primeros días de diciembre se concretaría la venta, pero el Gobierno nacional pidió ahora un mejoramiento de la oferta y los plazos siguen extendiéndose.
El balance trimestral más reciente de Impsa, presentado el 6 de noviembre ante la Comisión Nacional de Valores -requisito para toda empresa que cotiza en la Bolsa-, presenta un detalle del ejercicio de los primeros nueve meses del año que arroja un resultado negativo de $56 mil millones de pesos.
Otro documento, presentado en la misma fecha, y que lleva la firma de Fabián D’Aiello, responsable de Relaciones con el Mercado, destaca que el patrimonio neto de la empresa al 31 de diciembre de 2023 era de $ 37.640.751.000, mientras que al 30 de septiembre de 2024 resultó negativo en $ 18.993.803.000.
“La pérdida registrada en el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2024 se elevó a $ 56.634.554.000 a causa, principalmente, de los costos financieros, los cuales ascendieron a $ 22.984.021.000, y del impacto del impuesto a las Ganancias determinado por el método del impuesto diferido y la provisión de impuesto a las Ganancias del período, que totalizó $ 36.677.619.000″, detalla. Y suma que “ambos factores incidieron de forma negativa y determinante sobre el patrimonio neto positivo que mantenía la sociedad al 31 de diciembre de 2023″.
