El martes pasado se dio a conocer que el próximo 31 de marzo finalizará el congelamiento de alquileres y la suspensión de desalojos, una medida extraordinaria tomada en el marco de la pandemia de coronavirus que se prolongó durante todo un año. El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, explicó que se hará uso de las herramientas que generó la nueva Ley de Alquileres, algo que no sorprendió en el sector y genera cierto optimismo respecto a la normalización de la oferta.
En este sentido, Estanislao Puelles Milán, titular del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Mendoza, estimó que lo primero que puede pasar a partir del 1 de abril es que haya una normalización de la oferta. “Uno de los problemas que tuvimos en los últimos meses es que los propietarios migraron del alquiler a la venta, dadas las condiciones desfavorables que presentaba la extensión del DNU”, advirtió.
Puelles Millán consideró que esto restringió la oferta prácticamente en un 30% y a los que más perjudicó fue a los inquilinos, a quienes hoy les está costando mucho conseguir una vivienda. “Ese escenario se dio en parte por la nueva Ley de Alquileres, pero principalmente por la extensión del DNU, que en principio era una medida extraordinaria que llegó hasta a extenderse hasta un año. A los propietarios no les gustó para nada y empezaron a retirar los inmuebles del mercado”, sostuvo el titular del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Mendoza.
La decisión de las autoridades nacionales no sorprendió al presidente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza, Roberto Irrera. Para él, esta disposición va de la mano con la reciente disposición de la presentación de los contratos en la AFIP, tal como se dispuso desde el 1 de marzo para todos los acuerdos celebrados a partir de la vigencia de la norma 27.551 y en adelante.
“No había necesidad de prorrogar tantas veces el DNU, porque la ley que comenzó a regir el año pasado ya contemplaba un monto fijo que no podía ser modificado hasta cumplir el primer año del contrato”, expresó Irrera.
Se mostró de acuerdo Miguel Ángel Astorga, de Astorga & Asociados, quien agregó que la renovación de los DNU nunca fue buena. “Lo que está pasando no es positivo para nadie, ni propietarios, ni inquilinos, ni nosotros”. Para el corredor inmobiliario este escenario viene a desnudar otra cuestión importante: la falta de vivienda de la provincia y el país”, comentó.
No preocupa la deuda
Tanto Puelles Millán, como Irrera y Astorga coincidieron que la deuda acumulada y la morosidad de los inquilinos no es una preocupación en la provincia de Mendoza. “Los relevamientos que hacemos con el Colegio nos dieron que en el mes de enero solamente el 8% de un total de 5.000 no pagó al día, algo que refleja que es muy baja la morosidad. No son todos los inquilinos de la provincia, pero es una cifra representativa”, dijo el presidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Mendoza.
Algo para destacar es que el DNU que rige hasta el 31 de marzo de este año establece que se puede financiar la deuda hasta en 12 meses, a convenir entre el propietario y el inquilino. En este sentido, Puelles Millán, quien también es vicepresidente del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (Cofesi), explicó que desde la entidad propusieron a las autoridades nacionales lo que llamaron “Tarjeta AlquilAR”.
“Esta permitirá que sea el Estado el que asuma el costo de financiación de la deuda, en vez del propietario, que ya lleva un año con el alquiler congelado. Solo se aplicaría en aquellos casos en los que los inquilinos han atravesado un estado de vulnerabilidad por la pandemia. Así el propietario podrá cobrar la totalidad del monto adeudado apenas termine el contrato, lo que incentivará a que no saque la propiedad del alquiler, así como también a una renovación del contrato con el inquilino”, explicó Puelles Millán.
Nuevos contratos
El fin de la prórroga del DNU implica que aquellos contratos que eran renovados de manera automática ahora deberán ser evaluados y renovados bajo la nueva Ley de Alquileres (27.551).
Entre las tantas modificaciones que introdujo la normativa, se destaca que los contratos firmados a partir de julio de 2020 serán por un plazo mínimo de tres años y tendrán aumentos anuales, que se determinarán en función del índice que establece el Banco Central.
Para Estanislao Puelles Millán, esto representa una gran incertidumbre. “Hay desconcierto por lo que pueda ocurrir en el futuro, porque no se sabe cuál será el monto que van a tener que pagar los inquilinos dentro de un año. Actualmente, si uno hace el cálculo se observa que correspondería un ajuste de alrededor del 40%. Todavía no entendemos en qué benefició la medida a los inquilinos”, argumentó.
Por su parte, Roberto Irrera destacó otro aspecto negativo de la nueva ley. Se trata del registro de los alquileres en la Administración Federal de Ingresos Público, un trámite que se volvió obligatorio desde 1 de marzo de este año.
“Vemos un escenario complicado, sobre todo con el registro en la AFIP. Esto no significa que estemos en contra de pagar los impuestos que corresponden. Lo que ocurre es que, por lo menos con los locatarios que yo manejo, en su mayoría son mayores de 70 años, que por lo general no están inscriptos en AFIP o no tiene clave fiscal, algo que se necesita para registrar los contratos. Esto puede traer un poco de trastorno al principio, por lo que habrá que contemplar un tiempo de adaptación”, explicó el empresario y vicepresidente de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA). Lo cierto es que recién a partir de abril se tendrá más certeza de cómo reaccionará el mercado mendocino.
