Frente a unos números de inflación que no ceden al ritmo que el Gobierno nacional espera, particularmente en el rubro más sensible para la población, los alimentos, la respuesta que planteó fue abrir las importaciones. Sin embargo, los industriales del sector alimenticio plantearon que esta medida sólo beneficiará a unos pocos y afectará a las pymes, que ya vienen en una situación comprometida.
Si bien el sector empresario viene insistiendo en la necesidad de liberar el mercado, resaltan que esto se debe producir más adelante, cuando se hayan normalizado ciertas variables y se haya avanzado en modificaciones laborales e impositivas. Un informe reciente del Iaraf (Instituto Argentino de Análisis Fiscal) muestra que los tributos nacionales, provinciales y municipales representan entre el 36,2 y el 48,1% del precio final de alimentos y bebidas.
Pablo Vernengo, director ejecutivo de Economías Regionales de CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), planteó que sólo diez grandes empresas y seis o siete cadenas de supermercados van a poder importar con beneficios fiscales -es decir, exención del IVA- y disposición de dólares. Esto, mientras las pymes están trabajando aún sin poder traer del exterior insumos intermedios esenciales para la producción de conservas o para los galpones de empaques.
Señaló que le están enviando al Gobierno nacional una sugerencia, ya que analizaron las cadenas de valor y encontraron que los impuestos van del 39 al 43%, de que primero baje los impuestos a la agroindustria nacional y le otorgue mayor competitividad. De esta manera, resaltó, el consumidor se va a ver beneficiado.
Vernengo consideró que no están dadas las condiciones para abrir tanto la competencia y que, por otra parte, sería una desleal, ya que a las grandes empresas se les bajarían los impuestos y las pymes seguirían siendo castigadas por una alta carga impositiva, tanto nacional como provincial y municipal. En esta línea, lanzó que lo que el Ejecutivo tiene planeado invertir en este beneficio impositivo para la importación lo destine, por el mismo tiempo, a las pequeñas y medianas industrias nacionales.
Un informe reciente de CAME relevó que la industria manufacturera pyme se retrajo 9,9% en febrero, frente al mismo mes del año pasado, a precios constantes. En cuanto al sector de Alimentos y bebidas, la caída fue del 0,3% anual. Los principales problemas planteados por los industriales de esta rama fueron las subas de precios en los insumos del sector, como también en la energía y el transporte (combustibles).
Alternativa
Raúl Giordano, presidente de la Cámara de la Fruta Industrializada de Mendoza (Cafim), manifestó que hubiera sido mucho más fácil y rápido sacarle el IVA a ciertos productos, que se consideren esenciales -harina, leche, aceite-, y que este beneficio sea sólo para los sectores sociales que más lo están necesitando. Estimó que se podría implementar a través de la Tarjeta Alimentar o de la cuenta en la que cobran los jubilados.
Recordó que, durante la gestión de Mauricio Macri, se eliminó por un tiempo el IVA en los alimentos, pero que esto falló, porque el beneficio fue absorbido rápidamente por la cadena y no llegó al consumidor. Pero que, con esa experiencia, se podría analizar el modo de asegurar que alcance a los más afectados por la suba de precios.
En cambio, Giordano estimó que los productos importados demorarán unos seis meses en llegar a las góndolas, porque, cuando son alimentos, se deben registrar, hay que imprimir etiquetas de acuerdo con el código alimentario argentino y, ahora, que incluyan el etiquetado frontal. Añadió que sólo van a poder hacerlo las cuatro o cinco grandes cadenas nacionales e internacionales que venden al 40% de la población, con marca propia.
Y si bien tal vez sean un poco más baratos que los productos de fabricación nacional, estos compradores van a presionar a los fabricantes locales, ya ajustados, a que bajen los precios. Planteó que el productor primario pagó meses antes, a un dólar “inflado”, las semillas, el fertilizante y todos los insumos para cosechar tomate, por ejemplo, con los valores de una economía que era “irreal”, y es quien hoy tiene que hacerse cargo de estas diferencias, porque la cadena de venta no lo hace.
Por otra parte, advirtió que, si un industrial estaba pensando en realizar una inversión, ya fuera para comprar una maquinaria o expandir una plantación, por más que desde el Gobierno digan que es una medida por corto tiempo, lo va a pensar mucho. “Estoy de acuerdo con que tengamos libre mercado, pero no a tres meses de las elecciones y con un cambio que no está funcionando todavía, porque no están pudiendo aplicarlo”, expresó.
Tres necesidades previas
Mauricio Badaloni, miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA), señaló que, “cuando la política no sabe para dónde ir, empieza a generar tensión, cuando debería ofrecer incentivos”. Sumó que todo el peso de la suba de precios recae sobre el sector privado, cuando el estudio del Iaraf denota que la carga impositiva es cercana al 45% para los alimentos, por lo que el Estado -nacional, provincial y municipal- es socio en el precio final.
Si bien la gestión actual se propuso lograr un equilibrio fiscal, para empezar a bajar progresivamente los impuestos y que esto se traduzca en una disminución del precio de los insumos, principalmente de los alimentos, Badaloni subrayó que la baja impositiva aún no se produce y que el DNU, que establece varias modificaciones, se está negociando. Es decir, que no se ha modificado ninguna variable. Asimismo, planteó que se otorgan beneficios para importar, cuando la Argentina no tiene dólares y no se liberan divisas para terminar de pagar el stock de deuda.
En otros países, señaló, al exportador le devuelven el IVA y, si bien el impuesto a las Ganancias llega al 40%, si la empresa invierte, no paga ese tributo. Esto hace que los alimentos, en los países vecinos, no tengan el mismo peso tributario. Por otra parte, aumentaron las tarifas de energía eléctrica y los combustibles, y se espera una pronta suba del gas.
Sobre cuáles podrían ser medidas efectivas para corregir esta situación, el representante de Mendoza ante la UIA mencionó que se debe bajar la presión impositiva y ofrecer estímulos a la exportación; resolver problemas asociados a la “industria del juicio” y convenios colectivos de más de 50 años; y ampliar las opciones de financiamiento para el sector privado por parte de bancos que hasta ahora han destinado gran parte de su flujo al Estado.
No resuelve el problema
El economista del Ieral (Fundación Mediterrénea) Jorge Day explicó que la apertura de importaciones intenta bajar los precios, pero será un descenso por única vez, mientras la inflación es un problema permanente que, hasta que no se resuelva, va a mantenerse la suba de los valores; a menos que se resuelva la cuestión fiscal.
Por otra parte, señaló que, si bien el dólar pegó un salto fuerte en diciembre, después ha ido aumentado un 2% mensual, frente a un IPC de 15 a 20%. Esto implica que se va abaratando y que el costo de producción, en dólares, se vuelve más alto. Los industriales plantean que les está costando vender, porque ha caído el poder de compra, mientras los costos en la divisa norteamericana se elevan.
En el largo plazo, detalló Day, si la economía se estabiliza y se alcanza un superávit fiscal, se podrían bajar los impuestos. Pero también es importante reducir la gran cantidad de regulaciones y trámites, que implican costos extras. Sin embargo, indicó que se requiere de tiempo para poder hacer estas modificaciones que permitirán al sector empresario poder competir en mejores condiciones y, entonces sí, abrir las importaciones.
