La nueva fórmula de actualización de los haberes jubilatorios es uno de los puntos aún en debate que traba los consensos necesarios para el tratamiento y aprobación de la Ley Ómnibus, dado que la propuesta del Gobierno implicaría una pérdida de poder adquisitivo para la clase pasiva.
Si bien existe consenso en que el actual mecanismo perjudica a los jubilados y debe ser reemplazo la forma de empalmar los dos sistemas es lo que se mantiene en discusión ya que su composición definirá la poda que sufrirán los bolsillos de los beneficiarios.
Hasta el momento, iniciativa oficial cuenta con el respaldo del bloque de la Libertad Avanza y parcialmente del PRO. En tanto, dentro de los “dialoguistas”, el liderado por Miguel Angel Pichetto (Hacemos Coalición Federal) y la Unión Cívica Radical (UCR) no están lejos de levantar la mano, pero aún plantean objeciones.
El Gobierno pretende aplicar la fórmula actual durante el primer trimestre, sumando los bonos compensatorios que de manera discrecional viene anunciado, y a partir de abril actualizar por la inflación del mes anterior. En consecuencia, los haberes de abril que se cobran en mayo se actualizarían por el Indice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero (porque el resultado de marzo se conocerá el 12 de abril, según el calendario oficial del INDEC.
Por cuestiones metodológicas, esta información no puede estar disponible antes y en consecuencia, la actualización será un indicador que tendrá un rezago de al menos 45 días.
En ese sentido, en un informe especial pedido por los diputados, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) alertó que: en el empalme entre la fórmula vigente y el nuevo índice no se estaría considerando la inflación de enero 2024″.
Esto se produciría porque la fórmula actual utilizará, para el cálculo de la movilidad de marzo 2024, la información del trimestre octubre-diciembre de 2023, mientras que la nueva fórmula tomará la variación de precios de febrero, quedando sin computaren ninguno de los dos casos la variación de precios de enero que se ubicará entre 15 y 20%.
La pretensión del gobierno al avanzar con esta iniciativa es disminuir el gasto real (medidas contra la inflación) en jubilaciones a partir de eliminar de toda clase de cálculo la variación de precios de este mes. En contrapartida, esa pérdida será que la deberán asumir los jubilados y pensionados.
No obstante, cabe aclarar que el cálculo realizado por la OPC precisó que la actual fórmula jubilatoria produjo un deterioro del poder adquisitivo de los haberes de 32,2% en 2023. Si se hubiese aplicado el año pasado la que ahora pretende el gobierno de Javier Milei, el deterioro se hubiera achicado a 22%. Para estas estimaciones no se incluyen los bonos que se utilizaron a modo de compensación.
En su análisis la OPC sostiene que “si hubiese una desaceleración de la inflación durante 2024, los haberes perderán en el primer trimestre pero luego tenderían a recomponerse”. Aunque no da certeza de que esa recuperación alcance para equiparar el deterioro inicial.
Un cálculo realizado por el IARAF estima que entre enero y marzo de este año un jubilado con la mínima que cobre bonos tendrá una pérdida real del 32% respecto al primer trimestre de 2022; esto implica que puede comprar casi un tercio menos de bienes que hace un año. Para el instituto en los 9 meses restantes de 2024 la caída real de su ingreso sería de 11% respecto a igual periodo de 2022.
“Cuando se analizan conjuntamente ambos periodos, se llega a la conclusión que durante 2024 los jubilados volverían a perder poder adquisitivo y el deterioro real sería del 16,4% respecto a 2023″, concluyó. Sería el séptimo año consecutivo en el que los jubilados pierden contra la inflación.
El ex diputado y experto en Seguridad Social, Eduardo Santín, que expuso en el Plenario de Comisiones se pronunció en contra de eliminar la fórmula actual y propuso que se agregue una cláusula gatillo con el IPC.
“Cuando el porcentaje de por debajo se compensa la fórmula y cuando la inflación baje y se recupere la economía va a permitir recuperar los haberes y no va a ser necesario que se dispare la cláusula gatillo”, explicó a este medio.
La posición de Santín resulta relevante dado que asesora a los equipos técnicos del radicalismo. En las últimas horas el ministro Caputo ratificó la posición del gobierno sin ofrecer señales de estar dispuesto a una modificación.
En su cuenta de “X” le contestó a una seguidora que le había reclamado que “hagan algo por los jubilados que se están muriendo de hambre”.
“Hicimos algo bien concreto. Propusimos cambiar la fórmula, porque con la fórmula actual el gobierno pasado les bajó los haberes entre 15 y 40% dependiendo el haber. Lo hizo mientras multiplicaba por 20 el stock de Leliqs y dejaba el país al borde de la hiperinflación que estamos”, indicó el ministro sin atisbos de avanzar en cambios.
En las últimas horas la ex diputada Elisa Carrió fustigó al ministro al asegurar que “para Caputo el ajuste pasa por el hambre de los jubilados”.
