El Gobierno busca desburocratizar el mundo automotor y los trámites para circular legalmente en la Argentina. Sin embargo, el país enfrenta nuevamente la escasez de patentes para automóviles y motos, así como de cédulas verdes, documentos esenciales para llevar en el vehículo.
No es la primera vez que esto ocurre en la historia reciente: a fines del año pasado durante el gobierno de Alberto Fernández ya se había autorizado el uso de patentes de papel ante la imposibilidad de adquirir chapa en el exterior.
En aquel contexto se había dado por la falta de dólares y las restricciones a la importación pero esta vez el problema parece ser diferente. El problema entre ACARA y la Casa de la Moneda que podría dejar al país sin patentes. El pasado jueves, la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA), el ente cooperador a cargo de los registros de propiedad automotor que depende del Ministerio de Justicia, envió una comunicación interna a los 1.554 registros del país.
En esa nota, firmada por el Consejo de Administración de ACARA, se informaba sobre los retrasos en la entrega de elementos e insumos registrales (chapas metálicas y cédulas verdes) por parte de Casa de Moneda SA, y señala circunstancias imprevistas: “está omitiendo cumplimentar las entregas de elementos e insumos registrales en los términos y condiciones acordadas, por circunstancias que alegan como imponderables y fortuitas, ajenas a su giro comercial, incurriendo en significativas demoras que provocan consecuentemente la imposibilidad real de cumplimentar, por nuestra parte, la puntual entrega de los mismos”.
Desde la Casa de Moneda, respondieron que al inicio de la gestión hubo faltantes y atrasos por la definición de nuevas autoridades, pero aseguraron que actualmente están al día con las entregas. Según sus cifras, la capacidad de producción estándar es de 160.000 patentes mensuales.
En tanto, ACARA informó a la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor y Justicia sobre la situación para que se regularice la provisión de los elementos y le adjudicó la responsabilidad de cualquier incumplimiento y retraso a la Casa de Moneda.
