De visita en Mendoza, el abogado Adrián Tróccoli, especialista en Derecho Previsional, se refirió a la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones, que ronda el 60% desde enero de 2018 a diciembre de 2023; del achatamiento de los haberes, porque en 2020 se fijó por decreto más incremento a la mínima y las otras se fueron retrasando; y de la mirada del Gobierno actual sobre la problemática del sistema previsional.
“Hoy, lo más grosero es la pérdida que tienen los jubilados”, arrancó. Esto, después de plantear su preocupación porque la postura del presidente Javier Milei durante la campaña -sumó que una vez electo no volvió sobre el tema- es que el sistema previsional es un problema de segunda generación. Es decir, que hay otras urgencias primero. Y, además, que la dificultad no reside en este sistema, sino en el laboral.
Es decir que, cuando se mejoren las condiciones de trabajo y crezca la cantidad de empleados en blanco, y con eso de aportantes, va a mejorar el flujo de dinero en Anses y se van a poder pagar jubilaciones más altas. “Es absolutamente válido. Yo siempre dije una versión parecida. El problema de decir esto y nada más es que el Gobierno estima que va a tomar entre 8 y 10 años para recuperar el mercado laboral, pero muchos jubilados no tienen ese tiempo”, lanzó. “Uno no le puede pedir más sacrificios a los jubilados. Y podría decir, bueno, no doy una solución inmediata, pero sí una gradual”, añadió.
- ¿De cuánto ha sido la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados?
- En los últimos cuatro años del Gobierno de Alberto Fernández, los jubilados perdieron muchísimo. Fernanda Raverta, ex directora ejecutiva de Anses, a fines de 2020, cuando presenta el nuevo proyecto de movilidad, dice que durante la gestión de Mauricio Macri habían perdido 19,55% frente a la inflación. Esto es, en 2018 y 2019, después de que, en 2017, el Congreso sacara una ley que cambió la fórmula.
El 2016 también fue un año que se perdió, con la ley anterior, pero fue uno de los dos malos años que tuvo. De 2009 a 2017 funcionó una ley que, aunque tuvieron un par de años por debajo de la inflación, 2 o 5 puntos, en términos generales estuvo bien.
De los tres cambios de ley que hubo, el primero lo aplicó Macri, para que los jubilados no perdieran contra la inflación. Duró menos de un año y en 2019 se perdió contra la inflación, bastante. A fines de 2019, ley de emergencia de por medio, que sacó Fernández el primer día de su gestión, suspende la ley de movilidad general para que los jubilados no pierdan contra la inflación.
Adiviná qué pasó en 2020: perdieron. Ese año se dieron cuatro aumentos por decreto, escalonados, con mayor incremento para los haberes más bajos. En 2021 sacan una nueva ley, que ese año estuvo bien, pero el año pasado dio 109% de aumento con una inflación del 211%.
- ¿Y cuánto suma en total?
- Desde enero de 2018, después del cambio de ley a fines de 2017, hasta diciembre de 2023, la pérdida fue de 54%. Pero esto hay que corregirlo por el empalme, porque el último aumento en 2017 se pagó en setiembre, con valores de inflación de junio. Esos seis meses no están contados en esta pérdida del 54% y habría que sumarle un 8% más, así que 60% es un buen número.
Esto cambia, según la escala en la que se esté, porque como los aumentos de marzo de 2020 fueron escalonados, un docente que cobra la mínima, pero sin bonos, ha tenido una pérdida cercana al 40%. Alguien que recibe los bonos perdió entre 10 y 15%, porque el bono representa mucho dinero en un haber mínimo. Y alguien que queda a la mitad de la escala y no cobra bono, pasa del 60% de pérdida.
- ¿Qué podría pasar si la movilidad se acopla a la inflación en abril?
- Hay varios proyectos de ley en el Congreso, que fijan que el aumento este año se dé por IPC. Si sale este proyecto, a partir de abril se van a ajustar por inflación, con dos meses de atraso. En abril, pagarían el aumento de febrero. Las distintas iniciativas dicen que hay que pagar un 10% por enero y ahora el Ejecutivo dice que, si se aprueba, darían un 10% más. En definitiva, quedarían muy cerca del IPC, que fue del 20,6%. La lógica sería que, a partir de este año, no pierden, sino que cobran con un atraso mínimo. Se podría decir también “te adelanto y después corrijo”. Pero el problema es qué hacemos con todos los años anteriores.
- Los bonos han hecho que se achate mucho la escala…
- Sí, muchísimo. El que cobraba 1,6 mínimas está cobrando lo mismo que la mínima. Si bajaste de 1,6 a 1 es un montón, porque le bajaste 60%. Al tipo que cobraba una jubilación baja.
- ¿Se ha intentado resolver todo esto en los proyectos?
- Tres defectos tienen todos los proyectos. Primero, corrigen la movilidad, pero no la forma de actualizar las remuneraciones. Esto tiene como efecto que los nuevos jubilados van a cobrar distinto que el que se jubiló hace seis meses, porque el índice de actualización de las remuneraciones sigue siendo Ripte trimestral, con tres meses de atraso, que siempre da menos que la inflación. Entonces, le doy inflación a los jubilados, pero al nuevo no le actualizo con el mismo índice.
Otro es que se podría incluir una recomposición escalonada. Que el proyecto diga que la Secretaría de Seguridad Social establezca un método y se opte porque, por ejemplo, los mayores de 100 años cobren ahora; los de más de 95, en 1 año; y los que tienen 70, esperen más. Estaría mal, pero tenemos una emergencia. El tema es hacer algo. Sino, lamentablemente, la solución está en la Justicia.
Hoy, la Cámara de Mendoza ordenó recomponer el período de 2020. Esto significa entre 14 y 17% de aumento. Depende, nuevamente, de la escala. Dice que la suspensión de la movilidad de 2020, con sus cuatro decretos, es válida durante el período que dura la emergencia, pero el 1 de enero de 2021, deberían haberse dado todos los aumentos que no se dieron en 2020. Hay dos casos, uno en cada sala. El problema es que no hay una solución para todo el período, desde 2017 hasta fines del año pasado.
- ¿Qué podría pasar con eso?
- Somos muchos los que estamos convencidos de que nos asiste el derecho y que la Corte va a tomar el tema. A mí me gustaría que, como pasó en 2006 con Badaro, que la Corte exhortó al Poder Legislativo a corregir la jubilación y, cuando no lo hicieron, decidió sobre el caso particular, hoy la Corte volviera a exhortar, dando un plazo razonable. Pero como ahora está por salir una ley, que va a reparar hacia adelante, es probable que la reparación hacia atrás se dé en Tribunales, con cada caso individual.
