La desregulación en la vitivinicultura es cada vez más acentuada y la posibilidad de terminar definitivamente con el acuerdo de diversificación Mendoza - San Juan está cada vez más cerca.
Pero la motosierra a la mendocina también podría llegar a la Ley 9133 de Registro de Contratos de Compra de uva o fruta.
Fuentes del Ministerio de la Producción indicaron que por ahora todo apunta en una sola dirección: la derogación de ambas normas.
Si se trata del acuerdo de diversificación, las opiniones están muy divididas, dentro del sector industrial hay votos a favor y en contra y lo mismo ocurre con los viñateros.
En el caso de la Ley 9133, como ya lo anticipó Los Andes días atrás, es unánime el rechazo a la norma tal cual está implementada. Sin embargo están quienes piden modificaciones solamente y hay voces que van directamente por la derogación.
A favor y en contra
Mauro Sosa, del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este fue uno de los que apoya 100% la derogación de ambas normativas.
Con respecto al acuerdo Sosa aseguró que “como ha cambiado la configuración del mercado, seguimos insistiendo en que no hay ninguna necesidad de garantizarles un mercado cautivo algunas empresas (mosteras)” y en cuanto a la Ley 9.133 reiteró que “no cumplió su objetivo” y “nosotros estábamos solicitando esta derogación” por lo tanto, si se concreta “para el Centro son dos buenas noticias”, dijo.
Fabián Ruggeri, presidente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi) se paró en la vereda de enfrente.
El dirigente y viñatero sostuvo que “realmente estamos a favor del acuerdo Mendoza San Juan porque es un acuerdo de la industria para diversificar y que justamente no se generen sobre stock de vinos en el mercado interno y poder sostener el precio del vino. Será perfectible, pero funciona y tiene cero costo fiscal”.
“Lo mismo pasa con la ley de contrato, dicen que no sirve pero ¿por qué no sirve?”, y “se dice que es para recaudar porque tiene impuesto a los sellos, bueno, si vos sos el Estado, sacale los impuestos. No tiene sentido destruir lo que ha costado tanto tiempo construir. Si no funciona mejorémoslo, pero no lo destruyamos”, afirmó Ruggeri.
Sebastián Lafalla, presidente de la Cámara de Tupungato consideró que “la derogación del acuerdo sería una torpeza. Es una herramienta que autoregula la oferta y es gratuita no le sale un solo peso al Estado”.
El dirigente empresarial y viñatero consideró que “si desregulamos todo, todas las uvas van a ir a vino y vamos a tener siempre volúmenes altos con un mercado en decadencia y eso va a hacer que generemos sobre stock, desde el primer día que se derogue”.
En cuanto a la “ley de contratos, hay que modificarla y perfeccionarla, no derogarla. Es una regulación pero da garantías y el mercado no es perfecto. Lo que queremos es una ley que diga cuando y como van a pagar (el producto) y tengamos una actualización en un contexto económico desfavorable y con una inflación galopante, como la que tenemos”, sentenció.
“Está claro que hay un sector que viene por la destrucción de todos los pasos que se han ido dando en la vitivinicultura” y “si el Estado es cero intervención, bueno entonces cerremos el Ministerio (de Producción) y listo, porque nos sale caro”.
Edgardo Roby, presidente a la Asociación de Productores del Oasis Este mendocino (Aproem) está convencido que el acuerdo de diversificación debería caudcar.
“Hace mucho tiempo cuando habían muchas plantaciones de uvas criollas era una cosa, pero una vez que se fueron reconvirtiendo con el tiempo, no hay muchas hectáreas plantadas con esa uva es decir que el acuerdo no debería existir, porque lo único que hacemos es darle un negocio que se lo dejamos atado a los que quieran hacer mosto”.
“Que deroguen esa ley me parece perfecto y listo, ya está, y dejemos que cada uno sabrá lo que hace”, agregó.
En cuanto a la ley de registro de contrato, para Roby es una norma que hace a las “buenas prácticas comerciales, ese es su espíritu” pero “cuando la reglamentaron le hicieron perder ese espíritu que tenía. Entonces habría que estudiar si hay que derogarla o hay que modificarla o reglamentarla como corresponde”, concluyó.
Matías Manzanares, de la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM) recordó que el acuerdo Mendoza - San Juan “no es solamente hacer mosto, tiene un montón de variables de diversificación y creemos que es fundamental a la hora de controlar la baja en el valor de los blancos escurridos. Por lo tanto consideramos que es una herramienta que debería seguir vigente independientemente que el mercado salga a comprar más uva para hacer mosto”.
“Nosotros queremos bajar un poco la espuma y llevar tranquilidad, por ahora son opiniones, se está estudiando y también se habla de una modificación, por lo tanto todavía creemos que van a entender que es indispensable esta herramienta, lo cual no quita que se pueda modificar, por ejemplo aumentar la multa bien”, añadió Manzanares
En lo que respecta a la ley de contratos de compra de uva o fruta “hay que ser muy claro y taxativo, es verdad que no está funcionando pero porque el mismo gobierno a través del decreto reglamentario excluyó la obligatoriedad de la actualización del pago en el caso que superará los 90 días”, comentó.
Según manzanares, en la reglamentación se acordó que la actualización debe constar en el contrato “siempre y cuando exista acuerdo de ambas partes y obviamente no va a haber acuerdo de partes. Entonces ahí está clarísimo como a través de una reglamentación el Ejecutivo dejó sin efecto una disposición obligatoria que estaba establecida en la ley”.
“Ya que costó tanto que todas las cámaras nos pusiéramos de acuerdo en esa ley y el mismo Ejecutivo con la reglamentación la tornó obsoleta, entonces no habría que derogarla sino trabajar en hacerla efectiva y que defienda los intereses el productor”, afirmó.
