La renovación de las autoridades de Impsa ha quedado en el centro de la escena, mientras que en paralelo se avanza en el proceso de venta de las acciones que el Estado tiene en la empresa desde hace más de dos años. Cabe recordar que el año pasado, antes del cambio de mando presidencial del 10 de diciembre, se habían realizado algunas designaciones vigentes hasta el 31 de diciembre de 2023, sin embargo, no será hasta al menos el 30 de abril próximo que el Directorio cambiaría de nombres.
De acuerdo a lo explicado desde la compañía, “el Directorio se renovaría en principio cuando se celebre la Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas, alrededor del 30 de abril (la cual sería convocada unos 30 días antes), como todos los años”. Mientras tanto y sin otras novedades por el momento, sumaron que tanto el Directorio como los demás órganos de la Sociedad funcionan normalmente con su integración actual.
Actualmente, como lo definió la Asamblea Ordinaria de Accionistas el año pasado, Diego Andrés Grau, Verónica Lorena Guerrero y Alfredo Luis Juri Sticca fueron designados como Directores titulares en representación de las acciones Clase C en poder del Gobierno Nacional en reemplazo de los renunciantes Gabriel Vienni, María Cecilia Garibotti y Carlos Faustino García, respectivamente; completando así los mandatos originales de los Directores a los que reemplazan.
En la misma línea, Julio Totero fue designado como Director en representación de las acciones Clase C en poder del Gobierno de Mendoza, en reemplazo del Director Mario Croce, también para completar el mandato original de este último.
En diciembre del 2023, antes de la asunción de Javier Milei a la presidencia, la legisladora nacional por La Libertad Avanza, Mechi Llano, había denunciado una maniobra de los representantes del Gobierno Nacional y de la Provincia de Mendoza para “enquistarse” en el directorio de la empresa estatal Impsa. En ese momento, desde Impsa habían dicho que esas designaciones solo eran válidas hasta el 31 de diciembre, a fin de mantener operativa la empresa, aunque todavía siguen vigentes.
El proceso de venta
En paralelo a la renovación de autoridades, cabe recordar que la empresa continúa con el proceso de privatización anunciado hace ya más de siete meses. Mendoza, es dueña del 21,2% de las acciones, que adquirió tras el desembolso de 5 millones de dólares. En tanto, la Nación es el accionista mayoritario con el 63,7%, aportando 15 millones de dólares. Mientras que el 15,1% está en manos de privados: 9,8% de las acciones para el fideicomiso de acreedores y 5,3% para el fideicomiso de la familia fundadora.
Sin embargo, en junio de 2023 -luego de haber decidido en abril de ese año de salir a buscar socios y cotizar en bolsa-, la Provincia había anunciado que se desprendería de sus acciones, una maniobra que demandaría, al menos, 12 meses, por lo que todavía continúa el proceso de venta. Según había comentado en aquel momento a Los Andes Enrique Vaquié, ex ministro de Economía de la provincia, esto era algo que había quedado estipulado desde que el Estado ingresó a la empresa.
“La venta de las acciones fue algo que quedó estipulado desde el primer día de ingreso. Fue una condición para el ingreso. Esto involucró varias etapas: la primera etapa era entrar porque la empresa no podía pagar los sueldos. El segundo punto era que no podíamos invertir la totalidad de los fondos que el gobierno nacional requería; la Nación nos proporcionó la mitad. El tercer punto era la administración de la empresa, buscando mantenerla de manera profesional, sin que ingresara personal que no fuera el requerido por áreas técnicas. El cuarto punto se refería a cómo recuperar la empresa, obteniendo contratos y, una vez que esto ocurriera, vender nuestras acciones”, había dicho Vaquié.
En este sentido, el proceso de desprendimiento accionario implica en primer lugar la obligación de ofrecer las acciones a los acreedores de la empresa, es decir, aquellos que deseen convertir sus deudas en acciones. Si todos aceptan, el proceso finaliza en ese punto. Sin embargo, si quedan acciones sin ser tomadas por los acreedores, es necesario salir a venderlas, lo cual lleva al menos un año para completarse.
Déficit a la baja
De acuerdo al último balance que Impsa presentó ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) los estados financieros correspondientes al tercer trimestre de 2023 la empresa triplicó sus ingresos por ventas, lo que contribuyó a reducir la pérdida en casi 90% respecto del mismo período del ejercicio 2022.
Fuentes de la empresa sostuvieron que “el resultado antes de impuesto a las ganancias arrojó una ganancia de 20.671 millones de pesos para los primeros nueve meses de 2023, casi siete veces más que los 3.080 millones de pesos registrados en el mismo periodo del año anterior. El efecto del cálculo del impuesto a las ganancias por aplicación del método del impuesto diferido y el ajuste por inflación impositivo revirtió la ganancia del ejercicio y llevó el resultado final a una pérdida de $519 millones, una cifra 88% menor al rojo de los primeros nueve meses de 2022″.
Y agregaron: “Los ingresos por ventas se multiplicaron por más de diez veces y tanto la ganancia antes de impuestos como la calculada después del impuesto a las ganancias es notoria en comparación con igual período del ejercicio anterior. En rigor, el tercer trimestre del ejercicio 2023 arrojó una ganancia de $11.207 millones antes de impuestos y de $3.922 millones luego del impuesto a las ganancias”.
El estado contable destaca además que al 30 de septiembre el patrimonio neto de la empresa es de 9.047 millones de pesos.
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