Salvo algunos casos de actividades que gozan de privilegios especiales en materia de protección y mercados cautivos (se destacan los contratistas del Estado), la mayoría de los sectores y regiones tiene problemas. Para las empresas que exportan, la situación se resume en la pérdida de competitividad por el enorme aumento de los costos medidos en dólares, que las dejan fuera de la competencia internacional. Para muchas de las que operan en el mercado interno, la caída de la rentabilidad les impide mantener las inversiones realizadas.
Los problemas mencionados no se originan en las empresas y sectores, ya que muchos de ellos trabajan con probada eficiencia técnica y calidad de sus productos; la vitivinicultura es un ejemplo. El común denominador de las dificultades económicas es que las ha creado la política económica del gobierno; o, mejor dicho, la ausencia de una política racional para encauzar la actividad económica.
Esa política -gran parte hecha a golpes sobre la mesa, a empujones y presiones a las empresas- lleva ya muchos años y los enormes desequilibrios introducidos en la organización económica son cada vez más difíciles de corregir. Incluso, cuando el gobierno intenta solucionar algunos de esos problemas inmediatamente crea otros, por que las medidas adoptadas son contradictorias, inconsistentes y cambiantes.
La política fiscal estableció al inicio del período kirchnerista el superávit presupuestario como uno los pilares del modelo, y así ocurrió en los primeros años alcanzando un 3% del PBI. Hoy el exceso de gasto, ha invertido la situación transformando el superávit en déficit del orden del 3% del PBI. El gasto público consolidado y la presión fiscal alcanzan hoy los valores más altos de la historia del país y ya no producen los efectos de incentivar la actividad económica. Hay que agregar la presión fiscal con un sistema impositivo lleno de parches.
La política monetaria del Banco Central consiste casi exclusivamente en emitir el dinero que reclama el Tesoro para deuda y gastos comunes. A cambio, el Banco recibe bonos del Tesoro sin valor alguno, provocando un preocupante deterioro del patrimonio del instituto emisor. Las consecuencias de la política fiscal y monetaria es la inflación, cuya existencia el gobierno niega o minimiza.
De la política cambiaria y de comercio exterior casi no hace falta hacer comentarios. La persistente aplicación de acciones de intervención en el comercio exterior ha provocado enormes daños a actividades como las economías regionales, donde la nuestra es una de las más castigadas. La necesidad de tener un superávit comercial para proveer de dólares limita importaciones indispensables para el proceso productivo.
El atraso cambiario descoloca a numerosas actividades exportadoras. La consecuencia de todos estos desmanejos concluyó con el cepo cambiario afectando el ahorro de las familias y la actividad inmobiliaria en particular.
La aplicación de prohibición de comprar dólares para ahorrar incentivó al turismo en el exterior, ya que los dólares que no se pueden ahorrar se gastan en otros países. Los turistas extranjeros dejan de venir por que el país está muy caro en dólares y la inseguridad crea temor.
Un economista del Cedes resume muy claramente la situación: “La economía argentina transita una dinámica insostenible y potencialmente explosiva. La prolongación y el consecuente empeoramiento de las inconsistencias elevan la posibilidad de que su corrección sea traumática”.
