La restricción de libertades se puede resumir en la estatización creciente de las principales actividades económicas, en un intervencionismo generalizado discrecional y arbitrario, cuya consecuencia es que las decisiones relevantes en la asignación de los recursos las adoptan los funcionarios, no los propietarios.
Este proceso lleva ya diez años, desde la devaluación y pesificación impuestas durante la presidencia de Eduardo Duhalde y el Ministerio de Economía de Jorge Remes Lenicov. Puede que ese corto período (2002/03) haya sido en buena parte producto de la aguda crisis económica, no de una decisión deliberada de la política, pero lo que sí está claro es que los Kirchner la convirtieron en la esencia de su política económica.
La lista de ataques a la libertad económica puede ocupar más espacio que el de esta columna. Comenzando por la mentada “pesificación”, que no fue ni más ni menos que la confiscación de los ahorros de miles de familias.
Luego el control de cambios y, finalmente, la virtual prohibición de adquirir moneda extranjera, implican la imposibilidad del ahorro monetario, una gravísima restricción al derecho de salir y entrar del país y la aplicación compulsiva del impuesto inflacionario a la propiedad más extendida en la sociedad, los pesos que tenemos en el bolsillo.
La política del cepo cambiario ha afectado severamente el derecho a adquirir y disponer la propiedad inmobiliaria. Los datos de la caída de ese mercado son más que elocuentes.
Quienes tienen propiedades urbanas o rurales están sometidos a una incontenible acción delictiva en razón de que el Estado, que debe proveer la seguridad de la vida y los bienes, es incapaz de hacerlo.
En materia de comercio internacional sólo se puede exportar e importar lo que el Gobierno autoriza y sólo lo pueden hacer los autorizados por el Gobierno. Las divisas que obtienen los exportadores deben ser entregadas obligatoriamente, y en plazos perentorios, al Estado, so pena de graves sanciones de todo tipo.
En el orden interno es el Estado el que dispone qué se puede producir, a qué precios vender, cuándo y dónde. Es difícil encontrar alguna actividad económica en la cual estén funcionando regularmente los mercados libres y el sistema de precios.
En el caso de las actividades que a juicio del Gobierno son muy rentables, los funcionarios deciden cuál debe ser la ganancia legítima; las retenciones a las exportaciones son un buen ejemplo de apropiación de los resultados del trabajo ajeno. Ejemplos de expropiaciones sin pago son las empresas llevadas a la insolvencia, como gas, energía, agua potable y luego estatizadas. Hay varios ejemplos nacionales y también provinciales.
Ni hablar de los ataques a los medios de comunicación, a la libertad de expresión y la creación de una formidable red de medios de propaganda oficial, financiados con el dinero de todos los contribuyentes.
Quizás todo sería menos preocupante si se advirtiera una adecuada reacción, en particular del sector empresario, que si es cierto que quiere asentarse sobre la propiedad privada de los medios de producción, debería decir algo.
No obstante, allí reina el silencio y es pública la deplorable expresión de que “somos todos concesionarios”, es decir que todos dependemos de lo que decidan los poderosos funcionarios públicos. Así, hay clima de asfixia de la iniciativa y creatividad privadas. Los efectos económicos de la malsana política estatista y populista están la vista: una economía desquiciada, estancada y con inflación cada vez más alta.
La instauración del sistema económico contrario al que estableció la Constitución Nacional de 1853 no es algo que deba preocupar solamente a los sectores empresarios, a los que “tienen algo”.
Todos deberíamos reflexionar sobre las muchas experiencias en las que la supresión de las libertades económicas terminaron con las libertades políticas. Lo que está en juego en nuestro país no es más o menos intervención del Estado en la economía. Lo que está en juego es si va a subsistir el sistema político y económico plasmado en la Constitución de los argentinos.
