A menos de 24 horas de que el Gobierno, con la anuencia de la Justicia, oficializara que los usuarios de gas natural en Mendoza no debían abonar las facturas nacidas del tarifazo, Ecogas salió a “marcar la cancha”.
Además de descartar esa posibilidad y advertir que tampoco reconocerá reintegros sobre montos pagados en próximas boletas, confirmó que apelará la resolución 10266/2016 de la jueza federal Olga Arrabal, la cual suspende por 3 meses los incrementos.
A primera hora, el principal argumento esgrimido por Distribuidora de Gas Cuyana S.A es que el fallo de Arrabal que suspende la Resolución Enargas I/3730, sólo era aplicable hacia adelante. Conforme pasaron las horas, los altos mandos de Ecogas se inclinaron hacia la apelación, cuando vencen las 48 horas hábiles de ley para hacerlo.
“Los usuarios que tengan facturas por vencer deberán abonarlas. Del mismo modo, tampoco habrá devolución o acreditación para los que ya las cancelaron”, señaló la responsable de Asuntos Institucionales, Belén Durán.
Empujados por las afirmaciones de funcionarios provinciales, de la ONG Protectora y hasta de la jueza federal interviniente, el lunes 30 los ejecutivos de la empresa se encerraron desde media mañana para fijar postura.
Fundamentos
Respecto del carácter de la apelación, que en primera instancia ingresará ante el mismo Juzgado Federal N° 2 que emitió el fallo de la discordia, el apoderado legal de Ecogas, Gustavo Boullaude, argumentó que “se considera que lo que hace la jueza es aplicar un criterio de oportunidad sobre el ajuste, al pronunciarse sobre lo abrupto de la quita de subsidios y cómo debería haber sido. Consideramos que interfiere en una potestad del Ejecutivo, vulnerando así la división de poderes”.
A criterio de Boullaude, otro aspecto cuestionable (y pilar de la apelación) es el intento por equiparar a Mendoza con las condiciones en La Pampa por las temperaturas.
La decisión de la concesionaria del servicio sorprendió a propios y extraños, toda vez que el Gobierno y la parte que demandó a Ecogas y el Estado Nacional a través del Enargas por las exorbitantes subas de hasta 700%, actuaron en línea detrás de un solo mensaje: no pagar y reclamar lo pagado.
Ante la novedad, José Ramón, patrocinante por Protectora de la medida cautelar ante la Justicia que derivó en la suspensión de la suba por tres meses, se plantó en la postura contraria al defender la medida y sus fundamentos, además de enfatizar que Ecogas debe refacturar.
“Claramente tiene efecto devolutivo. Es evidente por el hecho de que la jueza dejó en suspenso la Resolución del Enargas que habilitaba los cuadros tarifarios sin subsidio. Por eso vamos a presentar un pedido de aclaratoria mañana”.
Una aclaratoria implica solicitar a la magistrada que precise el alcance de su resolución. En especial, determinar derechos y obligaciones de usuarios y Ecogas frente a las facturas que ya están en la calle, algo que, junto a la apelación de la empresa, hoy asegura a Arrabal una movida mañana.
En tanto, Protectora presentó una apelación ayer para cuestionar el tope de 80% de incremento fijado en el fallo por Arrabal, la misma a quien, por imperio de las circunstancias, tendrán que volver a recurrir hoy.
Esquivar la grieta
El Gobierno provincial, por ahora, se mantiene al margen y a la espera del resultado. Hay un justificativo: no participa como actor de la causa judicial contra Enargas y Ecogas, como lo es la ONG.
Así lo confirmó el secretario de Servicios Públicos, Sergio Marinelli, para quien el Ejecutivo mendocino “acompañará la acción de Protectora, a la espera de que quede en firme la suspensión”. No obstante, el área no descarta alguna medida de tipo administrativa, si la judicial se agota.
La situación viene a enrarecer un ambiente que, gracias al amparo y la suspensión, había hecho suspirar aliviados a los funcionarios mendocinos puertas adentro de Casa de Gobierno. Es que el freno al tarifazo evitó, frente a la presión popular contra las desproporcionadas subas, una grieta política con el Gobierno nacional.
Antes de conocerse la estrategia legal de Ecogas, sonaba fuerte la posibilidad de que también el Ministerio de Energía de la Nación pudiera optar por la apelación para revertir el fallo de la Justicia federal mendocina.
Hubo acuerdo en la refinería
La actividad en la refinería de Luján de Cuyo volvió a la normalidad ayer a la tarde, tras estar inactiva por menos de 24 horas, ya que empleados nucleados en el Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustible Privado de Cuyo reclamaban mejoras salariales con una huelga.
Tras una negociación del gremio con las empresas, se logró el pago de un 20% desde mayo y una suma fija de $ 14.200, que se pagará a mediados de este mes.
En tanto, por otros conflictos gremiales en Salta y Tierra del Fuego y la demora en la llegada de barcos, el Gobierno nacional ordenó ayer, a las industrias, llevar "a cero" el consumo de gas en "el menor tiempo posible" para priorizar la distribución en los hogares. Agregó que, de persistir el problema, se cortará el suministro de GNC.
