El cruce de medidas judiciales para frenar el llamado tarifazo genera novedades día a día. Ahora, Distribuidora de Gas Cuyana salió a advertir que el fallo de la Cámara Federal de La Plata que dispone retrotraer los cuadros tarifarios al 1 de abril es de “imposible cumplimiento”, y expone un estado de “incertidumbre”, que ya provocó una “fuerte” caída en el nivel de cobro de facturas y afectación de cadena de pagos.
No es lo único. A través de su director de Operaciones, Daniel Rivadulla, la empresa salió a defender una “urgente readecuación tarifaria” o, de lo contrario, una asistencia económica por parte del Gobierno nacional, como poder concedente del servicio.
“De no ser subsanado mediante una adecuación tarifaria urgente, consideramos necesaria una asistencia económica por parte del Gobierno Nacional en los términos de la Resolución SE N° 263/15, o medida similar, que compense la falta de ingresos correspondientes al incremento tarifario dispuesto”, detallaron desde la compañía, que además mantiene un reclamo de ayuda a la Secretaría de Energía, pendiente de 2015.
Es parte de los $2.590 millones a abonar en 10 cuotas consecutivas entre las 9 distribuidoras de gas natural por redes, que el Gobierno anterior había aprobado en junio del año pasado, retroactivo al 1 de marzo de 2015, como compensación por la falta de actualización de tarifas.
Desde Cuyana son contundentes: “la compañía fue la única que no cobró de las 9. Por eso es nuestra obligación reclamar”.
Además de Cuyana y Distribuidora del Centro, las beneficiarias fueron Gas Natural BAN S.A.; Litoral Gas S.A.; Gasnor S.A: Camuzzi Gas Pampeana S.A; Camuzzi Gas del Sur S.A.; Gasnea S.A. y Metrogas S.A.
Morosidad creciente
Respecto a la medida judicial que están en manos de la Corte, para la distribuidora es incumplible por su carácter devolutivo. Esto es, obliga a dar marcha atrás y devolver lo cobrado desde el 1 de abril.
A propósito, para Ecogas, las idas y vueltas del tarifazo, y la inquietud de los usuarios sobre cuánto y cómo pagar, ya se refleja en su recaudación.
Rivadulla expresó que “las medidas han generado un estado de incertidumbre e indefinición, que debido al interés público comprometido es de notorio conocimiento. Dicha situación, totalmente imprevista y ajena a esta Sociedad, impacta en los procesos de facturación y cobro que se han visto resentidos por la fuerte baja en la cobrabilidad, ocasionando una importante afectación de la cadena de pagos”.
Si bien desde la empresa evitaron dar porcentajes de caída, el Enargas confirmó que la caída es notable versus las facturas de abril, emitidas antes del fallo de la jueza federal mendocina Olga Arrabal que al admitir un recurso de amparo desde el 27 de mayo impuso un tope del 80% de aumento.
Para el ente regulador, las facturas “pre-amparo” tuvieron un nivel de cobro cercano al 85% sobre más de 500 mil clientes del Gran Mendoza. Pero la curva de recaudación desde entonces empezó a caer y actualmente pagan sólo 6 de cada 10 usuarios, es decir, el 60%.
“Seguimos recibiendo muchas consultas de los usuarios respecto a si se deben pagar o no. En cualquiera de los escenarios, aconsejamos pagar para no acumular deuda”, explicó Gustavo Paigos, a cargo de atención a los usuarios.
Respecto a la situación financiera de Ecogas, desde el entorno de Rivadulla también hicieron hincapié en que la cadena de pagos a proveedores puede cortarse “porque tenemos reserva para un tiempo corto, pero no por meses”. Cabe recordar que Rivadulla pasó por Mendoza hace casi un mes, citado por la Legislatura. Allí, ante senadores de distintos partidos, defendió el rol de la concesionaria en medio de la pelea por las tarifas, y frente a la obligación de re facturar con el tope del 80% de subas en las tarifas.
En esa ocasión, el directivo de Ecogas también había anticipado que, una vez vencida la vigencia del amparo que frenó los aumentos en Mendoza (el 27 de agosto se cumplen los 90 días dispuestos por la magistrada), las tarifas debían volver al nivel autorizado por la Nación para abril. Esto es, con un tope del 400%, lo que se interpretó como un desconocimiento del dictamen, que a su vez obligaba a Enargas a elaborar nuevos cuadros para poner en vigencia desde el mes próximo.
$116 millones en duda
“El que avisa no traiciona”, dice el refrán que bien podría caberle a Cuyana. Es que el cuadro de situación que pinta la concesionaria del servicio de gas natural para Mendoza también le sirve como un mensaje al poder concedente: si no se aclara el panorama tarifario y tampoco recibe la asistencia que reclama anticipa que tampoco podrá llevar a cabo el programa de inversiones comprometidas para toda la región, de $116.700.000.
“De mantenerse esta situación en el tiempo, quedarán seriamente afectadas las inversiones en curso, en el marco del plan necesario para asegurar la normal, confiable y segura prestación del servicio, además del mantenimiento y operación del sistema de distribución”, remarcó Rivadulla.
