A fines de 2015, muchas notas llenaron diarios con los funcionarios “acomodados” de la gestión de Francisco Pérez. Hoy, varios de esos agentes vuelven a ser noticia, pero por haber sido despedidos.
Así lo demuestran los 6 decretos que firmó el gobernador Alfredo Cornejo y que aparecieron ayer en el Boletín Oficial.
No son los primeros, ya que en enero había dejado sin efecto 83 designaciones (decreto 64). Ahora fueron 9 los ex funcionarios dados de baja y, en todos los casos, se alega “irregularidades” en sus nombramientos.
Entre los nuevos echados se destaca Carlos Gabriel Núñez Rodríguez, figura fundamental para la recuperación ambiental y social que Pérez encaró en El Pozo, al Oeste de Godoy Cruz. Fue ésa la tarea que Pérez, y también su mujer, Celina Sánchez, consideraron “emblema” de su gestión.
Núñez había sido nombrado en planta permanente con una clase 10 por Pérez, a través del decreto 990 fechado el 15 de junio de 2015, aunque publicado el 11 de setiembre de ese año.
Hasta ese momento -y así seguiría hasta el final del mandato justicialista- Núñez se desempeñó como funcionario con una clase 077 (fuera de nivel) en el entonces Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos.
Su principal participación fue en El Pozo, para lo que fue nombrado en el Gobierno el 1 de junio de 2012, con el decreto 958. Antes había presidido Amauta, organización civil que genera acciones sociales, aunque en su página de Facebook lleva el subtítulo “Peronismo de Base”.
Unos 15 días antes de que Núñez ingresara al Gobierno, Pérez emitió el decreto 836, por un convenio con Amauta para generar políticas ambientales y de recuperación en El Pozo. En diciembre de ese año, le dio un subsidio a Amauta por $ 100 mil para esas tareas. Eso dejó a Núñez “a ambos lados del mostrador”, algo que él negó.
“Nunca estuve a ambos lados del mostrador. Yo había renunciado hacía tiempo largo a Amauta”, dijo Núñez a Los Andes. Sin embargo, en la página de Facebook, en un posteo del 31 de julio de 2015, figura como “referente máximo” de Amauta. En otra del 15 de junio de ese año, es presentado como “presidente honorario” de la Asociación Civil.
Sobre su desafectación del Estado, indicó que seguirá “las vías legales correspondientes”. Consideró que lo echaron por “política” y lamentó el hecho, porque “algunos la están pasando mal; están echando a gente con mucha antigüedad”.
Desde el Gobierno no hubo declaraciones pero voceros explicaron que el despido de Núñez y los de los otros ex funcionarios, se debieron a “irregularidades” descubiertas al revisar “la licitud de los actos”.
En cierta coincidencia con Núñez, reconocieron que hubo otros afectados. “En muchos casos usaron expedientes de agentes a los que sí les correspondía un ascenso o nombramiento para incorporarlo al mismo decreto donde aparecían los acomodados”, dijeron.
“Ahora esa gente terminó perjudicada”, reconocieron. La esperanza está puesta en los concursos que se vienen. “Podrán concursar y, como tienen experiencia, tendrán la oportunidad”, dijeron los funcionarios.
Los nombres
Los decretos 750, 757, 759, 760, 761 y 762 se usaron para esta purga. Además de Núñez están: Florencia Bartolucci (ex coordinadora de Comunicación); Federica Álvarez, Enrique Saieg (ex director de Reparaciones Educativas), Rita Martínez, Azucena Gutiérrez, Santiago Brizuela, Alberto Estrada y Claudia Romero.
Todos trabajaron en sus cargos de planta hasta el 30 de junio y ninguno cobrará indemnización .
