A casi un año de haberse hecho conocida como la fiscal viajera, mote que recibió por irse de vacaciones a Brasil cuando estaba con licencia por enfermedad, Anabel Orozco quedó destituida de su cargo ayer, lo que significó que no podrá jubilarse como magistrada con el beneficio del 82 por ciento móvil.
La decisión la tomó el Jury de Enjuiciamiento, compuesto por los siete miembros de la Suprema Corte de Justicia y legisladores de la UCR y del PJ.
El resultado estuvo dividido y evidenció, nuevamente, la grieta judicial: el ala garantista del máximo tribunal, conformado por Alejandro Pérez Hualde, Omar Palermo y Julio Gómez, sumó a Mario Adaro y los cuatro votaron por aplicarle suspensión de 180 días a Orozco, una de las opciones que se consideró ayer.
La otra sanción pedida fue la destitución, impulsada por el procurador de la Corte y jefe de los fiscales, Alejandro Gullé, quien solicitó el Jury el 29 de noviembre del año pasado, seis días después de que se conociera, a través de los medios de comunicación, el viaje de Orozco.
Descontando los magistrados mencionados que optaron por la pena intermedia, la sanción máxima tuvo el aval de los bloques justicialista y radical y de los jueces de la Corte Pedro Llorente, José Valerio y Alejandra Orbelli, quien reemplazó a Jorge Nanclares.
En total, fueron 17 los miembros que votaron por la destitución, aunque los comentarios que surgieron dieron a entender que no fue fácil reunirlos.
Según contaron, en el PJ había opiniones divididas en torno a salvar o no a Orozco de la pena más dura, pero ante la evidencia de que eran más los que se inclinaban por la opción de destituirla, los legisladores opositores decidieron disimular sus criterios diferentes.
De esta manera, Orozco no será más fiscal y como consecuencia inmediata no podrá jubilarse con el régimen especial de los magistrados, que consiste en el 82% móvil como haber jubilatorio.
Esto es así porque la ley nacional 24.018 establece que “los beneficios de esta ley no alcanzan a los beneficiarios de la misma que, previo juicio político o, en su caso, previo sumario, fueron removidos por mal desempeño de sus funciones”.
Este beneficio en la jubilación fue el que justamente Orozco buscó desde una primera instancia y al que apuntó ayer la defensa, encabezada por el abogado Juan Day.
El defensor concedió el hecho de que la ex magistrada incurrió en una falta administrativa, pero dijo que la falta estaba lejos del desorden de conducta, acusación que motivó la destitución.
En cambio, el abogado defendió que se trató de una “infracción administrativa”.
Cabe tener en cuenta que la licencia médica requiere que el trabajador esté en su casa y notifique cada movimiento. Esto lo hizo notar el personal de Recursos Humanos que dio testimonio ayer.
Day acusó de que se trataba de una operación política encabezada por el gobernador, Alfredo Cornejo. “Acá hay una orden por parte de la Gobernación y es que tiene que ser destituida.
Hay un tema político de por medio que es más grave: se investigan cinco días que la doctora no justificó y que cobró, mientras que ahora se ha pagado un millón de pesos de sueldos de la doctora (desde que estalló el caso), primero al 100 por ciento y luego al 50% para poder dar esta paliza y cumplir con el capricho del Gobernador”, señaló el abogado defensor en el debate.
En este sentido, Day interpretó que detrás del Jury había una orden y un mensaje político.
Por su parte, Gullé encabezó la acusación y apuntó a que los problemas de salud y familiares que expuso Orozco no tenían que ver con la falta cometida. A su vez, apuntó a que no fue la primera vez que se dio una situación así.
Según relató, Orozco estuvo dos veces más de viaje con certificado médico, información que pudo corroborar en Migraciones.
La primera fue el 6 agosto de 2013, cuando fue diagnosticada de neumonía atípica. El día anterior, la ex fiscal viajó a Chile y regresó el 31 de ese mes. En el medio, el día 20 presentó otro certificado para extender 10 días la licencia.
El segundo caso fue en febrero de 2014, cuando recibió un certificado por un traumatismo torácico. Durante esos días, según la información de Migraciones, Orozco estuvo en Uruguay.
Si bien estos casos no fueron tenidos en cuenta en el proceso de ayer, Gullé se refirió a los hechos para asegurar que “las pruebas demuestran conductas similares”.
“Con esto no gana nadie, ni el Poder Ejecutivo ni la Magistratura, pero es lo que la ley manda”, se desmarcó Gullé.
Un trámite que inició en 2012 y no pudo concluir
La fiscal destituida expuso su situación ayer durante media hora. En su defensa, Orozco se mostró muy dolida por la situación que tuvo que pasar y en varias oportunidades se quebró al contar su historial clínico.
La ahora ex magistrada señaló que en 1994 tuvo que afrontar un cáncer de mama que le valió una amputación y diversos tratamientos. Como consecuencia, le quedó una lumbalgia crónica y un estado de depresión que le llevó a tomar reiteradas licencias.
En 2012 comenzó a gestionar su jubilación, pero el trámite estuvo frenado en distintas oficinas y no salió hasta ahora.
“Hace cinco años que brego por un beneficio que merezco. Esto ha traído un agravamiento a mi enfermedad”, dijo al borde del llanto Orozco durante la sesión del jury.
La ex fiscal contó que el año pasado su esposo fue diagnosticado de una enfermedad coronaria y falleció. “Me quedé sola, sin familia ya que no pude tener hijos”, contó en su relato. En ese contexto, su grupo de amigas le ofreció viajar para salir adelante.
“Si yo hubiese querido fraguar un certificado, hubiese tenido el ardid de fraguar un certificado para poderme ir cinco días hábiles con mis amigas, hubiese pedido un certificado psiquiátrico”, argumentó.
“El tratamiento de reposo no es estar tirado en una cama, sino que implica también realizar actividad y la recreación es una de los tratamientos de la lumbalgia. Nunca me pareció que presentar esos certificados estuviera mal”, descargó Orozco.
Ante esta exposición fue que Gullé dijo que se solidarizaba ante su situación personal pero “no la exime de cumplir con la ley”.
Duelo con el Gobernador
“Luego de que se han escrito ríos de tinta contra mi conducta y mi decoro, el propio Gobernador en el diario del domingo me pidió un castigo ejemplificador, como el procurador me dijo que yo contamino al Poder Judicial y que soy una papelonera. También se dicen que todos los miembros del Jury tienen un prejuzgamiento contra mi persona y que votaran por mi expulsión”, afirmó Anabel Orozco ayer y le pidió a su jurado que votara con valentía.
“Yo también espero que fallen con valentía”, fue la respuesta de Cornejo cuando le preguntaron.
Cronología
8 de noviembre de 2016: A través de su secretario, Orozco presentó un certificado médico por una lumbalgia aguda que indicaba 10 días de reposo.
11 de noviembre: A las 8.44, mientras permanecía en uso de licencia con goce de haberes, embarcó rumbo a Brasil.
18 de noviembre: Venció su licencia. El secretario informó que no estaba y que probablemente no volvería ese día.
20 de noviembre: Volvió al país.
23 de noviembre: Se difunden las fotos de la fiscal de viaje en Brasil. Ella misma las había publicado en su cuenta de Facebook abierta al público. Ese día la fiscal le da su segundo certificado, por diez días más, a su secretario. Ese día también la Junta Médica intenta contactarse con ella, pero ya no vivía en el domicilio consignado.
29 de noviembre: El procurador pidió el Jury de Enjuiciamiento.
14 de diciembre: Orozco pidió la renuncia y Cornejo la rechazó.
30 de marzo de 2017: Orozco fue suspendida y comenzó a cobrar el 50% del sueldo.
