Así como una vez las grabaciones de un supermercado mostraron al titular de ATE, Roberto Macho, comiendo productos que no pagó, ahora aparecieron otros videos que comprometen a tres inspectores, una de ellos delegada gremial, cobrando coimas.
Según denunciaron los encargados de dos supermercados Átomo, uno en Carrodilla, Luján, y otro en Eugenio Bustos, San Carlos, tres inspectores del Gobierno reclamaron dádivas, antes de realizar su trabajo de control en el que, aseguraban, iban a encontrar irregularidades y a poner multas.
Ante la presión, los encargados accedieron y les permitieron sacar hasta 1.000 pesos en mercadería a cada uno.
Pero luego, los mismos encargados se presentaron ante la Justicia para realizar las denuncias y aportaron los videos (registrados por el supermercado), en los que se ve a los funcionarios retirando mercadería que no pagaron.
Las imágenes son la principal evidencia de la denuncia que difundió el Gobierno provincial.
"En las filmaciones se puede comprobar que están en horario laboral. Los inspectores tienen terminantemente prohibido hacer compras personales durante su jornada de trabajo. También se ve que ha sido recurrente y esto coincide con la declaración de los encargados", explicó Marité Badui, directora general de Control de Gestión
Esta oficina depende del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, y fue la encargada de poner la lupa y dar a conocer los tres casos hoy sancionados desde lo administrativo. A su vez, las denuncias están realizadas en las Fiscalías n° 1 de Tunuyán, y la de Luján- Maipú, en donde se determinará si habrá consecuencias penales.
En este sentido, si bien la investigación está en curso, el Código Penal establece, en el artículo 256, la sanción prevista: " Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial a perpetua, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones".
Los involucrados son Juan Esteban Gandia, Carlos Ramírez y Fabiana Yunes, quienes desde hacía tres, cuatro y 25 años, respectivamente, se desempeñaban como inspectores de la Dirección de Fiscalización y Control.
Los dos hombres estaban contratados, por lo que una vez conocidas las denuncias y habiendo sido chequeadas las pruebas, el Gobierno decidió el 6 de febrero pasado no renovarles el contrato. Tampoco podrán volver a trabajar en la administración pública.
En cambio, la mujer es empleada de planta, por lo que fue cambiada de funciones (ahora hace trabajo administrativo) y se le ha dado inicio a un sumario administrativo.
“De encontrarse una falta, se puede resolver una cesantía, es decir que transcurra un tiempo y vuelva a la función. Pero si se determina el delito, se procede a la exoneración, por lo que se la echa y queda impedida de volver a la administración pública”, señaló Badui. La funcionaria estimó que, ante las evidencias, en el corto plazo habrá una resolución.
Un dato que se suma en torno a Yunes es que es delegada del Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (Sitea). En el gremio desconocían el posible delito, pero se despegaron del hecho y lo circunscribieron a una conducta personal.
"El proceso tiene que seguir el sumario administrativo, que es el primer paso hasta que se resuelva. Hasta tanto, no se puede decir si es culpable o no. Pero esto no tiene nada que ver con lo gremial", remarcó Federico Lorite, de Sitea.
Según transmitió el propio titular del gremio, Yunes dijo no haber sido notificada del sumario que se le inició.
Mercadería por actas
El mismo delito fue denunciado en dos oportunidades, y apunta al trío de inspectores. “Estamos tratando de ver si es un modus operandi o si son casos aislados, que creemos que no”, explicaron en el Ministerio de Economía, dando cuenta de que podría haberse repetido el posible cobro de coimas a comercios inspeccionados.
El primer hecho denunciado ocurrió el 27 de julio del año pasado, cuando los tres inspectores llegaron juntos y habrían pedido mil pesos en mercadería en la sucursal de Átomo en Eugenio Bustos.
Según denunciaron, “se presentaron los inspectores en la sucursal reclamando dádivas a cambio de omitir aplicar deliberadamente una multa de manera arbitraria, en lugar de realizar el procedimiento que corresponde”.
En aquel momento, el encargado, Marcelo Emi, denunció el hecho y adjuntó un video en el que se ve, por separado, a los inspectores pasando mercadería por la línea de caja.
Las imágenes muestran que uno de ellos no lleva la totalidad de lo que tenía en el carro, por lo que se puede deducir que ya había cubierto el monto. Al momento de pagar, no hay un desembolso, sino que el encargado pasó una tarjeta por la máquina que registra los productos. Luego, cada uno se va con sus bolsas de mercadería.
El mismo hecho se habría reiterado el 9 de setiembre en la sucursal de Carrodilla. Daniel Cueto es el encargado que denunció la irregularidad. "Era para evitar las multas que sí o sí iban a constatar, haya o no irregularidades. A cambio ellos harían las actas diciendo que estaba todo en orden y no harían las multas", explicó en la denuncia.
Una oficina para auditar
La oficina de Control de Gestión fue uno de los espacios que abrió el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Enrique Vaquié, para auditar y controlar las gestiones tanto pasadas como las propias.
De este espacio han surgido algunos casos que han sido resonantes, como fue la situación irregular del Iscamen, que terminó con la salida de Raúl Millán, quien quedó imputado por fraude a la Administración Pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Otro caso resonante fue la sospecha de sobreprecios en la red de cloacas licitada en 2012 en El Sauce, Guaymallén.
“La oficina tiene las funciones de diseñar e implementar el sistema de control del ministerio y realizar auditorías, no sólo de la herencia, sino sobre todo lo que se realiza, también en esta gestión”, explicó Marité Badui.
