Los despidos de funcionarios de Francisco Pérez, pasados a planta permanente del Estado, parecían tema terminado, pero no. Ayer fueron notificados tres ex funcionarios con cargo de planta en el IPV y quedó para dentro de unos días una cuarta que está de licencia y con ellos se vuelve a abrir ese proceso de remociones.
Este proceso puede durar seis meses desde el momento de la toma de posesión del nuevo cargo de planta y ese plazo se cumplirá a fines del mes que viene.
Los nombramientos bajo la lupa son varios y de varias áreas de la administración pública. Contienen irregularidades graves como falsificación de firmas en los expedientes, motivo por el que hay sumarios administrativos en marcha.
En el caso del IPV, la mira está puesta en funcionarios municipales que pasaron a la planta del instituto, organismo en el que los empleados cobran el jugoso ítem “Fonavi”, lo que lo hace casi tan tentador como el Ministerio de Salud con su ítem de riesgo psicofísico.
Los notificados de ayer fueron el ex director de Ampliación y Construcción de Escuelas, Ariel Fernando Piantini; el ex subsecretario de Infraestructura, Hugo Quiroga y la ex directora de Recursos Humanos de la provincia, Mariana Ansaldi.
A la que esperan para notificar es la ex diputada provincial Mireya Díaz. En las próximas horas, los decretos que dan de baja a los cuatro empleados ex funcionarios van a ser publicados en el Boletín Oficial.
Los cuatro terminaron en el IPV, aunque sus destinos laborales anteriores eran diferentes. Piantini es hermano de quien fuera secretario privado del ex gobernador Pérez y dependía de Quiroga en la Dirección General de Escuelas.
En los pasillos de Casa de Gobierno se indica que los cuatro eran funcionarios con cargos fuera de nivel o políticos. Los cuatro lograron su pase a planta pero no tomaron posesión del cargo sino que siguieron cobrando como funcionarios políticos. Sobre el final del mandato de Pérez, dejaron los cargos de funcionarios y asumieron como empleados estatales sin responsabilidad política.
Es así que entre los argumentos legales para desplazarlos se cuenta la duda acerca de cuál era la necesidad de tomar un empleado que no cumple las funciones para las que fue contratado sino varios meses después del nombramiento.
Otro elemento que se esgrime como argumento es que no había partida presupuestaria, ni siquiera el cargo creado. Hay que remontarse a la Constitución provincial, donde se indica que los cargos en el Estado los crea la Legislatura por ley, particularmente en la ley de Presupuesto de cada año.
Hay un dogma que se esgrime para justificar los despidos: para crear un cargo hace falta la necesidad de alguien que cumpla determinadas tareas, que el cargo esté creado y que haya crédito para pagarlo. Juran que la necesidad era dudosa; los cargos no estaban creados y no había con qué pagar los sueldos, por eso es que los cuatro nombramientos fueron considerados nulos.
Pero más aún, hay quienes juran que para pagarlos se recurrió a plata destinada a la construcción de viviendas. No se trata del conocido “adicional Fonavi” sino que todo el sueldo se habría pagado con fondos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda, destinado exclusivamente a la construcción de casas.
Con todos estos antecedentes es que los nuevos empleados fueron dejados fuera de la nómina del Estado.
El gobierno de Alfredo Cornejo no había dado señales de continuar con los despidos desde febrero. Primero fue el decreto 64, por el que 82 ex funcionarios perdieron ventajas obtenidas en el último tramo del gobierno de Pérez, ya sean nombramientos o ascensos en el escalafón.
Después vino la revocación de 80 contratos temporarios en el Instituto Provincial de Juegos y Casinos y 30 despidos en OSEP.
Desde entonces, nunca más se habló de nuevos recortes en la planta. Hasta ahora. Y hay quienes juran que habrá más, hasta con denuncias penales incluidas. Es que en la tarea de escarbar las incorporaciones a la planta del gobierno de Pérez hasta se encontraron vicios graves como la falsificación de firmas.
Cuentan que ya hay un sumario en marcha y en cuanto se determine la responsabilidad se remitirán los antecedentes a la Justicia.
Dos secretarios con destino asegurado
Ariel Fernando Piantini es hermano de Sergio Daniel Piantini, quien fuera secretario privado del gobernador Francisco Pérez y que logró una clase 16 en el Ministerio de Salud, clase del escalafón que perdió cuando Alfredo Cornejo firmó el decreto 64.
El ex secretario privado de Pérez venía trabajando con él desde que el ex mandatario era ministro de Infraestructura de Celso Jaque. En esa cartera Pérez lo nombró con clase 11 en diciembre de 2011. La clase 16 de Salud era un ascenso con el jugoso ítem de riesgo psicofísico.
Otro ex secretario de Pérez no logró tan buena suerte, al menos en principio. Nicolás García Sánchez volvió a su vieja clase en el Servicio Penitenciario, que obtuvo cuando Mario Adaro era ministro de Gobierno de Jaque. Con el nuevo gobierno fue movido de destino varias veces y entonces logró un pequeño milagro: se fue a trabajar a la Suprema Corte justamente con el supremo Adaro; así dejó de peregrinar por los penales Almafuerte y Boulogne Sur Mer y volvió al Barrio Cívico.
