La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) criticó ayer “el mínimo límite ético” que surge de lo que definió como “abuso” gubernamental de las cadenas nacionales “con fines de propaganda” en la Argentina y precisó, además, que esa práctica “va contra la Constitución y la Ley”.
En el transcurso de la 71 Asamblea de la SIP que se celebra en Charleston, capital de Carolina del Sur (Estados Unidos), el titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la entidad, el uruguayo Claudio Paolillo, director del semanario Búsqueda de Montevideo, planteó también que “en este año electoral, el gobierno de Cristina Kirchner continúa usando la publicidad oficial como sistema de premios y castigos, a pesar de dos claras sentencias de la Corte”.
En su informe semestral sobre la Libertad de Prensa en el continente, el vocero precisó que el gobierno argentino “ha abusado de las cadenas nacionales con fines de propaganda partidaria, lo que va contra la Constitución, contra la propia Ley y contra un mínimo límite ético”.
Por otra parte, Paolillo sumó a la Argentina en una mecánica que atribuyó también a gobiernos como los de Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Bolivia, entre otros, y sostuvo que “comunicar mentiras desde la cúspide del poder y racionar la libertad en función de los intereses de los gobernantes se ha vuelto corriente”.
En general, advirtió que “ningún país de América está a salvo de esta corriente censuradora que olvida que los gobernantes están obligados a rendir cuentas a sus mandantes, los pueblos” y añadió que, “en lugar de ello, los mandatarios asumen una posición cuasi monárquica, profundamente antidemocrática y antirepublicana”.
