Estados Unidos impuso ayer las primeras sanciones financieras a Venezuela, que afectarán la emisión de deuda del país caribeño, y que siguen a las ya decretadas contra el presidente Nicolás Maduro y varios de sus colaboradores, aunque descartó una acción militar en el corto plazo.
Un decreto del presidente Donald Trump, el primero que afecta al país en su conjunto, “prohíbe transar nueva deuda emitida por el gobierno de Venezuela y su empresa petrolera estatal”.
“También prohíbe las transacciones en ciertos bonos existentes propiedad del sector público venezolano, así como los pagos de dividendos al gobierno de Venezuela”, informó la Casa Blanca.
Más que represalias
Hasta ahora, las sanciones de Washington hacia Venezuela se habían circunscrito a represalias financieras y jurídicas contra Maduro y una veintena de funcionarios y ex funcionarios de su gobierno, a los que acusa de quebrantar la democracia, propiciar la corrupción o violar los derechos humanos.
La Casa Blanca dijo que en esta ocasión “para mitigar el daño al pueblo estadounidense y al venezolano”, el Departamento del Tesoro emitirá licencias con un período de liquidación de 30 días para permitir transacciones que de otro modo quedarían prohibidas, entre ellas las vinculadas con exportación e importación de petróleo.
“Estas medidas están cuidadosamente calibradas para negar a la dictadura de Maduro una fuente crucial de financiamiento para mantener su mandato ilegítimo”, apuntó en un comunicado.
Washington y Caracas retiraron a sus respectivos embajadores desde 2010. Pero hasta ahora mantienen estrechos vínculos económicos y comerciales, sobre todo en la industria petrolera.
EEUU compra 800.000 barriles diarios de petróleo, de los 1,9 millones que produce Venezuela.
El gobierno de Maduro rechazó las nuevas sanciones estadounidenses contra la “democracia” venezolana y se preguntó si Trump busca “crear o promover una crisis humanitaria”.
“Esta es la peor agresión”, dijo el canciller Jorge Arreaza, tras reunirse en Nueva York con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. “Venezuela es una democracia”, subrayó.
“¿Qué quieren? ¿Hacer pasar hambre al pueblo venezolano? ¿Eso es lo que quieren hacer?”, agregó y dijo que para compensar el impacto, Caracas se acercará más a Rusia y China.
Venezuela está sumida en una profunda crisis económica, política e institucional. En medio de protestas opositoras que dejaron al menos 125 muertos entre abril y julio, el 4 de agosto Maduro instaló una Asamblea Constituyente con plenos poderes, desconocida por la oposición y varios países, entre ellos EEUU.
“La dictadura de Maduro sigue privando al pueblo venezolano de alimentos y medicinas, encarcelando a la oposición democráticamente elegida y suprimiendo violentamente la libertad de expresión”, enfatizó ayer la Casa Blanca.
La agencia de calificación financiera SP Global Ratings advirtió en julio sobre el riesgo de default debido al deterioro de las condiciones económicas y el aumento de las tensiones políticas en Venezuela.
Entre octubre y noviembre, Venezuela y PDVSA deberán pagar unos U$S 3.800 millones en vencimientos de bonos.
El analista económico venezolano Rafael Quiroz advirtió sobre el impacto negativo que pueden causar las sanciones. “Eso nos afecta seria y directamente, porque hay varios bonos de la República, como bonos de PDVSA, que están en posesión de personas naturales y jurídicas en EEUU. Venezuela tiene compromisos que debe honrar”, dijo. “Vamos a disponer de menos divisas para importar alimentos y medicinas, que ya estamos necesitando”, agregó.
Sin acciones militares
Al explicar en rueda de prensa las sanciones financieras, la Casa Blanca descartó que en lo inmediato se planee una operación militar contra Venezuela, una posibilidad evocada hace dos semanas por Trump, pero rechazada por los países latinoamericanos, incluyendo a los más críticos de Maduro.
“Evaluamos una amplia gama de opciones. Cualquier decisión será tomada en acuerdo con nuestros socios en la región. Ninguna acción militar está planteada en el futuro cercano”, declaró el general HR McMaster, asesor de seguridad nacional de Trump.
Como respuesta a una eventual intervención militar estadounidense, Venezuela inició ayer ejercicios militares en los que participarán unos 200.000 militares y 700.000 milicianos (ver aparte).
Unos 900.000 efectivos en maniobras de combate
Cientos de miles de militares venezolanos realizarán este fin de semana maniobras ordenadas por el presidente Maduro, en medio de una creciente tensión con el gobierno de Trump, que amenazó con una acción militar e impuso nuevas y fuertes sanciones financieras.
Con un intenso despliegue de tanques de guerra y de tropas, prácticas de tiro, incluidos francotiradores, sobrevuelo de aeronaves y otras acciones, unos 200.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y otros 700.000 milicianos, reservistas y civiles participarán en el “Ejercicio soberanía bolivariana 2017”.
“Más de 900.000 combatientes. Nunca antes la FANB estuvo más cohesionada, más unida. Este ejercicio nos va a permitir pasar a una nueva fase de alerta, de actitud para el combate defensivo”, afirmó el jefe del Comando Estratégico Operacional, Remigio Ceballos, rodeado de soldados.
Maduro aseguró que “nunca antes Venezuela había sido amenazada de tal manera”, al referirse a la afirmación de Trump de que no descarta la “opción militar” para resolver la crisis en el país sudamericano y aplica sanciones financieras.
La Fuerza Armada, con unos 365.000 efectivos, con armamento de origen chino y ruso, y gran poder político y económico, es el principal sostén del gobernante socialista, cuya gestión en rechazada, según la firma Datanálisis, por un 80% de los venezolanos.
Reunido con el alto mando militar, Maduro lanzó la noche del jueves un claro mensaje a las tropas: “Estás con Trump y el imperialismo o estás con la FANB y la patria”. “Debemos tener claro, sobre todo la juventud militar, que hay que cerrar filas con la patria, que no es tiempo de ninguna fisura y que el que dude debe irse de la Fuerza Armada”, sentenció.
La ex fiscal dice que sicarios buscan matarla
Desde algún lugar de Colombia, donde se encuentra asilada, la ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, prometió mantener la denuncia por la “violación de los derechos humanos” en Venezuela y admitió que pese a haberse ido del país no se siente segura, porque sabe que hay “sicarios” que buscan matarla.
“Reitero que no descansaré en esta lucha de acudir a todas las instancias internacionales a denunciar la violación de los #DDHH en Venezuela”, escribió Ortega Díaz en su cuenta de la red Twitter.
“Tengo informaciones de que se han mandado sicarios a por mí”, aseguró la ex fiscal general, quien añade que recibió “varias amenazas” antes de decidirse a abandonar Venezuela.
AP
