Reunidos en la puerta de los Tribunales provinciales, un grupo de más de 60 personas compuesto principalmente por propietarios de jardines maternales, pero también docentes y padres, acompañaron ayer la presentación del pedido de inconstitucionalidad de la ley 9.201, publicada el 10 de diciembre pasado en el Boletín Oficial. Se trata de una normativa que busca regular el funcionamiento de estas instituciones privadas que es resistida por las comunidades educativas de los establecimientos por considerar que su cumplimiento redundará en un inevitable aumento de cuotas y hasta posibles cierres. La petición judicial también fue acompañada por una medida cautelar para que se suspenda la aplicación de la ley.
Enterados de esta medida, desde la Dirección General de Escuelas (DGE) quisieron llevar tranquilidad a los involucrados y adelantaron que solicitarán la modificación del último punto de la normativa, que establecía un plazo de cumplimiento de 90 días, para ampliarlo a 24 meses.
Pedido judicial
El abogado Pablo Cazabán, representante de 63 jardines maternales de la provincia, detalló que entienden que esta regulación es "absolutamente violatoria de varios de los principios constitucionales" principalmente en cuatro artículos. Entre sus argumentos, el letrado mencionó que viola el principio de igualdad. "Porque el estado tiene algunos jardines maternales, no muchos y regula otros que son los SEOS (servicios educativos de origen social) y paradójicamente a ellos no se les aplica la ley y no cumple con ninguno de los requisitos que se les quiere aplicar a los privados", aseguró.
En segundo lugar, señaló que la 9.201 atenta contra el derecho constitucional del ejercicio de todo comercio o industria lícita. "Principalmente porque no respeta el principio de razonabilidad y pone una serie de requisitos que son de imposible cumplimiento", manifestó Cazabán. En este punto detalló que la ley exige una cantidad de docentes y alumnos por sala, lo que trae aparejado la adecuación física de los lugares o directamente el abandono del lugar. Por otra parte señaló que estos jardines están regularizados por habilitación municipal, pagan sus tributos y tienen cobertura de salud.
Asimismo subrayó que de aplicarse esta normativa generaría un problema social que los legisladores no tuvieron en cuenta. "Como los jardines maternales no van a poder cumplir, van a tener que cerrar o si se adecuan a las exigencias de la ley van a poder recibir menos niños, por lo que va a haber miles de familias mendocinas que no van a tener dónde llevar a sus niños", señaló el abogado. Con respecto a la propuesta de la DGE, Cazabán manifestó que sería bueno, pero que no soluciona el problema de fondo que tiene que ver con "lo irracional de los requisitos".
Directivos afectados
Acompañando la presentación judicial junto a varias colegas, Verónica Díaz, propietaria del jardín Rey Dragón, recordó que ellos siguieron el desarrollo de esta ley desde que era proyecto. "Nos pidieron tranquilidad y nos dijeron que nos iban a escuchar, pero pasaron unos días y nos enteramos de que la aprobaron", relató. Por esa razón explicó que no tuvieron otra opción que buscar representación legal y unirse para afrontarlo grupalmente. "Luchamos por nuestra fuente de trabajo, para todas tener un jardín maternal es un sueño cumplido", dijo con visible emoción.
Ella considera que actualmente su establecimiento está en riesgo así como el puesto laboral de todas las chicas que trabajan allí. "Además hay que tener en cuenta que para cumplir lo que piden en algunos casos hablamos de aumento de 150%", precisó y, a su vez, informó que uno de los fundamentos del pedido en la justicia es la incidencia económica que tendría la normativa.
Por su parte, Norma Pérez, dueña del jardín Campanitas, consideró que el maternal es la prolongación de la casa. "La mamá se va con el niño llorando y encuentra a un niño feliz porque ha sido contenido, porque ha estado en brazos y se le ha dado cariño", indicó. Por esa razón para ella no hay título que valga para ser maestra de jardín maternal, sino "corazón y vocación". A lo que Roxana Carra, dueña del jardín Los Pininos, agregó: "Nosotras durante este tiempo hemos estado reguladas, el sentido común es el que nos lleva a darle lo mejor a los chicos. Nosotros trabajamos con el bien más preciado de la familia, trabajamos con vidas y nuestra dedicación es hacia ellos", remarcó.
En conjunto explicaron que por el momento no han podido hablar con nadie de la actual DGE, pero esperan poder hacerlo en los próximos días.
Fuentes de trabajo
Desiré Goulu, maestra jardinera de Mi pequeña jungla, comentó que está de acuerdo con algunos puntos de la ley, pero no con otros que considera exagerados. "Yo me recibí hace algunos meses, pero tuve la oportunidad de trabajar antes de estar recibida, lo que me dio la experiencia y me ayudó a llevar mi carrera adelante", recordó. Por esa razón considera injusto dejar sin trabajo a sus compañeras que no tienen el título habilitante. En cuanto a la cantidad de niños, ella detalló que tiene 10 en sala de 3. "Me parece una exageración tener tres maestras en una sala o dos maestras con cinco niños, no es necesario", dijo. Asimismo consideró innecesario incorporar personal de cocina y limpieza.
Carla Joronda, docente en el jardín Artístico Argentino, relató que está por recibirse del profesorado de Nivel Inicial. "Estoy en el último año y con esto me quedaría sin trabajo", se lamentó.
Algunos papás también acompañaron la presentación como en el caso de Gisel Manzur, que lleva a su pequeño de cuatro años al jardín El Arca. "El aumento de la cuota nos afectaría muchísimo, a nivel económico yo no podría mandarlo más", aseguró. Ella consideró que las docentes que están con su hijos tienen un excelente nivel aunque algunas estén todavía estudiando. "Por algo elegí ese jardín para llevar a mis hijos", dijo. Ella decidió apoyar el reclamo porque reconoce que si los jardines cierran, ella tampoco podría trabajar.
Artículos cuestionados
Tal como detalló el abogado Pablo Cazabán, representante de 63 jardines maternales de la provincia, son 4 los artículos de la ley 9.201 de los que pedirán la inconstitucionalidad.
Art. 4- Establece que la autoridad de aplicación de la presente normativa será la Dirección General de Escuelas.
Art. 10- Establece la composición estructural pedagógica de las instituciones.
Art. 11- Establece los conocimientos y competencias básicas del personal a cargo de la atención de las niñas y niños.
Art. 13- Regula la proporcionalidad de docentes y personal de apoyo.
La DGE pedirá ampliar el plazo de adecuación a 24 meses
Enterados de la presentación judicial, desde la DGE buscaron llevar tranquilidad a la comunidad educativa de los jardines maternales. "Hemos estado dialogando luego de la aprobación de la ley y hemos acordado pedir la modificación del último punto, que brinda un plazo de 90 días para adecuarse y prorrogarlo por 24 meses para hacer una buena implementación", manifestó Adriana Rubio, directora de Nivel Inicial de la DGE. La funcionaria adelantó que en ese tiempo la idea es poder discutir y dialogar con los dueños. "Vamos a poder ver la situación de cada uno ya que estamos lejos de querer que cierren. Nosotros les damos la importancia que tienen como uno de los pilares de la gestión de la primera infancia", resaltó.
Para ella, el objetivo principal de la ley es regular estos espacios y hacer un registro único. En tanto consideró acertada la exigencia de tener cargos docentes en las salas. "Nosotros creemos que es importante que sea personal capacitado", remarcó y se mostró en acuerdo con la exigencia de la cantidad de personal por niño tal como se detalla en la ley. "La cantidad es adecuada, no podemos tener niños hacinados. Tampoco podemos tener bebés con niños de 2 ó 3 años, cada una de las edades tiene que tener su atención", expuso.
Asimismo, Rubio aseguró que en este último tiempo han ido ordenando los jardines maternales que no son privados, por lo que no están regulados por esta ley. "Se ha avanzado muchísimo y quedan pocos jardines poder ordenar. Justamente son estos los que están agendados para ponerles el foco en 2020", adelantó.
