En setiembre último, con motivo de su presencia en la Asamblea de las Naciones Unidas, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sorprendió con una nueva actitud de la Argentina respecto a las autoridades iraníes, al aceptar un pedido de reuniones bilaterales del gobierno de Teherán. Tal decisión, muy polémica, generó reacciones de la oposición y también de distintos países que habitualmente desconfían de las intenciones de Irán en materia de política internacional.
En aquella oportunidad, la sorpresa fue muy grande porque la actitud del Gobierno argentino contradijo posturas que a través de los años había mantenido nuestro país con respecto a Irán, cuyas autoridades políticas fueron acusadas por el Poder Judicial de la Nación en el año 2006 de haber planificado el trágico atentado a la mutual judía. Y un año después, fue el ex presidente Néstor Kirchner quien había expresado ante la ONU el anhelo de que los iraníes aceptasen los reclamos de la Justicia argentina.
Ahora, prácticamente cuatro meses después de aquella reapertura de la relación, la Presidenta de la Nación subió la apuesta y dispuso que su canciller fuese el encargado de sellar un acuerdo con su par iraní para crear un marco jurídico en torno a la causa AMIA que permita a ambos países normalizar sus relaciones diplomáticas.
Nada salió de la galera. Los hechos demostraron que se trató de una estrategia prolijamente gestada, ya que el entendimiento se firmó en un lejano país, Etiopía, mientras en Chile se desarrollaba una cumbre de presidentes en la que estuvo presente Cristina Fernández de Kirchner, quien divulgó la novedad a través de una red social.
El cónclave bilateral derivó en el compromiso para la formación de una “comisión de la verdad”, integrada por juristas internacionales que podrán indagar, junto a jueces argentinos, a los sospechosos iraníes del cruento atentado. Lo preocupante es que el interrogatorio judicial a los implicados en el ataque a la mutual judía será en la propia capital iraní, Teherán, no en un tercer país, como insinuó la Presidenta argentina en el mencionado discurso de setiembre ante la Naciones Unidas.
Además de consolidar la decisión de estrechar vínculos con las autoridades iraníes, el acuerdo suscripto aumenta la contradicción en la que cae nuestro país cuando decidió aceptar el diálogo propuesto por la nación islámica.
Muchas dudas, más que certezas, se suman como resultado de este vínculo. Y un interrogante pasa por determinar si la Justicia argentina, que se verá involucrada en las indagatorias previstas en aquellas lejanas tierras, fue consultada antes de que se tomara la decisión.
Hace pocas horas, la AMIA se expresó rotundamente en contra de lo convenido entre ambos países, reclamando la instrumentación de un nuevo acuerdo bilateral que contenga pretensiones de dicha entidad, que fue blanco del terrible atentado.
En síntesis, el Gobierno argentino debería obrar con mayor cuidado en este acercamiento a un país cuyas autoridades están permanentemente en la mira de la comunidad de naciones por su sospechoso programa nuclear y por las amenazas a la paz mundial que sus dichos y actitudes generan permanentemente. Y porque algunos de los que deberían ser indagados como sospechosos por el ataque terrorista no sólo tienen impunidad en su país sino que ostentan aspiraciones políticas en las próximas elecciones presidenciales iraníes.
