En la Casita Trinitaria, un centro educativo de gestión social en Guaymallén, están muy preocupados ante lo que suponen son indicios de que la Dirección General de Escuelas quiere reducir la institución a su mínima expresión.
Se trata de una entidad que cubre las necesidades pedagógicas, alimentarias y sociales de niños, jóvenes y adultos en condiciones de vulnerabilidad del distrito Kilómetro 11.
Según los directivos, el gobierno escolar tiene intenciones de achicar su estructura para pasar a varios de los 350 alumnos a otras instituciones, lo que implicaría el riesgo de que quedaran desamparados. Así lo señaló uno de ellos, Fernando Bonansea, quien consideró que el sector estatal no está en condiciones de absorberlos.
Otra de las directivas, Silvia Barbagelata, subrayó que la asistencia que brindan desde esta entidad laica va más allá de lo pedagógico, al dar contención en otros planos. Contó que los chicos pasan muchas horas allí, los conocen y saben de su realidad, que ellos mismos van a su casa para saber qué les pasó cuando faltan o los buscan en sus propios autos cuando el barro les impide salir de los asentamientos.
En síntesis, los docentes se involucran en su realidad: “Sabemos que en estos días de lluvia tenemos que empezar a juntar nylon para sus casas y ropa seca para ayudarlos”, relató Silvia.
La organización está conformada por cuatro centros educativos (SEOS): Jardín Maternal JP078 “Casita Trinitaria”, Jardín Maternal JP270 “María Madre”, CENS de Jóvenes y adultos A501 “Alejandra Soto” y el Centro de Actividades Educativas CP 358 “Prof. Ana Vera”.
Cuentan con un comedor que funciona todo el día, con talleres de enseñanza de oficios y apoyo escolar a contraturno para alumnos con dificultades.
Silvia detalló que el último centro mencionado recibe a más de 100 chicos de 6 a 15 años, trabaja con apoyos educativos y talleres para formación laboral, y es justamente el que está más en vilo porque temen que sea eliminado. “Debido a que se aprobó en diciembre, se encuentra observado por la ley de responsabilidad fiscal -explicó- y, sin ninguna notificación, no se enviaron los sueldos de abril”.
Además, los docentes consultados cuestionan que la entidad tenga diferentes directivos para cada centro educativo. Su preocupación se traslada también a las salas de 4 y 5 años, ya que -explicaron- se pretende pasarlas a la Dirección de Educación Privada y trasladar a los chicos a otras instituciones, dejando allí sólo el nivel inicial, que recibe a niños desde 45 días hasta los 4 años.
Desde el punto de vista de Fernando, no hay garantías de que esa área de la DGE tenga los fondos para seguir sustentando el nivel inicial como tampoco habría vacantes en el ámbito estatal para los niños de 4 y 5 años. Además, aseguran que los CENS (educación de adultos) también serían derivados a Educación Privada.
“Los CENS están adaptados a los horarios de las familias y a sus necesidades, por eso son en horario vespertino en el cual también hay una sala maternal para que las madres dejen a sus hijos”, relató Silvia .
Para Fernando, de concretarse estos cambios, “se perdería el modelo de gestión cooperativa y social”, un retroceso por todo lo que se ha hecho con la comunidad.
Por otro lado, aseguran que desde la DGE no se han acercado para ver cómo se trabaja aunque sostienen que estas instituciones no están enmarcadas en la educación formal, cuando en realidad hasta ahora han sido monitoreadas y avaladas por el gobierno escolar.
Por último, consideraron que se buscan diversos cuestionamientos para justificar el achicamiento, entre ellos el proyecto pedagógico que empezó a usarse el año pasado.
La DGE niega problemas
Pese a la queja de estos docentes, el director de Educación de Gestión Social y Cooperativa de la DGE, Eduardo Nasiff - de quien dependen estas entidades-, negó rotundamente que vayan a cerrarse estas áreas. Por el contrario, subrayó que “es un servicio que no podemos dejar de prestar, y vamos a favorecer las condiciones para ordenar todo servicio dirigido a los niños y jóvenes.
No se va a tocar, sólo se van a rever los títulos de las personas a cargo”. Nasiff explicó que no puede haber varios directivos para una sola institución y que en algunos casos los títulos no son acordes a las funciones.
En cuanto al proyecto pedagógico, dijo que debe ser aprobado por Educación Privada (ya que no se trata de una entidad que esté gestionando el Estado) pero que esto no implica que la institución termine en la órbita de esa dirección.
En este sentido, garantizó que los fondos están asegurados, con excepción del CAE Ana Vera, ya que por haber sido aprobado durante la etapa previa al cambio de gobierno el año pasado -fuera de la ley de responsabilidad fiscal- está siendo revisado. Se espera que antes del 15 de junio haya definiciones por parte de la asesoría letrada.
Asimismo, el funcionario de la DGE dejó en claro que en caso de que se presenten dificultades de aprobación, ya sea del proyecto pedagógico de la institución o sólo del CAE, desde el Gobierno se pondrán a disposición herramientas para adaptarlos y que sean aprobados.
Ordenamiento pedagógico
El área de Educación Pública de Gestión Social en la provincia está conformada por 236 instituciones de EGS, organizadas mediante 87 asociaciones intermedias y 18 municipios. Alrededor de 20 mil alumnos acceden a este sistema de instituciones creadas por asociaciones civiles, fundaciones, municipios, comunidades religiosas o cooperativas.
La nueva gestión de la DGE, en el marco de sus intenciones de ordenamiento, ha iniciado acciones de monitoreo en estas entidades. “Queremos ver que el recurso que estamos subsidiando llegue en forma directa y adecuada al chico”, dijo Eduardo Nasiff: “Se trata también de un ordenamiento administrativo y pedagógico”.
Marta Salcedo es presidenta de Fedem, la federación de entidades de la niñez en Mendoza que abarca a 45 organizaciones, muchas de las cuales tienen SEOS. Ella reconoció que efectivamente se están haciendo monitoreos pero que en ninguna institución se han presentado hasta ahora los inconvenientes que tiene Casita Trinitaria.
“Hay un grupo de instituciones cuyas instalaciones, al estar en barrios populares, necesitan mejoras pero estamos ante todo valorando el servicio”, señaló. Además, dijo que sólo se han hecho traslados en instituciones donde la cantidad de niños era muy poca como para mantener el servicio.
