En el gobierno provincial dicen que se enteraron ayer por los medios de la resolución, que nadie les anticipó la decisión de la Nación de asistir a las provincias que tienen atrapados fondos en la postergación de pago de bonos de la deuda pública nacional.
De acuerdo a la resolución 731 del Ministerio de Hacienda nacional, la asistencia consiste en el canje de bonos, pero siempre y cuando sean para pagar sueldos estatales o servicios esenciales.
Según fuentes nacionales, Mendoza es una de las provincias que más letras compró: está tercera, detrás de Buenos Aires y San Juan.
Fuentes del Ministerio de Hacienda de la Nación confirmaron a Los Andes que Mendoza tiene bonos de corto plazo de distinta denominación por 205 millones de dólares; la provincia que más títulos acumula es Buenos Aires, con 500 millones de dólares y la segunda es la vecina San Juan, que tiene en su poder 234 millones de dólares. El cuarto lugar lo ocupa la Ciudad de Buenos Aires, con 123 millones de dólares.
El 28 de agosto, el Gobierno nacional anunció que los tenedores de bonos de deuda institucionales (bancos, fondos de inversión o provincias), no cobrarían la totalidad de su acreencia al vencimiento del valor sino en tres cuotas: el 15% al vencimiento original, el 25% a los tres meses, y el 60% a los seis meses. De acuerdo al Ejecutivo nacional, las provincias ya cobraron el primer 15%.
Los Andes consultó al Gobierno de Mendoza, de donde señalaron que no han sido notificados de la medida y por lo tanto tampoco tienen claros los alcances, por lo que se excusaron de dar precisiones. También hubo una consulta de este diario al Gobierno nacional acerca de cuáles bonos adquirió Mendoza y cuál es el vencimiento, pero también se excusaron de dar esa información, diciendo que debe darla el tenedor de los bonos, o sea la propia provincia.
En el artículo 1 de la resolución queda claro el destino de la medida anunciada ayer. "Crear el 'Programa de Asistencia para la Recomposición Financiera' con el fin de asistir financieramente a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para atender su déficit financiero y regularizar atrasos de tesorería en concepto de salarios y servicios esenciales".
Para recibir la asistencia, las provincias deberán firmar un convenio; de acuerdo a la letra de ese acuerdo, una vez firmado y canjeados los títulos públicos por dinero, no tendrán derecho a reclamar intereses posteriores. Además, deben rendir cuenta de los gastos que paguen al Ministerio del Interior.
De la letra de los dos documentos publicados queda claro que las provincias que hayan recurrido a las letras de corto plazo como forma de ahorro, no podrán acceder a la asistencia.