El presidente Macri está decidido y convencido de la necesidad de hacer el ajuste de los gastos del Estado que son necesarios para eliminar el déficit fiscal y a pagar los costos políticos -si los hubiera- de esta decisión.
Es un tema que, a pesar de su decisión, aún es discutida dentro del mismo gabinete. No fue casual que esta semana tuvieran que desmentir la renuncia del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien es el promotor de mantener el gradualismo.
Mientras tanto, el ministro Dujovne estuvo en Estados Unidos y Europa hablando con inversores para explicar la decisión irrevocable de Macri de cumplir con los compromisos contraídos con el FMI.
La reacción fue casi similar en todos los casos. Aprobación por la decisión pero dudas acerca de las posibilidades de aprobar el Presupuesto en el Congreso y de llegar a algún acuerdo con una parte de la oposición.
Pero la mayor duda de los inversores es acerca del futuro político de Macri, ya que todos temen que hacer el ajuste le cueste caro al Presidente en términos políticos y se comprometan sus posibilidades de aspirar a un segundo mandato. Y la preocupación es porque siguen declaraciones de dirigentes que proponen fórmulas que ya fracasaron.
No obstante, muchos grupos de empresarios están contratando encuestas de consultoras argentinas para estar al tanto de la marcha de las tendencias.
No obstante, están todos muy sensibles. Algunos dichos de Lilita Carrió de esta semana, que ella calificó como chiste, terminaron en un enojo muy grande del radicalismo y hasta cruces muy descalificadores con el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo. En el clima actual, todos los actores deben ser muy prudentes y deben ver con mucha atención el silencio al que se ha llamado Cristina Fernández de Kirchner.
Ajustes de corto plazo
La primera definición de Macri fue que no se volvería atrás la reducción de las retenciones y no quiso aplicar un impuesto a los viajes al exterior, como promovían los gradualistas. De la misma forma, ha negado la posibilidad de relajar el Pacto de Responsabilidad Fiscal acordado con las provincias a fines del año pasado.
En lo que va del año, ya se comenzó a ajustar algunas variables y la más rápida era la obra pública. Hasta mayo, se había ejecutado un 30% menos de lo previsto, y eso ha permitido comenzar a bajar el déficit fiscal en línea con lo que se había propuesto al FMI. Al comenzar controles biométricos para controlar asistencia, se registraron más de 2.500 renuncias de personas que eran, claramente, ñoquis.
Esta semana se publicó en el Boletín Oficial el decreto del Presidente que establece una serie de normas para controlar los gastos en la Administración Central que incluye normas como la prohibición de ingresos de personal hasta el fin del gobierno, así como limitar los ingresos de personal contratado.
De la misma forma se dispone una disminución de gastos de viaje de funcionarios, sobre todo al exterior, así como otros referidos a disponibilidad de automóviles y otros gastos habituales. Además dispone que desde fin de año caduquen todos los contratos de personal efectuados a través de universidades nacionales. Con esta metodología actualmente revistan en el Estado unos 6.000 agentes contratados.
Con estas decisiones el gobierno se propone comenzar a achicar gastos que, en el presupuesto de 2019, implicarán ahorros por unos 25.000 millones de pesos. No obstante, resulta llamativo que el Presidente no haya decidido desarmar la superestructura de ministerios, secretarías y subsecretarías que tienen, en algunos casos, funciones muy extrañas que no agregan ningún valor a la acción del gobierno.
Ajustes de mediano plazo
La parte fuerte de la nueva etapa que quiere recorrer el gobierno implicar avanzar en cambios que, en principio, son de tipo cuantitativo. El gobierno planteó la necesidad de bajar el gasto en 200.000 millones de pesos y tiene tres áreas básicas para explorar. Los gastos de funcionamiento, que algo comienza con el decreto de estos días, las transferencias a provincias y las obras públicas.
No obstante, y dado que el compromiso con el FMI es bajar el déficit del 2,7% al 1,3% del PBI, el ministro Dujovne ya anticipó a los ministros de Hacienda provinciales que el ajuste superará los 300.000 millones de pesos, ya que la inflación de este año impactará muy fuerte en los ajustes de jubilaciones y otros planes como en la Asignación Universal por Hijo. Dado que los gastos sociales representan el 60% de las erogaciones públicas, el esfuerzo será significativo.
Los dos últimos temas serán los que formen parte del Presupuesto 2019, del cual pasarán a formar parte actores muy importantes: el gobierno, los gobernadores y la oposición. Y es esa la gran negociación que veremos en los próximos meses ya que tendrán que soportar el costo del ajuste, que no se puede hacer sobre las prestaciones sociales.
En principio, el gobierno ya difundió las pautas y previsiones principales que contendrá el proyecto con las definiciones macro. El déficit será de 1,3% del PBI, mayores exportaciones y menores importaciones, crecimiento del 2% y no se menciona tipo de cambio, confirmando que será de libre flotación. La inflación esperada para todo 2019 será de 1%.
Ya comenzaron las rondas de conversaciones con gobernadores de provincias en manos de mandatarios de Cambiemos y el planteo fue que el ajuste lo tiene que hacer la Nación, pero que las provincias deberán hacer su aporte, y en este aspecto les recordaron que se han beneficiado con la reforma impositiva, que tiene más recursos y, además, están recibiendo la devolución del 15% que fuera retenido por el gobierno de Cristina Kirchner.
El plan inicial en la negociación con los gobernadores implicará menos transferencias para obras públicas o postergación de algunas no iniciadas, se acabarán las transferencias directas fuera de la coparticipación y se les pedirá que financien algunos programas que hoy ejecutan con fondos nacionales. Uno de los más controvertidos es el pago del Incentivo docente, así como algunos programas de salud.
La oposición está entre la espada y la pared, ya que si se opone y no aprueba el proyecto, el gobierno puede decidir seguir con el presupuesto 2018, que perjudicará notablemente a las provincias. Por ello, un grupo de gobernadores justicialistas está preparando una propuesta alternativa. De la misma forma, un grupo de legisladores calificados como “peronistas moderados” también prepara su propia propuesta para mejorar el proyecto. Pero si se trata de cierre de la economía o nuevos impuestos no tendrán éxito.
La decisión firme de Macri es cumplir en forma irrestricta con los compromisos asumidos con el FMI por lo que el gobierno está dispuesto a escuchar propuestas que no alteren los objetivos. Para esto habrá que afinar muy bien la punta del lápiz y trabajar con una sintonía muy fina para llegar al puerto deseado.
