Hace casi un mes Los Andes informaba que cuatro policías estaban siendo investigados, mientras que paralelamente se había pedido su pase a pasiva. El reclamo fue el corolario de un allanamiento concretado en la sede de la Unidad de Acción Preventiva (UAP), donde se secuestró cocaína, marihuana y algunas armas que se encontraban en los casilleros donde los efectivos guardan sus efectos personales.
Esta historia, que a todas luces está emparentada con un grave delito cometido por aquellos que tienen la custodia de la ciudadanía, se continúa investigando. En esa tarea está empeñado Marcelo Puertas, titular de la Inspección General de Seguridad, mientras se está a la espera de que los efectivos sean indagados en dicha dependencia, lo que podría ocurrir los próximos días.
Además, el caso ya está en manos de la Justicia Federal. En paralelo, se siguen analizando las llamadas de los celulares secuestrados que fueron tomadas por Escuchas Telefónicas de la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico y que dieron origen al descubrimiento del ilícito.
Con nombre y apellido
Ahora se conocieron las identidades de los policías separados de la Fuerza. Se trata del oficial inspector Gerónimo Raúl Coria; Javier Oscar Pereyra, con igual cargo; el suboficial ayudante Ignacio Alfredo Ramos y el ayudante Rubén Emanuel Montero.
Después de ser detenidos, dos de ellos fueron alojados por un tiempo en ex Contraventores, pero los cuatro están en situación pasiva.
Hay un quinto efectivo involucrado: a Lucas Fernando Muñoz se le encontró una "pipa" con restos de marihuana y se lo trasladó a otra unidad.
Las dudas
Armas de distintos calibres, incluso algunas de fabricación casera conocidas como "tumberas", algunos gramos de cocaína y otros de marihuana, fue lo que se secuestró en el allanamiento concretado el viernes 26 del mes pasado, cuando siguiendo el hilo de algunas escuchas telefónicas, se llegó a la sede de la UAP, división que comparte el predio sobre Boulogne Sur Mer con Motorizada y Caballería.
Los investigadores secuestraron pistolas de varios calibres, cargadores y cartuchos. Armas que, de provenir de procedimientos, no deberían haber estado en los casilleros de los efectivos sino que tendrían que haber sido procesadas como secuestro del operativo. "Guardadas" en un armario, su utilización va a los extremos de "plantarlas" en algún secuestro o ponerlas en manos de algún delincuente y así justificar un posible enfrentamiento.
Por ahora y hasta el momento de ser indagados -aunque los policías podrían optar por mantener silencio- el origen y el uso de los elementos secuestrados son inciertos. Sin embargo, desde el organismo que debe controlar el accionar de la Fuerza se espera que en pocos días más el caso pueda quedar cerrado.
