Un grupo de científicos argentinos planteó el debate sobre la eficacia de las políticas actuales sobre drogas. En términos generales, cuestionan algunos de sus parámetros, entre los cuales se destaca que se trate de un modelo prohibicionista. Lo que consideran es que al haber sustancias prohibidas se genera indefectiblemente un mercado ilegal, que como tal carece de regulación.
Lo hacen en "Un libro sobre drogas", publicación que reúne una compilación de ensayos de especialistas de diversas disciplinas, quienes conforman el colectivo El Gato y La Caja. El planteo central es el cuestionamiento de que las políticas públicas no se basen en evidencia científica.
"La política actual tiene un enfoque prohibicionista y abstencionista en términos de drogas ilegales, algo que tiene que ver más con la seguridad que con la salud", explicó Pablo González, biólogo de la Universidad de Buenos Aires y uno de los editores de la publicación. "Si está prohibido no lo podemos regular y la gente lo va a seguir consumiendo. La voluntad de consumir está igual y como no la consigue en un mercado regulado, el mercado se la da de la peor manera. La idea es que el Estado esté presente", agregó.
Para González, el prohibicionismo es “una estrategia que no funciona ni ha funcionado nunca”. Para entenderlo mejor, explicó que si un grupo grande de personas busca un producto, va a aparecer un proveedor y va a generar la producción de sustancias más concentradas, porque algo más pequeño facilita el traslado en un contexto ilegal. Esto implica que la sustancias son cada vez más intoxicantes, de peor calidad y se desconoce su real contenido.
"Trabajar desde una sola perspectiva no resuelve una problemática en la que confluyen una sumatoria de otras"
Asistencia y prevención
En las políticas sobre drogas, la asistencia y prevención enmarcadas en la perspectiva de salud quedan bastante relegadas. La mayor parte de ellas está orientada a la seguridad, vinculado esto a la persecución del contrabando.
Para sostener esta perspectiva, el biólogo señaló que el presupuesto destinado a políticas anti drogas se distribuye 95% para seguridad y 5 % para salud. Otros consultados señalaron que es un escenario común a todo Latinoamérica. "Es una locura, es abrumador, y mostrar esto fue la intención del libro", manifestó. Agregó que en EEUU, que también es prohibicionista, esta distribución en cambio es casi en partes iguales.
Gustavo Reig, coordinador del Plan Provincial de Adicciones, defendió el abordaje que se realiza en Mendoza en tanto está enmarcado en la ley de Salud Mental. Dijo que esto se hace desde un marco de derecho e implica que el punto prioritario sea el acceso a la salud, entendiendo por esto la mejora del estándar de bienestar (biológico, psicológico y social). “Este es un concepto más amplio que sólo el de la abstinencia -explicó-. Mantener este abanico abierto es lo que el plan considera adecuado”.
Dijo además que en la Provincia consideran cierto nivel de éxito cuando se mantienen vínculos laborales y escolares, según el caso, además del fortalecimiento de los lazos familiares.
Juan Carlos Mansilla, director de Desarrollo Territorial de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), destacó como lineamientos fundamentales de las políticas actuales la integralidad y la territorialidad, sobre lo cual expresó que se busca avanzar en acuerdos con los municipios. Y consideró que se debe conocer la realidad local para dar una respuesta efectiva.
Por otra parte, mencionó que trabajar desde una sola perspectiva no resuelve una problemática en la que confluyen una sumatoria de otras, de allí la necesidad de un abordaje integral.
"La regulación sería buena si fuese efectiva". Ana María Díaz, coordinadora de grupos GIA en Mendoza.
Reducción de daños
“Si la estrategia es cuidar a las personas, lo prohibicionista no funciona”, subrayó González, mientras que si la premisa es disminuir el sufrimiento de las personas “el enfoque que mejor funciona es el de salud pública y de reducción de riesgos y daños”.
Y es aquí cuando se instala otro debate: abstencionismo (no consumo de drogas) versus reducción de daños. Desde el punto de vista de los autores del libro, el prohibicionismo no se llevaría muy bien con la segunda.
González señaló que las personas buscamos naturalmente algunas actividades y prohibirlas no termina bien, por lo que hay que apuntar a educar y contener.
Andrea Agrelo, psicóloga con Maestría en Adicciones, consideró que las políticas abstencionistas actuales no condicen con la realidad. “Las intervenciones generadas a partir de políticas represivas en materia de drogas generan un efecto paradojal, criminalizando a usuarios que ni siquiera son dependientes. Lo punitivo produce un impacto estigmatizante, que refuerza a la persona en su rol de ‘adicto’, lo que dificulta la posibilidad terapéutica y la activa inserción social, obstaculizando el desarrollo saludable del sujeto y su sistema familiar”.
Agregó que los tratamientos se basan en el supuesto de que el adicto es un enfermo y “orientan también las respuestas preventivas a un único objetivo: la abstención, sin trabajar desde una perspectiva crítica, posibles riesgos asociados al consumo”.
Sin embargo, el cuestionamiento a la prohibición no es unánime. Ana María Díaz, coordinadora de grupos GIA en Mendoza, quien además es técnica en Psicología Social con especialización en alcoholismo, se manifestó a favor del abstencionismo. Explicó que hay personas que tienen daños en su salud tan severos por su consumo que no pueden seguir haciéndolo y que si vuelven a probar, el cerebro mismo les pide más lo que dificulta salir de la adicción.
Asimismo también se expresó a favor de sostener el prohibicionismo: “La regulación sería buena si fuese efectiva”.
Un día para reflexionar sobre el uso y el tráfico
Mañana, 26 de junio, es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, buscando fomentar la reflexión acerca de la eficacia y las limitaciones de las políticas al respecto.
En este marco, “Un libro sobre drogas" apunta a brindar una mirada crítica y, al mismo tiempo, analítica sobre la forma en la que se crearon e implementaron las políticas públicas sobre drogas.
Se presenta como un espacio para repensar el vínculo entre la ciencia y la política en relación al consumo de drogas, y reúne a reconocidos referentes del país que abordan el tema desde distintas disciplinas: biología, psicología, toxicología, neurociencia, entre otras.
La publicación surge del colectivo El Gato y La Caja, conformado por especialistas que abordan diversas temáticas desde la perspectiva científica.
"La adolescencia implica la búsqueda del riesgo, el desafío a la autoridad y a lo establecido" Andrea Agrelo, en relación a los grandes indices de circulación de alcohol entre jóvenes.
Adolescencia y alcohol, una combinación problemática
Si hay algo en lo que hay coincidencia es en señalar que el alcohol es la sustancia que está causando mayores problemas y la que demanda acciones más urgentes, justamente porque es una droga legal. "Es la sustancia que más impacto tiene en términos de riesgos y daños a sí mismo y a terceros, es la primera lejos", subrayó el biólogo Pablo González.
Como para incrementar la problemática, el alcohol tiene alta circulación entre jóvenes, especialmente adolescentes, justamente un segmento particularmente vulnerable al consumo problemático. Por ello, hay coincidencia en la necesidad de actuar de manera particular con este grupo y de adaptar a sus particularidades las estrategias. Al respecto, los referentes de áreas de gobierno hicieron hincapié en que se está trabajando en colegios secundarios.
La psicóloga Andrea Agrelo explicó que "la adolescencia implica, en su desarrollo, la necesidad de los sujetos de afianzar su identidad y autonomía. La búsqueda del riesgo, el desafío a la autoridad y a lo establecido, definen la etapa adolescente. Un discurso rígido y punitivo fomenta la conducta desviada en esa etapa, dificultando la posibilidad de acompañarlos".
Por otra parte, señaló que “el alcohol y el tabaco, con gran impacto social, son drogas legales y no generan la misma percepción de ‘urgencia moral’ que las ilegales. Lo mismo sucede con la dependencia a psicofármacos. La percepción social de lo ‘malo’ y lo ‘bueno’ queda definida por lo prohibido y lo permitido. Se deja de lado un punto esencial que tiene que ver con el abordaje de las conductas de riesgo, y su implicancia directa en la salud pública. Se demoniza lo prohibido y se lo asume sin pensamiento crítico, como lo peligroso, subestimando los riesgos implicados en lo que está permitido”.
Por ello, Agrelo dijo que el trabajo con adolescentes debe apuntar a generar espacios participativos de pensamiento crítico y que esto debe estar sustentado desde políticas públicas flexibles e integrales que permitan el debate.
