La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) emitió una disposición por la cual se autoriza la venta en farmacias de una presentación de misoprostol específicamente desarrollada para interrumpir embarazos.
Sin embrago, en las farmacias de Mendoza no podrá conseguirse ya que hay una ley de 2009 que lo prohíbe y por lo cual no se consigue aquí.
Así lo aseguraron a Los Andes desde el ministerio de Salud de la provincia y explicaron que ésta tiene más peso. Lo mismo señaló la abogada Patricia Decon: "Siempre una ley es superior a una resolución, en el orden jerárquico es así, sea de quien sea la resolución".
Se trata de un tema controversial y para nada menor si se tiene en cuenta que esta droga es la que se usa para la realización de abortos clandestinos dado que la práctica es ilegal en el país.
La misma Organización de la Salud la recomienda para dicha finalidad, sin embargo, existe la posibilidad de que en algunos casos produzca hemorragias que ponen en riesgo la vida de las mujeres que la utilizan, debido justamente a la falta de control médico propia de la clandestinidad.
La disposición 946-12/10/2018 del organismo nacional autoriza la venta de la droga en una presentación distinta de la que ya había en el mercado, del laboratorio Beta y que cuesta en torno a 4000 pesos (16 comprimidos).
La presentación que ha sido autorizada es del laboratorio Domínguez, tiene 20 mg de misoprostol y no tienen el diclofecnac que tenía la otra fórmula, que está autorizada para tratar problemas gástricos. Además tendrá una presentación de 12 comprimidos, la dosis que se utiliza para inducir un aborto o un parto cuando ya ha llegado a término y fuera necesario.
Se ha estipulado que la venta sea bajo receta archivada y se estima que estará a la venta en el resto del país antes de fin de año.
El proyecto para autorizar esto fue presentado a Anmat por organizaciones sociales una semana después que fracasara en el Congreso el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Ley y proyecto
En este contexto la opción para que esto pueda comercializarse en las farmacias mendocinas es que se modifique o derogue la ley 8.116 de 2009 que prohíbe su expendio, suministro y fraccionamiento. Sólo está habilitada para uso en el ámbito institucional.
Por ello, fuentes del ministerio de Salud explicaron que es el único autorizado para adquirirlo y distribuirlo en la provincia tanto a efectores públicos como privados. Puede aplicarse en casos de aborto legal no punible.
Pero la diputada Ana María Andía presentó hace tres meses un proyecto para derogar esa ley y habilitar la venta en farmacias también bajo receta archivada. Este se encuentra en la comisión de Salud de la Cámara Baja, el único lugar por donde ha pasado y donde no ha sido tratado.
Ayer sesionó pero el tema no se trató. Su vicepresidente, el diputado Daniel Rueda, explicó a Los Andes que allí las opiniones están divididas. “Yo creo que no es abrir una puerta sino un portón para un medicamento que ya sabemos las consecuencias que trae”, comentó.
Desde su punto de vista la receta archivada que se solicita sólo requiere el DNI y la dirección del paciente. "Ni siquiera dice que deba ser indicado por un gineco-obstetra sino por cualquier médico. No creo que se pueda controlar", dijo tajante. De todas formas, el legislador no descartó la posibilidad de que sea tratado la próxima semana.
Difícil acceso
Julia López, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto dijo que están expectantes por ver qué sucede con la disposición nacional. "Habría que ver cuál es el conflicto de intereses y de jerarquías entre lo nacional y lo provincial", comentó.
El medicamento tampoco se consigue en San Juan y Julia comentó que cada vez cuesta más obtenerlo por vía clandestina debido a la persecución que se ha generado. Dijo que como sí puede comprarse en el resto del país lo traen quienes pueden. "Esto genera que las mujeres se expongan cada vez a más riesgos, las redes son más peligrosas, cuesta más caro, la droga es de inferior calidad o peor aún no se sabe qué contiene", detalló.
"Por eso más que cualquier otra provincia necesitamos la derogación de la ley de restricción y una ley que habilite la venta en farmacias", dijo y que si no se hace por legislación provincial puede habilitarse con una ley nacional.
Consideró que si estuviera en farmacias sería un avance y más si está específicamente desarrollado para interrupción del embarazo. "El Estado siempre se ha lavado las manos; esto sería un pasito en la consecución de los derechos que perseguimos y con lo que hacen nos van a querer apaciguar".
