Luego de 11 años de litigio, la Provincia cobrará una deuda de 63 millones de pesos por incumplimientos de petroleras en la adjudicación de áreas para exploración. Se trata de la UTE Ketsal y Kilwer, que en 2007 fue oferente por el territorio denominado "Río Atuel", pero que luego de ser adjudicada, desistió de hacerse cargo. Entonces se inició un reclamo que fue ganado en la Justicia y que se concretará en los próximos días.
Desde el Gobierno celebraron el reciente acuerdo y valoraron "que se cumpla la ley a través del control que hizo el Poder Ejecutivo de los intereses de Mendoza".
Fue en 2008 cuando el gobernador de ese entonces, Celso Jaque, adjudicó 12 áreas petroleras para exploración. De los ganadores de la licitación, la UTE (Unión Transitoria de Empresas) decidió no participar, por lo que la Provincia inició el reclamo de la garantía de sostenimiento de oferta, que consta del 1% del total ofrecido en la licitación.
La Justicia provincial emitió sentencia y determinó que el pago debía ser de 863.120 dólares más intereses y costas, que aumentaron el número a 1.401.880 dólares, lo que representa 63.058.185 pesos.
Ketsal y Kilwer, empresas que hoy ya no existen, eran del grupo Vila-Manzano. Los activos de esa disolución formaron parte de la fusión con El Trébol y conforman también la petrolera Fénix, en la que los empresarios tienen una participación ínfima.
La propuesta de pago de la UTE, que fue aceptada finalmente por el Poder Ejecutivo, consta de tres cuotas iguales, mensuales y consecutivas y sin intereses, de 467.293,33 dólares, tal como marca el decreto 1066 publicado ayer en el Boletín Oficial.
Los Andes dialogó con el subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú, quien celebró esta propuesta e hizo hincapié en "los aspectos de una gestión ordenada y que trabaja para que se cumpla la ley".
El funcionario además resaltó los "problemas" con los que se encontró esta gestión, que "sufrió una mala licitación en 2008, con contratos basura, negocios inmobiliarios y cosas sin resolver".
De esta manera, agregó que lo que se hizo en estos años fue "limpiar el grueso, con nueva licitación y también cobrar multas por falta de inversión".
En el caso del área Rio Atuel, expresó que se procedió a ejecutar la multa de la garantía que tiene una oferta tras haber desistido de la licitación y posterior adjudicación. "Llegamos a un buen acuerdo porque se va a pagar todo y en dólares".
Respecto a los plazos para el pago, el primer de ellos deberá ser efectuado dentro de los diez días de la notificación del decreto publicado ayer, mientras que el resto será en los meses siguientes.
Larga pelea judicial
La historia empezó en junio de 2008 cuando Jaque anunció que haría el reclamo de la garantía de oferta, que oficializó por decreto 1174 de ese año. La UTE presentó un recurso de revocatoria que fue rechazado en otro decreto, el 2467 de 2009.
Entonces la pelea llegó a la Justicia; en abril de 2010 la Suprema Corte de Mendoza le dio la razón a la provincia; Ketsal-Kilwer fue en recurso extraordinario federal a la Corte Suprema de la Nación y en octubre de 2010 ese Tribunal también le dio la razón a la provincia; la UTE insistió con un recurso de queja y también fue desestimado por la Corte nacional en agosto de 2011, pero la garantía no fue pagada nunca.
Asesoría de Gobierno, antes de que prescribieran los plazos de reclamo, hizo la presentación judicial; la sentencia fue emitida en diciembre de 2018 por el Tribunal de Gestión Asociada número 3.
La causa fue contra la UTE y contra la empresa de seguros que hizo la póliza de garantía: Liderar Compañía General de Seguros.
Finalmente, la jueza en primera instancia descartó los fundamentos vertidos por la UTE y falló a favor de la Provincia en diciembre del año pasado.
En abril pasado, que el representante letrado de las empresas, presentó formalmente la propuesta de pago en tres cuotas y en dólares, por lo que fue aprobado tanto por el gobernador, Alfredo Cornejo, como el asesor de Gobierno, Ricardo Canet.
La compleja licitación del 2008
La historia de esa licitación fue tormentosa. De las 12 áreas que salieron a licitación sobre el final del gobierno de Julio Cobos, 11 fueron adjudicadas por Celso Jaque; siete quedaron en manos de la UTE Ketsal-Kilwer.
Con los años, la UTE cedió algunas de esas concesiones a YPF: la más importante fue Chachahuén, hoy una de las estrellas en cuanto a producción.
Otras dos ganadas por la UTE y cedidas a YPF, Ñacuñán y San Rafael, fueron noticia el 10 de diciembre pasado, cuando se conoció el acuerdo por el que la empresa le pagaría a la Provincia 265 millones de pesos para resarcir el incumplimiento de los compromisos asumidos.
El yacimiento El Coirón I y II también fue adjudicado a Ketsal. También terminó siendo incorporada YPF en el área. El 23 junio del año pasado Los Andes informaba que esa área fue revertida. La misma suerte había corrido unos meses antes Pampa del Sebo, que también había sido adjudicada a Ketsal.
En estas dos últimas hubo alguna responsabilidad provincial: hubo ampliaciones de zonas protegidas; en el caso de El Coirón I y II, quedaron dentro de La Payunia, en el caso de Pampa del Sebo, quedaron en zona vitivinícola de Luján.
Rio Diamante fue otra de las 11 áreas concesionadas, en este caso la ganadora fue la petrolera de Cristóbal López Oil M&S. Actualmente la provincia tiene un reclamo judicial millonario que aún no se resuelve.
En el caso de Rio Atuel, Ketsal-Kilwer hicieron la mejor oferta, por U$S60 millones; la segunda fue de Oil, por U$S 40 millones. A Oil también se le reclamó la garantía y aún se espera la resolución.
