La emergencia sanitaria por el Covid-19 obligó al Gobierno provincial a tomar medidas focalizadas en el aislamiento obligatorio decretado. Dentro de las actividades exceptuadas de la cuarentena está la obra pública, pero como no hay fondos -para privilegiar otras áreas como la Salud- casi todos los trabajos en marcha están paralizados.
El artículo 6 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado el 19 de marzo por el presidente Alberto Fernández establece las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, cuyos trabajadores tienen permitido desplazarse para cumplir con esas esas actividades y servicios. El inciso 10 puntualiza en el "personal afectado a obra pública". Sin embargo, casi no se ven estos trabajadores en las calles.
En Mendoza, la crisis del coronavirus afectó a varias de las obras que venían ejecutándose desde la gestión de Alfredo Cornejo, algunas con fondos propios y otras con presupuesto nacional. No así a las que cuentan con financiamiento externo.
La salvedad de la emergencia sanitaria permitió que las obras abocadas a la infraestructura hospitalaria siguieran adelante con partidas provinciales: se trata de las ampliaciones del Hospital Central y del Schestakow.
La obra del Central tuvo inauguraciones de distintas etapas, la última el nuevo Centro de Guardia, Centro de Quirófanos y una Guardería. La obra total abarca 8.300 m2 contando el subsuelo y dos pisos más. Hace unos meses ya se habían inaugurado en edificios anexos la guardería y una lavandería.
Lo que resta, y es la razón que hay personal trabajando, son las terminaciones. Es decir, el final de la obra.
Para el caso del nosocomio ubicado en San Rafael, el proyecto contempla la construcción de 8.000 m2 nuevos distribuidos en tres pisos, incluyendo helipuerto y pasarela de conexión cubierta entre la nueva y la vieja edificación.
"La habilitación general de toda la ampliación del edificio estará lista para abril, aproximadamente, debido a la magnitud de las tareas", había manifestado en enero el subsecretario de Obras Públicas, Jorge Simoni, en en la recorrida por las nuevas instalaciones junto a buena parte del equipo del Ministerio de INfraestructura y del flamante director del hospital, José Muñoz.
La otra gran excepción a la paralización de la obra pública en Mendoza es la vivienda social: aproximadamente 50 barrios que construye el IPV continúan en ejecución con distintos grados de avance.
Algunas de las empresas que llevan adelante estos desarrollos se encontraron con el inconveniente del cierre de corralones y negocios que comercializan materiales de construcción. "La excepción incluyó a la construcción pero no a corralones y demás. Las empresas que tenían acopio de material siguieron y otras se quedaron sin proveedores", explicaron desde el ministerio.
Las obras que sí quedaron paralizadas temporalmente por la emergencia sanitaria son las que se llevaban adelante en el Polo Judicial y en la maternidad del Hospital Lagomaggiore.
En lo que respecta a dinero que proviene de las arcas nacionales, hay tres obras que detuvieron el ritmo, según confirmaron desde el ministerio de Planificación e Infraestructura: la Cárcel Federal, la Variante Palmira y el Paso Internacional Cristo Redentor.
La obra que estaba más avanzada es el Complejo Penitenciario Federal VI en Luján de Cuyo, que se despliega en un total de 32.000 m2 y en la cual hubo avances sustanciales. De hecho, algunos pabellones alojan internos.
En menor grado de ejecución se encuentra la Variante Palmira, destinada a desviar el tránsito pesado del corredor bioceánico para aportar mayor fluidez atales rodados. La autopista, que va desde Palmira (San Martín) hasta Agrelo (Luján), en la intersección con la ruta 40, esperaba ser inaugurada en 2021 pero ahora no tiene fecha cierta de terminación.
La tercera, que nunca llegó a comenzar, es la que permitirá ampliar el túnel Caracoles y la construcción de cinco galerías de interconexión con el del Cristo Redentor, que del lado argentino se encuentran separados por 325 metros.
Para ello, la gestión de Mauricio Macri había anunciado, en julio del año pasado, la inversión de US$ 750 millones, suma que estaba siendo financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). "Esa es una obra netamente nacional, no interviene la provincia en ningún aspecto", indicaron desde el Gobierno de Mendoza.
Hay un tercer grupo de obras públicas planificadas que se financian con fondos de organismos externos y que, según confirmaron desde el ministerio de Infraestructura, continúan. Una de ellas es el primer tramo de la Ruta 82, la Panamericana
La otra es la restauración y recuperación del Túnel 1 de Cacheuta, uno de los pasos de conexión en la alta montaña, ubicado sobre la misma Ruta 82. Para desarrollar esta obra no fue necesario realizar nuevas erogaciones, especificaron desde el Ejecutivo, ya que se trata de la optimización de recursos que fueron otorgados para el túnel inaugurado en 2018, que une Cacheuta con Potrerillos.
