Terminó el año 2019, con dos hechos que empañaron la imagen de la policía de Mendoza y que en estos días se está a la espera de las respuestas que deberá dar la institución con sede en la calle Salta de Godoy Cruz.
Uno, en el sur mendocino, más concretamente en el departamento de San Rafael, al ser descubierta su participación en el asalto a una vivienda de Las Paredes, mientras que el otro, por estas horas, está siendo investigado por hechos corrupción, uno de ellos que lo relacionarían al asesinato de un carpintero, hecho ocurrido en noviembre de 2017.
La instrucción de ambos casos, en diferentes estados, están siendo analizados por la Inspección General de Seguridad (IGS), organismo responsable de revisar la conducta y el desempeño de los policías como también la de los penitenciarios.
A la cárcel
El agente de la Policía de Mendoza, Jonathan Darío Osorio, de 31 años y con prestación de servicios en la Unidad de Cuerpos Especiales, fue detenido hace unas semanas, como presunto autor de un par de asaltos en viviendas de Las Paredes y el centro sanrafaelino, situación que tiene como destino inmediato la exoneración de la fuerza.
Toda la familia
Junto al uniformado, sus pares detuvieron a Oscar Alberto Osorio (62), Claudia González Villarroel (51) y César Noel Sosa Flores (33), los que fueron imputados de los delitos de robo agravado por ser cometido en lugares poblados y en banda, y por el uso de arma, en concurso ideal y privación ilegítima de la libertad agravada por la violencia, en concurso real.
Las pruebas que los comprometen son reunidas en tres allanamientos en los que se secuestraron computadoras, teléfonos celulares, precintos, una barreta, una consola de videojuegos, prendas de vestir, un rifle calibre 22, anteojos de sol, equipos de música y una pistola 9 mm, arma reglamentaria que tenía a su cargo el agente Osorio.
Sospechado
También la IGS, junto a la investigación, abrió un sumario y pasó a pasiva a un policía que, con el cargo de Oficial Principal, tuvo como último destino la División de Robos y Hurtos de la Dirección de Investigaciones.
La razón sería hechos de corrupción que lo relacionarían con el crimen de un carpintero, ocurrido en noviembre de 2017, caso en el cual en una de las últimas audiencias del año 2019, la Justicia confirmó la detención de dos de los acusados del crimen (Francisco Agüero Toledo y Marcelo Angelini), mientras que el Ministerio puso una recompensa de 200 mil pesos por el tercero, que se encuentra prófugo.
Y precisamente la sospecha sobre este oficial inspector está relacionada con Diego Norberto Vildoza, con el que habría mantenido, a lo largo del tiempo, una "buena y estrecha" relación, según se desprende de una denuncia que llegó a la fuerza.
El trascendido habla de que el uniformado tenía una moto del acusado, solo basta saber si fue “comprada” por el efectivo o fue “entregada” a cambio del silencio sobre su paradero.
Y aquí vale recordar que dentro de la fuerza se sabía que Vildoza era “informante” de la Policía, llegó a estar detenido por el crimen del carpintero Carlos Moya, pero al no ser reconocido en rueda de personas, se tomó como cierta su coartada de que ese día (4 de noviembre de 2017), el se encontraba en el cumpleaños de su hijo, en un barrio de Guaymallén, pero alejado de la casa de la víctima y terminó liberado.
Además se suma a lo investigado el material de las escuchas telefónicas, originadas en la Justicia Federal, que lo comprometerían seriamente a la causa.
Finalmente trascendió que este oficial inspector también está sospechado de su participación en allanamientos a narcos que le permitía obtener algún beneficio “en plata” por un lado y en otros quedarse con parte de la droga secuestrada en algún procedimiento pero en “beneficio” propio.
