Hace cuatro años, un joven fue detenido en la zona de El Sauce y después de ser golpeado terminó en un calabozo de la subcomisaría de El Bermejo. Ahora aquel acto fue considerado como abusivo.
Exactamente a 4 años de que Joaquín Álvarez Padilla quedara golpeado y sin una zapatilla en la subcomisaría de El Bermejo, en la sala de la Cuarta Cámara del Crimen, en juicio unipersonal, Horacio Báez condenó a dos policías por el delito de privación ilegítima de la libertad, por ser abusiva y por vejaciones.
Fue un 10 de junio, pero de 2011, cuando Joaquín Álvarez Padilla (18), estudiante de la UTN, volvía de bailar de un boliche del Centro.
Eran poco más de las 6 de la mañana cuando el cansancio le ganó al viaje hasta El Sauce y se quedó dormido. Fue despertado bruscamente por dos uniformados frente al hospital de la zona, obligado a bajar del micro y empujado al interior de un móvil policial.
De nada sirvió su reclamo y mostrar el documento, la tarjeta Red Bus y un celular con el que intentaba comunicarse con sus padres.
En una actitud fuera de todo procedimiento, uno de los efectivos lo tomó del cuello y después se sentó junto a él en el asiento trasero, oportunidad en que lo golpeó en la cabeza y el estómago. Sin esposar, fue bajado en la subcomisaría y encerrado en uno de los calabozos, donde le tiraron gas pimienta.
Pese al reclamo del "detenido" (que no fue asentado en el libro de novedades) para ir al baño, terminó orinando en la celda, porque los uniformados estaban en la hora del "recambio de guardia".
Muchas horas después, ya con otros uniformados en la comisaría, le comunicaron que "lo iban a liberar", pero que antes tenía que "limpiar las dos celdas". Y si bien el joven primero se negó, la desesperación pudo más y finalmente optó por hacer la tarea encomendada. Así fue como recuperó la libertad.
La denuncia
María Cristina Padilla es médica y madre del joven y cuando éste llegó a la casa sin dudar hizo la denuncia de lo ocurrido.
Y ahora lo recuerda: "Fue un momento muy doloroso y difícil, pero pensé, y lo sigo sosteniendo, que el silencio nos hace cómplices.
Y por eso lo llevé a la Oficina Fiscal 9 en Guaymallén, donde no sólo le tomaron la denuncia, sino que en el mismo lugar fue revisado por el médico de la Policía, quien en ese momento certificó las lesiones: hematomas en el cuello y lesiones en las cejas, labios y cadera".
Juicio unipersonal
En cuatro audiencias en las que el "no me acuerdo" fue una constante entre los testigos, muchos de ellos integrantes de la fuerza, el abogado Carlos Varela Álvarez patrocinó la querella impulsada por la víctima.
El fiscal Gonzalo Nazar, después de "disculparse" ante la familia, al evaluar que no existía un delito, se abstuvo de acusar a los uniformados.
Por su parte, la querella (que actúa en forma autónoma y puede acusar), después de apoyar su alegato en casos trascendentes dentro de la historia policial mendocina como Guardati, Garrido-Baigorria, reclamó una pena de dos años para cada uno de los policías involucrados, por aplicación del artículo 144 bis, que habla del funcionario público que "con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, privase a alguno de su libertad personal...".
Al final, el juez Horacio Báez, de la Cuarta Cámara, falló condenando a Norberto Andrada Barrera a 2 años de prisión en suspenso y 4 de inhabilitación, mientras que al oficial José Ramos Buduo le impuso una pena de 1 año de prisión en suspenso e inhabilitación por el mismo tiempo.
Por la misma sentencia se absolvió al sargento José Tello Laviano, que no había sido acusado por la querella.
