Dejar a 44 marinos con cuatro fusiles FAL y una embajadora para enfrentar una crisis diplomática y judicial por la Fragata Libertad con Ghana, suena a una actitud irresponsable que puede llevar a un agravamiento del conflicto. Y, además, ordenar a un comandante que impida, armas en mano, que la autoridad portuaria de Ghana mueva la fragata sin poner en marcha una negociación diplomática a nivel del canciller Timerman o por lo menos el vicecanciller, va en contra de un principio básico:
los políticos toman las decisiones y los militares obedecen. En otras palabras, el comandante de la Libertad, capitán de navío Pablo Salonio, y la embajadora concurrente Susana Pataro, están a la espera de decisiones políticas que no llegan...
El Gobierno se niega a pagar los U$S 20 millones de fianza a la Justicia de Ghana y le deja el problema abierto a una embajadora y a un capitán. Ya hace más de un mes que la Fragata está anclada en Tema y la crisis va hacia un callejón sin salida. Del lado de Ghana, la autoridad portuaria le pide que pague U$S 60 mil por día por estar anclada en esa parte de uno de los puertos más importantes de África o que la muevan.
La Fragata, más allá de la discusión sobre si es un buque de guerra con inmunidad diplomática o no, es territorio argentino y el capitán cumplirá con la orden de no dejar subir a nadie. El problema es que está en inferioridad de condiciones desde todo punto de vista. ¿Qué espera ahora Timerman? ¿Que la Justicia de Ghana emita una orden de allanamiento para mandar policías a mover la Fragata y se produzca un tiroteo?
