Resulta plausible y merece ser rescatada la actitud que al principio de la pandemia asumieron los componentes del Ejecutivo provincial, es decir el gobernador y los integrantes del gabinete, quienes no percibieron más de 50.000 pesos en el primes mes del virus, al tiempo que se invitaba a todos los poderes del Estado a sumarse. Además se propuso que en los meses posteriores se siguiera donando voluntariamente parte del sueldo.
“Resulta necesario ampliar las fuentes de financiamiento tendientes a incrementar los fondos disponibles para destinar a medidas paliativas de los efectos producidos por la pandemia de coronavirus”, señalaba el texto del decreto 434/20 por el cual se dispuso el recorte, que fue publicado en el Boletín Oficial de la provincia el pasado martes 24 de marzo. Asimismo, la herramienta legal indicaba que lo ahorrado se depositará en una cuenta especial para “la adopción de medidas destinadas a enfrentar la emergencia sanitaria y/o la emergencia económica consecuencia de la misma”.
La medida tuvo como excepción a los funcionarios de los ministerios de Seguridad y de Salud, quienes están cumpliendo con desempeños a los que se considera de un riesgo sobre agregado: unos, por estar en contacto con el público y los otros, en proximidad con los centros médicos y áreas potenciales de contagio.
El resto del sueldo, que fue tomado de la masa salarial, se depositó en una cuenta cuyo destino exclusivo fue la compra de insumos para la emergencia sanitaria, así como el requerimiento económico que esta situación genera. El fondo a integrarse por este procedimiento de toma de una parte del salario estatal, alcanza a unos $ 40 millones.
Fuentes del Gobierno provincial aseguraron que “se trata de un gesto” en el marco de la actual situación, ya que a grandes rasgos la jurisdicción tiene sus cuentas en orden y el objetivo fue brindar un gesto en medio de incertidumbres, dificultades y carencias.
La decisión tomada por el doctor Suárez no resolverá los problemas de adquisición de insumos y equipamiento médico, por supuesto, pero colabora. Implica un fuerte recorte de los ingresos, ya que un ministro hoy percibe alrededor de $ 180.000 y un asesor, poco más de $ 100.000 mensuales.
Vale apuntar que en Mendoza el promedio salarial de los magistrados ya supera ampliamente los 250.000 pesos. Es más, hay casos que, por antigüedad, están por encima del medio millón de pesos.
En algunos casos, la ayuda proporcionada por este procedimiento y las que puedan venir en estos próximos meses por las donaciones voluntarias, resulta ser bien recibida por el ciudadano, aunque inclusive otro sector de la comunidad puede considerarla insuficiente, y tal vez haya quien la considere demagógica.
Por nuestra parte, diremos con plena confianza que es muy buen gesto el donar parte del sueldo por parte del gobernador, funcionarios e intendentes. Y que, en la medida de lo posible, debería ser una práctica constante.
Pocas provincias han tenido esta actitud y valoramos este tipo de decisiones.
Claro que lo esencial, lo prioritario, es disponer de gobernantes que sepan administrar los recursos y que tengan un comportamiento ético.
La sociedad tiene que valorar estas señales, y aspirar a que grandes fortunas, que descontamos fueron materializadas por el sano engranaje de la inversión y la recompensa material a los esfuerzos, también enfrenten la realidad y dispongan la cesión, temporaria, de partidas de dinero hacia el equipamiento y fortalecimiento de nuestro sistema de salud.
Sería bueno que lo hicieran espontáneamente y sin esperar a que ese recurso económico sea tomado por la creación de un nuevo impuesto, que crearía nuevas fricciones en la sociedad.
