La desclasificación de los archivos secretos de las fuerzas armadas sobre la guerra de Malvinas, conocidos esta semana, testimonia y ratifica las graves violaciones a los derechos humanos que fueron cometidas contra los soldados por parte de sus superiores, y revela un plan de la dictadura para ocultar estos delitos al regreso de las tropas al continente.
Un primer informe del material que sale a la luz 33 años después de la guerra fue entregado esta semana por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, a la Comisión Nacional de Ex Combatientes, luego de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenará la desclasificación de toda la documentación vinculada a Malvinas que se encontraba en los archivos de las fuerzas armadas.
“Estos documentos corren el velo de hechos que fueron ocultados durante años por las propias fuerzas armadas y serán un gran aporte para la justicia”, manifestó Ernesto Alonso, titular de la comisión de ex combatientes e integrante del Cecim de La Plata, que motorizó en 2007 la denuncia ante la Justicia por las torturas y vejámenes que sufrieron los soldados durante el conflicto bélico.
Entre la documentación desclasificada, se encuentran las denominadas “actas de recepción” que debieron completar los soldados a su regreso al continente, al término de la guerra, donde se dejaba constancia del estado de salud y las condiciones con las que habían sido tratados en las islas.
Los documentos fueron analizados por un grupo de investigación dependiente de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, digitalizada por el equipo de archivos de esa dependencia y su inventario puede ser consultado en la web www.archivosabiertos.com.
“La documentación es muchísima. En este primer relevamiento de los casos más emblemáticos, hicimos entrega de unas 700 actas, donde los testimonios -clasificados como secretos- acreditan los maltratos contados por las propias víctimas o por compañeros que relatan lo que vieron”, explicó Stella Segado, directora de Derechos Humanos de la cartera de Defensa.
La mayoría de esos testimonios relatan que sufrieron pie de trinchera -congelamiento de los pies por la humedad y el frío del terreno-, desnutrición, casos de estaqueamiento, enterramiento en fosas y otros tipos de castigos físicos por haber dejado sus puestos para salir en busca de la comida que escaseaba entre los soldados.
La información desclasificada será remitida en los próximos días a la Justicia Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, donde tramita la causa por abusos sufridos por soldados durante el conflicto del Atlántico Sur, y también a la Procuración General de la Nación para el seguimiento del expediente.
Una de las actas, a la que accedió la agencia Télam, da cuenta del testimonio de un teniente primero que relata que un oficial “lo ató de pies y manos a la espalda, colocándolo de cara al suelo, en la arena mojada de la playa, desde las 9 hasta las 17 horas”, u otro de un sargento que recibió patadas en los testículos por lo cual debió ser operado.
Otro documento secreto -firmado por el entonces comandante en jefe del Ejército, teniente general Cristino Nicolaides, el 30 de diciembre de 1982, seis meses después de terminada la guerra- revela un plan de la dictadura para ocultar esos delitos cometidos en las islas. En el texto -rotulado como “secreto” por el Ejército- Nicolaides dejó asentados los lineamientos para ocultar las torturas y vejámenes que aplicaron a los conscriptos, en una nota dirigida al comandante del V Cuerpo del Ejército.
En esa nota, se indica que a la hora de impulsar una investigación interna, los vejámenes fueran considerados como simples “faltas disciplinarias” y que en los casos en que sea imposible por la gravedad del hecho, que se le informe la situación a él en persona para resolver el problema.
“En los casos en que se acreditare alguna infracción las respectivas resoluciones no excederán el ámbito disciplinario, dentro de pautas de mesura, guardando la adecuada reserva”, fue la orden escrita por Nicolaides, a fin de evitar filtraciones a la sociedad en un momento en que los dictadores procuraban conservar el poder tras la derrota en la guerra.
“Esta documentación demuestra que hubo una planificación de Inteligencia para evitar que los relatos de los soldados trascendieran cuando volvieran al continente”, explicó Alonso, quien adelantó que todo el material desclasificado también será remitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los ex combatientes recurrieron a esta instancia por “negación de justicia” luego de que la
Corte Suprema de Justicia declarara prescripta la causa y clausurara la investigación.
Desde ahora, todos los archivos están disponibles en internet
Diarios de guerra, informes de inteligencia, fotografías, cables de Cancillería y las denominadas “actas de recepción” que debían completar los soldados cuando volvieron de la guerra de Malvinas forman parte del archivo secreto de las Fuerzas Armadas, desclasificado por el Gobierno nacional.
Desde esta semana, en la web www.archivosabiertos.com se puede consultar el inventario de toda la documentación y las condiciones establecidas para la consulta de los archivos. La clasificación de los archivos está dividida entre las tres fuerzas: Ejército, Armada y
Fuerza Aérea; y de cada una de ellas se realiza una descripción general del fondo documental y el inventario de documentos, que posee valor para la historia, la investigación, la ciencia y la cultura del país.
Entre ellos, están disponibles para la consulta informes de inteligencia y de agregados militares en otros países, fotografías, análisis de publicaciones de prensa, mensajes militares transmitiendo novedades de inteligencia en el país y en el exterior, y partes e informes con escuchas realizadas al tráfico radioeléctrico de las islas Malvinas y Chile.
También están disponibles listados de prisioneros, cables de Cancillería, listados de donaciones, análisis de las acciones en combate, actas de comprobación e investigación de enfermedades o accidentes y las famosas actas de recepción, en las que quedan acreditadas las violaciones a los derechos humanos que sufrieron los soldados por parte de sus superiores.
Los nombres de las víctimas y los acusados no pueden hacerse públicos, ya que se trata de información sensible en función de la ley de protección integral de los datos personales, y solamente con requerimiento de un juez o fiscal puede reproducirse la documentación.
Todos aquellos ciudadanos que quieran hacer la consulta deberán completar un registro de usuario y firmar un acuerdo expreso de responsabilidad por la difusión de la información.
