Un salón de fiestas ubicado en carril Maza de Maipú se convertirá esta mañana en el escenario de una decisión clave para la marcha del ciclo lectivo 2013. Allí deliberará el plenario general del SUTE, luego del rechazo a la última propuesta del Gobierno de un 26% escalonado en febrero (14%), junio (6%) y octubre (6%). Se espera una asistencia de 180 delegados con los mandatos de las escuelas de los 18 departamentos de la provincia.
En los cinco plenarios departamentales de ayer se aprobaron las 72 horas de huelga la semana entrante, aunque con modalidad diferente. Mientras unos proponen fijar la fecha en el plenario general (lunes, martes y miércoles o martes, miércoles y jueves), otros propician autorizar al secretariado a definir los días o a dejar el paro en suspenso en caso de que se presente una nueva oferta del Gobierno que merezca ser analizada por los plenarios.
Además, se espera una fuerte discusión en torno a si el SUTE debe llevar o no los reclamos salariales a las celebraciones vendimiales centrales, tema que ocupó largos minutos de análisis en los plenarios departamentales. Al menos los veintiséis delegados de Capital y San Rafael se opondrán a cualquier tipo de manifestación en la Vía Blanca (esta noche) y Carrusel (mañana por la mañana).
Las asambleas de delegados de ayer deliberaron "en un clima de malestar generalizado", según confirman representantes de las tres mayores agrupaciones del SUTE: la oficialista Celeste y las opositoras Lila y Marrón.
En San Rafael se habló de "ollas populares" en contra de los descuentos por los días de paro (que se estimaron crecientes) y en Guaymallén se aprobó una contrapropuesta de aumento salarial, que no será analizada hoy en el plenario ya que la convocatoria tiene un orden del día estricto que se limita únicamente al plan de lucha. Esta iniciativa -propiciada por agrupaciones de oposición- se basaba en "un punto, tres pesos", es decir llevaba el salario básico de 1.450 pesos -1.000 puntos que hoy se pagan a 1,45 peso por punto- a 3.000 pesos (3 pesos por punto). Esto con vistas a hacer desaparecer la "cláusula de garantía", el monto mínimo que reciben los docentes cuyos ingresos quedan por debajo de los aumentos.
Es criterio generalizado (tanto en los plenarios de ayer como en la conducción del SUTE) el rechazo al pago escalonado en tres veces. Esto obliga al Gobierno a comenzar a evaluar una próxima oferta a pagarse en dos veces (con un costo salarial superior) o a avanzar en el -por ahora no previsto- aumento por decreto (con un costo político mayor).
La definición del salario docente influirá directamente en el nivel de ingreso -y de conflictividad gremial- de los trabajadores del resto de las áreas de la administración pública, incluidos los problemáticos sectores de la Salud y la Justicia.
"La idea del gremio es que un docente con diez años de trabajo tenga un básico de 4.600 pesos, lo que representa un aumento superior a los mil pesos", afirma Javier Guevara, titular del SUTE. "Llevar el salario del docente de diez años por encima de los 4.600 es un incremento superior al 35 por ciento, y eso es imposible de afrontar", responde el coordinador paritario del Estado, Mauricio Guzmán. "La (última) oferta debió al menos ser considerada en plenario", agrega. "No la llevamos a los plenarios porque sabíamos que iba a ser rechazada por el escalonamiento en tres veces", responde Guevara.
Por su parte el gobernador, Francisco Pérez, dijo que la última propuesta rechazada por el SUTE "es el mejor porcentaje que puede ofrecer la Provincia. Es uno de los mejores del país, es superador al del año pasado y está acorde a la situación financiera de la Provincia. Es lo máximo que podemos dar. Apelamos al diálogo y a seguir conversando distintas variables que no estarán por encima de ese porcentaje en la masa salarial".
En tren de convencer y comprometer a los docentes, les pidió que "entiendan la situación financiera de la Provincia" y para dar un ejemplo de ello aseguró que el Estado ha frenado pagos a proveedores: "Los días de pago son los viernes y el viernes pasado no se le pagó a ningún proveedor, tampoco a las empresas con certificado de obra pública. Estamos en una situación delicada. No estoy sentado arriba de la caja, ni es una cuestión caprichosa de que quiero perjudicar a los docentes. La verdad es que esto es lo que puede pagar el Estado provincial. Lo digo con toda sinceridad y honestidad. Es una situación difícil, por el endeudamiento y el déficit que tenemos".
