Hubo errores de una de las partes (el Gobierno) y se reiteran luego por la otra (el gremio) en la discusión paritaria que mantienen los trabajadores de la educación. En el primero de los casos, el Poder Ejecutivo no podía desconocer que la paritaria del SUTE resultaría de difícil solución. Por ese motivo, entonces, no se entiende la demora que se produjo en la convocatoria a la discusión salarial, siendo que se debió aprovechar el receso escolar para iniciar las conversaciones. De ese modo se hubieran evitado las presiones y la pérdida de días de dictado de clases, como está sucediendo en la actualidad.
De parte de los docentes, no quedan dudas de que están utilizando un derecho constitucional, el de la huelga, comprendido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional para ejercer un modo de presión hacia las autoridades. No conformes con ello y a los efectos de evitar que la medida de fuerza afecte sus salarios (el Gobierno ha anticipado que no pagará los días que no se dicten clases), los docentes han “recomendado” a los padres a que no envíen a sus hijos al colegio en razón de que se realizarán plenarios docentes. Una manera indirecta de ejercer presión también sobre los padres, ya que más de un progenitor aceptará la “recomendación” -como lo han manifestado- por temor a futuras represalias hacia sus hijos.
Lo que está sucediendo con la paritaria docente se va a reiterar, con toda seguridad, en el resto de las discusiones colectivas, al menos en el ámbito estatal. Resulta difícil establecer cuál de las partes tiene razón. El Gobierno, aun a pesar de no contar con el Presupuesto para este año, tiene la obligación de adecuar sus gastos a la cantidad de fondos que debe destinar al pago de sueldos, ya que el resto está dirigido a las responsabilidades que caben al resto de los organismos oficiales. Es sabido que cualquier modificación en uno de los ítems afectará indefectiblemente a los restantes.
Por el lado del sector laboral, el Gobierno no puede desconocer que con los actuales niveles de inflación y con las escasas perspectivas económicas a futuro (al menos por el momento), cualquier porcentaje salarial que se reclame puede resultar comprensible. Lo grave del caso es que, en las actuales circunstancias, todo lleva a indicar que se está ingresando en un callejón sin salida porque el sector oficial señala que no hará una nueva oferta salarial mientras los docentes mantengan medidas de fuerza, mientras el sector laboral asegura que seguirán de paro -en este caso de asamblea- hasta que el Gobierno les asegure un piso del 30%, con todos los ítems en blanco.
Mientras ello ocurre, se está produciendo una preocupante diferencia entre los estudiantes de colegios públicos y privados. En el primer caso, el porcentaje de adhesión a la medida de fuerza es prácticamente total, basados en la cláusula constitucional que asegura la estabilidad del empleado público; en el segundo, en la gran mayoría las clases se dictan con normalidad. Cabría hacer mención en este caso de que esa cláusula de la Constitución estuvo destinada a evitar que se realizaran despidos indiscriminados cada vez que se produce un cambio de gestión en el Gobierno y no para que sea utilizada para la realización de medidas de fuerza sin tener en cuenta que el paro de actividades es la medida extrema cuando no hay posibilidades de alcanzar acuerdos.
En ese marco de situación surge otro inconveniente. La ley de conciliación obligatoria establece que el Estado puede “mediar”, obligando a las partes a retrotraer la discusión al inicio del conflicto cuando no hay acuerdo en el sector privado. Pero se complica cuando el Estado es “parte” del conflicto.
La situación es complicada y exige que las dos partes tomen real dimensión del problema y se sienten a dialogar con la madurez, responsabilidad y seriedad que el caso exige. Porque, aunque ninguno quiera admitirlo, son los chicos los que están quedando de rehenes en un problema que les es ajeno.
