Actualizarse en forma permanente, lograr un mayor nivel de formación, acceder a cursos en instituciones estatales y privadas o bien realizarlos a distancia, forman parte de la diversidad de responsabilidades que deben cumplir los docentes a lo largo de su carrera. Hoy, cuando la realidad obliga a no quedarse atrás, la capacitación es el recurso al que miles de profesores apelan con el fin de lograr un mayor puntaje en su bono y postular así a la titularidad de un cargo.
Justamente durante esta semana, en la Escuela Hogar Eva Perón, se realizó el llamado oficial para cubrir cargos en el secundario y las quejas de los educadores que cumplen suplencias en ese nivel no tardaron en repetirse. Irregularidades en el sistema por el cual se accede a las capacitaciones, falta de control respecto de la calidad y efectividad de los cursos e inequidades que van en detrimento de un sector de los docentes mendocinos, fueron parte de los cuestionamientos.
Ana Padilla (49) es profesora de educación física con 27 años de ejercicio en diferentes escuelas de la provincia. Según la docente, en su caso aún trabaja cubriendo remplazos debido a la comercialización de una gran cantidad de cursos que se dictan de manera descontrolada, que fomentan la acumulación de puntaje y la formación deficiente.
Esa situación, aseguró Padilla, deja en ventaja a los educadores que acceden a la capacitación “comprando” paquetes que se ofrecen en instituciones oficiales con precios que en algunos casos superan los mil pesos. Entre el abanico de opciones que se encuentran en la oferta vigente figuran temas específicos relacionados a cada una de las áreas.
A ellos se suman los que tienen que ver con temas generales para todos los educadores, como educación sexual o cuidado del medio ambiente, entre otros. En muchos casos, incluso, hay clases que se dictan en municipios y las propuestas son publicadas en la página web de la Dirección General de Escuelas (DGE).
Otra crítica tuvo que ver con que no siempre los docentes realizan capacitaciones que están ligadas a su especialidad. A esto, las autoridades del gobierno escolar responden que se debe a que existen contenidos que deben ser impartidos por los docentes en clase de manera transversal. Por lo tanto, un profesor de matemática puede (y debe) tener conocimientos, por ejemplo, sobre el cuidado del medio ambiente. Por eso el curso que efectúe le será válido al momento de presentar sus antecedentes.
Para Padilla, ese aspecto sigue planteando una injusticia. “Hay docentes que tienen una gran cantidad de puntos más por los cursos que han hecho sin siquiera haber rendido que por la real experiencia que han logrado”, manifestó. De acuerdo a la docente, la situación que plantea fue denunciada en la Dirección de Planificación de la DGE, el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) y Fiscalía de Estado meses atrás.
Para argumentar sus dichos, Padilla alertó, por ejemplo, que hay casos de docentes muy jóvenes, con escasa experiencia y que han logrado acumular 58 puntos: “La única manera de explicarlo es que ahora no importa si aprendiste o no; lo que vale es cuántos cursos rápidos pagaste”.
En ese sentido, la subsecretaria de Educación, Livia Sandez, dijo que los docentes jóvenes que titularizan lo hacen en escuelas lejanas, donde la oferta de maestros es escasa. “Implica mucho esfuerzo y también se trata de elecciones personales”, aclaró la funcionaria.
Avalados por la DGE
Ahora bien, de acuerdo a las normativas vigentes en materia de capacitación, la única manera de acceder a cursos, charlas y congresos destinados a docentes es realizarlos a través de instituciones que están avaladas por la DGE, única área a cargo de fiscalizar, actualizar y aprobar (a través de diferentes resoluciones) las distintas posibilidades de actualización que se ofrecen en la actualidad.
Vale decir que dentro del universo que forma la oferta vigente para los docentes, cada curso realizado (algunos implican una evaluación y otros no) equivale a una cantidad de puntaje distinta que varía entre 0,24 y 0,720 punto como máximo. Factores como el precio (en el caso de los cursos pagos), el tiempo en que se dictan, la modalidad, horario y frecuencia del cursado también son muy variables, dependiendo de la temática a abordar.
Si bien una gran cantidad de cursos se dictan en forma gratuita, otros tantos son pagos. La forma de abonarlos se realiza por descuento a través del bono de sueldo. Esto también recibió cuestionamientos, puesto que se pagan en su totalidad y por adelantado.
Una diferencia entre los docentes de primaria y los del nivel medio se sumó a las críticas. Mientras que para los primeros el Estado sólo permite acumular un punto entre todos los cursos realizados cada año, para los segundos no existe un límite. Desde el gobierno escolar admitieron la situación y aseguraron que ese aspecto debe ser revisado en paritarias docentes.
Suplentes "eternos"
Ana Padilla no fue la única docente en mostrar su descontento con el sistema actual de puntaje. Silvia Ales (44) lleva más de veinte años como suplente. Consideró que en realidad “ésta es una injusticia que trae aparejadas otras tantas”.
Es que, incluso, la situación de no obtener la titularidad no sólo le impide postularse a un cargo de jerarquía sino que, en el caso de una licencia por enfermedad, las jornadas ausentes le son descontadas y si desarrolla una patología ligada a la profesión, no le es posible solicitar el cambio de funciones. A ello, se agrega el agravante de no contar con un empleo como docente de manera estable. “Todos los años tenés que salir a buscar horas en diferentes colegios. Es injusto y agotador”, planteó.
Educadores más jóvenes, como Daniel Palta (30), quien lleva cinco años como profesor de Historia, también cuestionaron la calidad de los cursos. “Sería bueno que los cursos se dictaran como corresponde. Muchas veces se aprueba sin haber aprendido. Creo que este sistema genera desigualdad entre los que pueden pagar los cursos y los que no”, deslizó.
Cómo la DGE aprueba y controla los cursos
El dictado de cursos de capacitación en el ámbito docente de la provincia está regulado por la Resolución N° 930 de 2008. Con esa normativa, la DGE buscó ordenar la oferta que hasta entonces se dictaba por fuera de las instancias formales. En la actualidad, los certificados son emitidos por instituciones estatales y privadas, entre las que se cuentan universidades, institutos y academias.
Luego, cada vez que una nueva oferta es propuesta desde una institución, la DGE es la que se encarga de su monitoreo y evaluación. Si el curso ofrecido por determinados profesionales u organizaciones educativas es aprobado, deberá quedar asentado en una resolución que así lo constate.
“El seguimiento que nos realizan es bastante transparente. Si no estamos habilitados para brindar un servicio de capacitación o no contamos con el perfil de profesionales necesarios, entonces el curso se suspende”, aseguró un docente que coordina una serie de cursos de formación.
Cada vez que un educador se recibe y obtiene su título universitario o terciario e inicia su trámite para dejar asentados sus antecedentes ante la Junta Calificadora de Méritos, el puntaje inicial es de 16 puntos. Luego, esa cantidad va creciendo un punto anual por cada ciclo lectivo cumplido frente al aula. Las maestrías, doctorados, posgrados y cursos de perfeccionamiento permiten, de hecho, lograr un bono más generoso.
