Una serie de gremios estatales -los más combativos- se pusieron en pie de guerra contra el gobierno de Alfredo Cornejo y también contra la Suprema Corte de Justicia, teniendo en cuenta algunas decisiones "cruciales" que pueden llegar a poner en riesgo, según explican, la estabilidad de los empleados estatales. Pero si bien constituyeron una "mesa en defensa del empleado público" para planear una serie de medidas de fuerza y manifestaciones, no participan todos los sindicatos.
Así, este frente común gremial va dividido a la "guerra" contra el Ejecutivo y la Corte provinciales. Por un lado, los que se sientan a la mencionada mesa, que constituyen la primera línea de fuego: Sitea, SUTE y un sector disidente de ATE, además de la CGT; por el otro, ATE oficial, CTA, UPCN, Judiciales y Ampros, con distinto nivel de belicosidad.
Protestas en el G20
Antes el problema había sido el Ítem Aula, sobre el cual los sindicatos vieron una "avanzada" del Poder Ejecutivo sobre los docentes. Ahora el foco está puesto en tres puntos. Por un lado, el pedido de inconstitucionalidad que planteó el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (Cladh) sobre miles de pases a planta y titularizaciones que pactó el gobierno de Francisco Pérez con los sindicatos en 2014, y que fueron refrendados por la Legislatura. Pero también critican el proyecto de ley que envió el Ejecutivo el viernes para crear la Oficina General de Sumarios, que centralizará todas las sanciones en los empleados públicos; y dudan sobre las intenciones de una futura reforma de la ley 5.126 del Escalafón del Empleado Público.
Con el apoyo de legisladores opositores, como el diputado nacional José Luis Ramón (Partido Intransigente) y algunos provinciales, como Fernanda Lacoste y Silvia Stocco (PJ), los sindicalistas de la "mesa" manifestaron que trabajan en un plan de lucha que tendrá como centro protestas en las reuniones del G-20 de las que será sede Mendoza, del 3 al 10 de setiembre.
Victor Hugo Dagfal, de Sitea, denunció que el Gobierno y parte de la Corte "tienen la intención de desconocer y 'dinamitar' los ámbitos paritarios con este fallo. Si no hubo concursos fue porque no quisieron, por lo que creemos que es muy grave que den marcha atrás con los pases a planta que agrupan a miles de trabajadores, ya que aplicaría también para otras paritarias".
Por su parte, Sebastián Henríquez, secretario general del SUTE, comentó en coincidencia con Dagfal que hoy la situación del empleado estatal es de "precariedad absoluta" y pidió a los legisladores, sobre todo de la oposición, "que sienten postura y acompañen en defensa de los trabajadores".
Raquel Blas, hoy enemiga de Roberto Macho, quien conduce ATE, se centró en el proyecto de creación de la Oficina General de Sumarios, sobre la que expresó que "deja vigente el control absoluto del Gobierno de las juntas de disciplina, y la posibilidad de dictar cesantías y exoneraciones. Todos estos cambios van hacia atrás de los derechos de los trabajadores", aseguró.
Respecto a la reforma de la ley del Escalafón del Empleado Público, fuentes del ministerio de Gobierno afirmaron a Los Andes que ya se realizaron las designaciones de los representantes del Ejecutivo y los gremios (ATE y UPCN) para comenzar a discutir cambios, que apuntan a establecer un escalafón general para la Administración Central y que contemple también a los órganos descentralizados.
Además de esta reorganización, explicaron que los cambios en el escalafón impactarán en los salarios de los estatales, y se prevé también una actualización según las clases para que los empleados “tengan motivaciones para capacitarse y ascender, porque hoy esos ascensos no tienen un gran impacto en la remuneración”.
Como evidencia de la división gremial, este proyecto recibió voces a favor y en contra. Desde Sitea indicaron que el Gobierno "busca cambiar el escalafón para 'achicar' la planta del Estado", pero para Roberto Macho (ATE) es "necesaria" la modificación del escalafón "para mejorar las remuneraciones de los trabajadores que quieren ascender, y también para terminar con algunas inequidades, como la de los trabajadores de Turismo, que tienen uno de los sueldos básicos más chicos de las reparticiones del Estado".
Una mesa con varias sillas vacías
Los gremios presentes en la “mesa” sostuvieron la necesidad de conformar un “frente” para luchar en conjunto sobre intereses que los tocan a todos, como en este caso, y según ellos, son una “amenaza de pérdida de estabilidad del trabajo del empleado estatal”.
Sin embargo, se notaron las ausencias en la conformación de la mesa, como el sector oficial de ATE (representado por Roberto Macho), la CTA, UPCN, Judiciales y Ampros, entre otros.
En diálogo con Los Andes, Gustavo Correa, secretario general de la CTA Autónoma y enfrentado con Henríquez por la desvinculación del SUTE de la Central, indicó que "no hay representatividad" en esa mesa de defensa de los estatales, y apuntó sobre los presentes que "no tienen vocación de armar un espacio amplio con todos los sindicatos".
No obstante, Correa destacó que la iniciativa “es interesante” y se manifestó preocupado sobre el pedido de inconstitucionalidad de los pases a planta que deberá fallar la Corte en plenario.
