El Gobierno de Mendoza se sumó al congelamiento de la tarifa eléctrica que se definió a nivel nacional con el componente de distribución que es de competencia provincial y aseguraron que se trata de más de $ 3.000 millones que se ahorrarán tanto familias como Pymes. Sin embargo, las distribuidoras advirtieron que la inversión se verá resentida si no se genera un mecanismo de compensación.
Según explicó el ministro de Economía de la provincia, Enrique Vaquié, "aproximadamente $ 1.200 millones que deberían haber pagado las Pymes, y $ 1.800 millones que comenzarían a pagar las familias, estarán disponibles para la inversión o el consumo por los próximos seis meses" cuando, de otra manera "hubieran ido al poder de las empresas concesionarias".
El funcionario señaló que se conversó con las distribuidoras para evitar posibles conflictos legales y que se "priorizó el empleo y la producción" a la hora de favorecer a empresas y familias con un congelamiento tarifario. "Tiene que ver con lo que se ahorran las Pymes mendocinas y las familias", cerró.
No obstante, referentes del sector señalaron a Los Andes que presentarán la adecuación tarifaria del VAD (valor agregado de distribución), más allá de que luego no se le cobre a los usuarios el incremento, y adelantaron que, de no mediar una alternativa por parte del Estado, "la inversión se podría resentir".
Aumento previsto
Según explicó el ingeniero Julio Gallego, Coordinador de Gerentes de La Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, para febrero estaba previsto un ajuste porque "las tarifas tienen un año de atraso" y se encuentran facturando "a valores de diciembre de 2018, con una inflación cercana al 55% y con aumentos de los insumos en dólares superiores a eso".
"El congelamiento es un perjuicio muy grande. Estamos hablando de 61% de adecuación del Valor Agregado de Distribución (VAD), que afectaría en un 13% a la tarifa aproximadamente", explicó Gallego.
El ejecutivo comentó que a consecuencia del congelamiento “a alguien habrá que dejar de pagarle, y algunas obras dejarán de hacerse”.
Por su parte, Raúl Stasi, gerente general de Edeste, señaló que la provincia se vio "condicionada políticamente" a sumarse al congelamiento tarifario (de generación) que definió la Nación.
"Veremos cómo vamos a cubrir el faltante, ya que la tarifa actual tiene 12 meses de atraso, está calculada a diciembre de 2018", comentó y explicó que en breve estarán presentando "la adecuación tarifaria desde el punto de vista de la distribuidora". "Esto tiene un camino con el Estado en donde se determina el VAD y veremos como se llena el vaso. Eso habrá que conversarlo", agregó.
El congelamiento generará “un déficit de ingresos no percibidos” y “si eso no se cubre empezarán los problemas de inversión. Obviamente lo primero que sucede es que se deja la rentabilidad de lado y después la inversión, lo único que no se puede dejar de cubrir son costos salariales y operativos mínimos”, dijo Stasi.
El ejecutivo advirtió que “si el Estado Nacional fue quien forzó a la provincia a acompañar la política de congelamiento con el componente de distribución también debería ser la Nación quien acompañara con un organismo subsidiante para evitar el desajuste.
“El VAD es un 25% de la tarifa aproximadamente, y si la adecuación fuera del 50% (teniendo en cuenta inflación) no afectaría directamente al usuario. La energía que pagamos las distribuidoras está desde febrero congelada y ahora se va a continuar con el congelamiento, la diferencia entre lo que cobra Cammesa a las distribuidoras y lo que pagan a los generadores la pone el Estado nacional con un subsidio creciente, pero la parte nuestra depende de los costos en materiales, mano de obra y acuerdos paritarios es la que aumenta y, es muy riesgoso hablar de un porcentaje de adecuación porque no quiere decir que las distribuidoras estemos pidiendo un aumento igual de la tarifa”, explicó Stasi.
Finalmente José Álvarez, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas (FACE) y titular de la Coop. de Alto Verde comentó que en la actualidad se encontraban trabajando en un plan de inversión que se comprometieron a realizar con el Gobierno cuando el dólar estaba en aproximadamente $ 40 y hoy en materiales supera los $ 60 y en algunos casos se acerca a los $ 80.
"Nos interesa siempre el reconocimiento del VAD, porque nos da la posibilidad de hacer obras, pagar salarios y cumplir con todo el esquema", aseguró Álvarez.
