Que es parte de la negociación política del traspaso del mando, nadie puede negarlo. Tampoco -desde el Ejecutivo- descartan que antes de irse el gobernador Francisco Pérez deje firmado el decreto que autoriza los nuevos cuadros tarifarios del servicio eléctrico en Mendoza hasta 2018, por ahora supeditado al balotaje presidencial del próximo 22 de noviembre. Mientras la tarifa sigue congelada, el Gobierno ya emitió dos decretos que autorizan a subsidiar alrededor de $ 20 millones a las empresas para afrontar la paritaria salarial.
“Debemos esperar el informe con la desgrabación de la audiencia pública que realizó el Ente Regulador Eléctrico (EPRE) pero el avance no depende del proceso en sí, sino del diálogo político con la próxima gestión”, admitió la directora de Servicios Públicos, Patricia Martínez, respecto de la firma del decreto que legitime próximas subas y que incluirá una metodología de ajustes anuales.
La audiencia pública para refrendar los cuadros tarifarios propuestos con alzas de hasta 90% para los próximos 3 años se realizó a fines de setiembre. Desde entonces, hubo algunas reuniones entre el ministro de Energía, Marcos Zandomeni, con el ente regulador y las distribuidoras para avanzar en la “gradualidad” de su aplicación.
Según el titular del EPRE, Elián Japaz, “en esta instancia somos el órgano asesor del Poder Ejecutivo para tomar una decisión”. El órgano monitorea tanto la liquidación de fondos nacionales por Convergencia Tarifaria como la de los subsidios a las distribuidoras, que esperan la firma del decreto a regir desde enero de 2016.
Las empresas se manejan con cada vez mayor seguridad de que será Pérez quien lo haga. “Tenemos una firme esperanza de que sea así. Obviamente después del 22 y antes del recambio de autoridades”, consideró Raúl Stasi, gerente general de Edeste, una de las empresas que aguarda terminar de cobrar el subsidio para sueldos.
“Instrúyase al Ministerio de Energía(...) a instrumentar una “Compensación de VAD” por incrementos de costos laborales-remuneraciones y cargas sociales (...) en la medida necesaria para asegurar la continuidad y sustentabilidad del servicio hasta el monto máximo global a conceder al conjunto de las mismas y el máximo que corresponde a cada una de ellas”, dice el decreto 1742 que firman Pérez y Zandomeni con fecha 15 de octubre.
El mismo, en cuyos considerandos remite al Convenio de Convergencia Tarifaria que mantiene congelados los valores, autoriza a subsidiar $ 10 millones de una masa salarial de $ 195, 3 millones reconocidos a 10 cooperativas eléctricas de toda la provincia (ver aparte). Se suma otro suscripto recientemente por un monto casi idéntico, con lo cual la asistencia trepa a 20% de la estructura de sueldos, sin ser los únicos: en 2014, el 1369.
En realidad, se trata de dinero recaudado por el ítem CCCE (Cargo por Compensación de Costos Eléctricos) incluido en las facturas, del que habitualmente se nutre el Fondo Compensador de Tarifas provincial. Viene a ser una suerte de “tentempié” para las empresas, que exige como condición no deberle al mercado mayorista.
Así, la única marginada del “beneficio”, por ahora, es Edemsa, que tiene pendiente un plan de pagos con Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) por $ 800 millones en compra de energía impaga.
Convergencia: sólo un 10%
Paralelamente, siguen liquidándose certificados por obras en concepto de Convergencia Tarifaria, el programa nacional que baja fondos para obras y mantenimiento a cuenta de la tarifa congelada hasta diciembre próximo. El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, había firmado con Pérez un convenio por $ 170 millones en 2014, y una extensión de $ 200 millones para 2015.
Luego, el monto comprometido para este año se amplió a otros $ 300 millones, en la llamada “Etapa 2” del convenio. Pero los $ 500 millones acumulados para el ciclo corriente parecen salir de un surtidor por goteo y no al ritmo de los certificados de obra presentados.
Es que, de acuerdo a los cálculos del EPRE (encargado de visar los certificados), a un mes de despedir 2015 recién se pagó, en promedio, un anticipo menor al 10% del total. A diferencia de 2014 (sólo recibió $ 10 millones como anticipo), Edemsa presentó certificados para cobrar este año. Pero su situación como deudor de Cammesa también frena los pagos.
Algunas, como Edeste, percibieron parte de la llamada “Etapa 1”, y un anticipo de hasta 20% por la Etapa 2, en un clima político que les recorta chances de terminar de cobrar antes de fin de año. A criterio de Stasi, “vamos a rendir lo que queda en los próximos diez días, porque no hacerlo será perderlo. A partir de ahí será un crédito y beneficio para los mendocinos, porque baja los ingresos no percibidos desde 2013”.
