Por Rodolfo Cavagnaro - Especial para Los Andes
Las regulaciones han sido, durante muchos años, causas de debates, aunque últimamente se admite que es necesario introducir algunas de ellas para garantizar el principio de igualdad ante la ley y evitar que los sectores más poderosos opriman a los más débiles. Por lo tanto, lo que hoy se debate es acerca de las buenas y malas regulaciones.
Argentina viene acumulando una serie de malas regulaciones que han generado distorsiones notables que será muy difícil de corregir, porque al hacerlo muchos deberían renunciar a privilegios conseguidos que defienden como derechos o “conquistas”.
El gobierno kirchnerista ha generado regulaciones a través de diversos instrumentos, muchos de los cuales no solo no cumplen los objetivos planteados, sino que por el contrario, terminan generando un resultado opuesto para lo que fueron concebidos. Veamos algunos ejemplos.
Sector automotriz: está claramente protegido desde la creación del Mercosur. Tiene reserva de mercado y altos aranceles para protegerlo, y a cambio los gobiernos les cobran fuertes impuestos a las empresas, y sobre todo a los consumidores.
En Argentina, por ejemplo, un auto vale 2.000 dólares más, en promedio, que uno importado en Chile. Si tomamos un mercado de 700.000 autos anuales, vemos que anualmente 1.400 millones de dólares son succionados por el sector automotriz a otros sectores de la economía.
Además, el gobierno inventó el plan ProCreAuto, para vender más, pero la infraestructura de las ciudades no está preparada para tantos autos, no alcanza el combustible y hay que importarlo, gastando más divisas. En los países desarrollados se usan transportes públicos.
En los países subdesarrollados o en vías de desarrollo se usan autos.
Servicios públicos: después de la crisis de 2001 y la pesificación asimétrica, el gobierno congeló el precio de servicios públicos. A medida que aumentaban los costos el gobierno comenzó a reconocer los mayores gastos de las empresas y les paga las diferencias para no aumentarles a los usuarios.
Esto causó dos distorsiones. Por un lado, desestimuló la inversión y cayó nuestra producción de petróleo, gas y electricidad. Pero la tarifa subsidiada estimuló el consumo irracional, sobre todo en los sectores de mayor poder adquisitivo. Además se subsidian los pasajes en avión y el transporte público de pasajeros, tanto urbano como interurbano o interprovincial.
El 80% del déficit del gobierno nacional está representado por estos subsidios, y de ellos el 70% son consumidos por las clases alta y media alta. Es decir, el 25% de la población (los de mayores ingresos) aprovechan el 70% de los subsidios y dicen que no se pueden sacar porque sería impopular.
Asignación Universal por Hijo (AUH): si bien la idea nació de la cantera de los equipos técnicos de Elisa Carrió, fue instrumentada de una manera errónea que ha generado distorsiones que no serán fáciles de corregir.
En principio, no es universal, solo se aplica a los hijos de los desempleados, los cuales deberían ir a la escuela, tener estudios médicos y completar programas de vacunación. Esta aplicación luego se extendió a madres embarazadas desocupadas. Mientras los trabajadores en relación de dependencia perciben asignaciones familiares, no cobran nada los autónomos y monotributistas por sus hijos.
Esto genera que los desempleados que reciben la asignación no quieran emplearse formalmente para no perder el beneficio. Tampoco quieren inscribirse como monotributistas porque, en ese caso, no perciben ninguna prestación adicional.
El gobierno con esta medida mal diseñada ha estimulado la economía en negro, generando incentivos negativos para quienes perciben la prestación. Lo más lógico era que fuera realmente universal y para todos los niños, independientemente de la situación laboral de sus padres. Se deberían eliminar los subsidios familiares y reemplazar todo por una única prestación igual para todos. De esta manera las personas podrían elegir trabajar en relación de dependencia o ser autónomos sin riesgo de perder la prestación.
Son tres pequeños ejemplos de distorsiones generadas por malas regulaciones, por el uso de instrumentos mal diseñados, que solo sirvieron para que funcionarios o punteros políticos usen la discrecionalidad en su propio beneficio y tengan protegidos y castigados.
