Un amplio terreno en plena zona rural de Jocolí, en Lavalle, es motivo de conflicto entre quien aduce ser el propietario y familias de campesinos que sostienen que durante años lo han utilizado para crianza de animales -entre otras cosas- a modo de campo comunitario, además de estar asentados en la zona.
La confrontación surgió el lunes por la tarde cuando la familia que sostiene ser propietaria por varias generaciones de ese terreno, de apellido Rodríguez Peña, se presentó en el lugar. A partir de allí, claro, las versiones difieren.
Asociaciones de trabajadores rurales aducen que pese a estar asentados en el campo comunitario La Estación desde hace décadas, la familia fue acompañada de matones armados quienes amenazaron a campesinos y trabajadores.
“Entre las mismas se encontraba una señora que se presenta como Rodríguez Peña y dice ser dueña del campo. Además, entre la comitiva una persona dice ser escribano y otra abogado”, detallan.
El relato apunta: “abrieron la tranquera por la fuerza y descargaron una casilla en la entrada al campo, además apuntaron con armas de fuego a dos trabajadores que estaban en el campo trabajando para la asociación en una máquina cargadora y un camión”.
La versión de la otra parte es bien distinta: que ese campo ha sido propiedad de la familia desde 1973, el cual posee una cantera que ha sido explotada por ellos. Que al enterarse que camiones y máquinas estaban ingresando para llevarse material de la ripiera sin autorización, se acercaron con escribano para que dejase constancia; y que para no dejar que se apropiaran del terreno familiar se instaló una casilla.
Pablo Rodríguez Peña es abogado e hijo de la señalada como propietaria, él es quien está viviendo actualmente en la casilla en el ingreso del lugar. Aceptó haber llegado con un arma de su propiedad, acompañado de su familia y el escribano pero niega haber amenazado a alguien.
Las voces del conflicto
Los Andes se trasladó hasta el campo en cuestión. Transitando unos kilómetros desde la ruta, por una huella de tierra suelta y flora natural se llega a un caserío, de material, humilde, luego del cual aparece la tranquera de ingreso al terreno, tirada en el suelo.
Allí el escenario es bastante llamativo: a un lado de la huella está ubicada la casilla que hizo instalar Pablo, con una leyenda escrita en todo el frente con aerosol: Establecimiento 'El Quemado', familia Rodríguez Peña, no pasar, desde 1973”.
Del otro lado, a pocos metros, solo cruzando la callecita, se ha instalado una rudimentaria vivienda, sostenida por algunos palos de la zona y nylon. Alberga a los trabajadores rurales que se van turnando allí para defender lo que consideran propio, su espacio, su sustento, su tierra. Y en el medio, una guardia policial.
“No voy a dejar que me quiten lo que es mío” sostiene convencido Pablo, librando su batalla. Contó que su madre de 73 años estuvo allí con él, en la casilla, pero pasaron mucho frío y al tercer día se fue a Rosario, donde residen. Y agregó que es una jubilada que cobra “la mínima”.
Dijo residir en Buenos Aires y haber dejado todo para venir a defender lo que ha sido de su familia. Asegura tener títulos de propiedad que ha entregado a la Justicia y que la Municipalidad hasta hace unos meses le compraba material de la cantera a la familia por lo que conoce que le pertenece. Dijo que no busca un conflicto violento por lo que se ha dedicado a sacar fotos de los hechos.
“Por la noche vinieron dos personas de la UTR, que es lo mismo que la Tupac Amaru y que Quebracho -relató el hombre- y dijeron que esta tierra es de ellos porque viven acá, que ellos trabajaban allí pero acá no hay nada sembrado ni está trabajada la tierra”.
Dijo que él nunca tuvo problema en que ingresaran los animales para el pastoreo porque lo que explota su familia es la cantera. Y agregó que desde su punto de vista habría alguna vinculación de la Municipalidad con esta situación.
“Lo que está sucediendo es que se inicia la obra de la autopista Mendoza- San Juan, que va a pasar a metros de mi campo, son 160 km que van a hacer y esta es la única cantera; tiene 4 mil hectáreas y hasta 12 metros de profundidad, esto va a ser una lluvia de dinero”, conjeturó.
En tanto, los trabajadores rurales aseguraron que no conocían ni habían visto a ningún miembro de la familia Rodríguez Peña hasta ese día en que irrumpieron en el lugar que utilizan como campo comunitario. Explicaron que esto quiere decir que se usa de manera mancomunada y que cualquiera puede ingresar.
En la parte frontal del terreno pero por fuera del alambrado están las casas de material donde vive la mayoría. Son cerca de 30 familias organizadas en la Asociación Campesina de Cuyo, sostienen que están instalados allí desde hace más de 40 años.
Horacio Julio Suárez es uno de ellos, explicó que colocan el alambrado para evitar que vengan personas a intentar apropiarse, algo que dijo es bastante común ya que cada tanto aparece algún interesado. Dijo que la comunidad es poseedora del terreno ya que de acuerdo a la normativa esa es la condición para las tierras rurales cuando son habitadas y explotadas por más de 20 años. Dijo que incluso han hecho demarcaciones en los límites del terreno.
Aceptó que han estado sacando material de la cantera que se usa para las calles del pueblo.
Estrella, una mujer del grupo, contó que hasta hace unos meses tenía allí dentro su puesto, una vivienda hecha con materiales como palos, cartón y plástico, pero tuvo que irse porque su hija se enfermó y porque después de las lluvias fuertes fue imposible estar allí.
“Una de las opiniones del grupo es que los Rodríguez Peña dicen que es su herencia pero no saben exactamente qué parte”, argumentó la mujer.
Otros actores
Desde la Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra (UST) detallaron que “la Casilla que la señora Rodríguez Peña introdujo por la fuerza, con amenazas y uso de armas de fuego el lunes 29 está ubicada dentro de los límites del Campo 'El Quemado' cuyo titular es el Departamento General de Irrigación”.
Describen en un informe que este campo está inscripto en el registro de la propiedad y cuenta con plano de mensura y nomenclatura catastral (título: primer inscripción nro 3200 Fs 493 tomo 22 Las Heras fecha 19 de mayo de 1926 a lo que suman el número de identificación de plano y nomenclatura catastral).
Además aseguran que en el plano de mensura actualizado en 2008 el Departamento General de Irrigación (DGI) reconoce a las familias de campesinos y puesteros mientras que consigna las viviendas y mejoras de las familias en el mismo plano.
Por otra parte señala que el DGI, en convenio con el entonces ministerio de tierras y ambiente de la provincia , inició en el año 2014 el proceso de reconocimiento y regularización de la posesión de las familias campesinas organizadas en la Asociación Campesina de Cuyo e inició el proceso de traspaso de la titularidad.
Por otra parte, desde la entidad mostraron un informe del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de Nación donde se enumeran antecedentes de trabajo institucional de la Secretaría de Agricultura Familiar en la zona del campo denominado “El Quemado”.
Diego Montón de la UST agregó que la asociación campesina está ya tramitando una mensura comunitaria y que “el título que presenta María Rodríguez Peña no está registrado a su nombre, y además no tiene plano, ella utiliza un plano más antiguo que no se corresponde con el título. Los límites de ese título según describe el registro de la propiedad , comienzan al oeste del campo El Quemado de Irrigación.
Es decir, la casilla no está dentro del título que ella alega tener, sino dentro de un campo del DGI.
Pese a la insistencia de Los Andes por acceder a detalles de la causa y obtener la perspectiva legal, no hubo respuesta desde el ámbito judicial.
Problemática común en zonas rurales de Mendoza
Conflictos por tierras como este se repiten en otros sitios de la provincia. Así lo sostuvo el licenciado José Perlino, de la dirección de Acceso a la Justicia.
Dijo que es común que aparezca alguien para querer apropiarse de las tierras y que en ese contexto los pobladores sean maltratados.
Señaló que las viviendas en las que viven los trabajadores suelen ser precarias y armadas con lo que encuentran a mano y que el desinterés de los funcionarios públicos sobre el tema facilita que el que tiene poder o dinero se beneficie.
Respuesta municipal
Consultada la Municipalidad de Lavalle, a través de un comunicado informó que respecto de los registros municipales catastrales, el territorio de Jocolí es jurisdicción de Lavalle hasta las vías del ferrocarril ubicadas al Oeste de la ruta nacional 40, esto lo establece un convenio que existe con la comuna de Las Heras.
“En cuanto a los datos del registro de la propiedad, esa información no es del ámbito municipal sino propiamente del Registro de la Propiedad de la Provincia, organismo que depende del Poder Judicial”.
Por otra parte, se informó que “la comuna actualmente no posee ninguna relación comercial con la cantera. Durante un período existió una contratación que no prosiguió por conflictos de propiedad”. Finalmente agrega que “en cuanto a la habilitación municipal de la cantera, ésta debe constar en la Municipalidad de Las Heras, por encontrarse al oeste de las vías del ferrocarril, en su jurisdicción”. En todos los casos, este conflicto es del ámbito privado.
Consultada la Municipalidad de Las Heras, se respondió que ese terreno en disputa no estaría dentro de su jurisdicción.
