Lo sucedido recientemente en Barcelona, donde un grupo de fundamentalistas mató a 15 personas y los resultados inmediatos de las investigaciones, que terminaron con gran parte de los actores del atentado muertos y otros detenidos, permite marcar una preocupante y hasta vergonzosa diferencia con lo que ha sucedido en la Argentina, donde todavía no se sabe qué pasó ni quiénes fueron los autores de los atentados a la Embajada de Israel, a la Mutual Israelita y hasta de la muerte del fiscal que estudiaba la segunda de las causas. Resulta evidente que algo está fallando y que mucho debe cambiar tanto en el plano de la Justicia como de la política.
Lo ocurrido en Barcelona provocó la inmediata reacción y la puesta en marcha de mecanismos que no sólo comprometieron a España, sino que toda Europa se hizo eco de la situación y se sumó a la investigación. Sucede que los países han tomado conciencia de que los fundamentalistas -a quienes no les interesa su propia vida- han puesto su mira en los lugares de mayor concentración humana y de mayor concurrencia de turismo, con la intención de que sus acciones cobren mayor trascendencia. Así, ya en Italia se están tomando las suficientes precauciones por el hecho de que es un país que aún no ha sufrido ese tipo de ataques y porque ya hay amenazas yihadistas contra el Papa Francisco.
Sea como fuere, a las pocas horas de producido el atentado en Barcelona la policía española descubrió a los autores, los enfrentó y terminó con sus vidas. Tres días después la Justicia desentrañó paso a paso el plan de los terroristas que en un principio consistía en el estallido de quince bombas que estarían contenidas en tres camionetas, pero el plan fracasó como consecuencia de la voladura de la casa donde preparaban los explosivos.
El cruce de información permitió establecer también con claridad quiénes integraban el grupo de fundamentalistas y cuáles eran los pasos inmediatos a cumplir. No significa con ello que vayan a finalizar estos tipos de atentados pero sí que el permanente estado de alerta les complica el accionar futuro a los integrantes de ese tipo de fanatismo religioso.
La celeridad con que se actuó en Barcelona y en situaciones similares en Europa, contrasta dolorosamente con lo sucedido en la Argentina respecto de los atentados que afectaron a la Embajada de Israel y a la AMIA. El primero de los casos se produjo el 17 de marzo de 1992 y causó 22 muertos y 242 heridos, fue investigado por la Corte Suprema de Justicia pero hasta el momento no se ha elevado la causa a juicio.
En el caso de la AMIA -el atentado se produjo el 18 de julio de 1994- quedó un saldo de 85 personas muertas y 300 heridas, ubicándose como uno de los mayores ataques terroristas producidos en la Argentina. Pese al tiempo transcurrido la Justicia aún no se ha expedido. Alberto Nisman, el fiscal que tenía a su cargo la causa del atentado contra la AMIA fue hallado muerto con un disparo en la cabeza, en un hecho que no se sabe si fue suicidio u homicidio, un día antes de declarar ante la comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación, repartición que lo había citado para que declarara sobre los fundamentos de una denuncia que realizaría sobre la supuesta participación de funcionarios argentinos, incluyendo a la propia Presidenta, en el encubrimiento de sospechosos mediante la firma de un memorándum de entendimiento Argentina-Irán.
Es imperioso que se aceleren los tiempos y que se profundicen las investigaciones para que se conozca la verdad y se castigue a los culpables, sean quienes fueren y el cargo que ocupen o hayan ocupado.
De no ser así, la ciudadanía continuará perdiendo credibilidad sobre los organismos del Estado y hasta de la propia Justicia.
