Por estos días ha tenido amplia difusión un informe de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo (SRT), que muestra una notable disminución de la cantidad de juicios iniciados por reparación de daños producidos por accidentes laborales y enfermedades profesionales del trabajo.
Se trata de los efectos positivos logrados por la implementación de la Ley 27.348, sancionada por el Congreso Nacional a comienzos del año 2017.
La norma legal citada introdujo una modificación muy importante a la Ley 24.241 denominada del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones sancionada en 1993.
Esta ley que instituyó las Aseguradoras de Riego del Trabajo (ART) legisló lo referido a la prevención y reparación en materia de accidentes laborales y enfermedades profesionales
Como ha ocurrido a lo largo de décadas con la legislación laboral, con el tiempo la nueva legislación fue dando lugar a una verdadera “industria del juicio”. Donde los abogados iban contra la ART, contra el empleador, por la vía establecida en esa norma, pero también iniciaban acciones civiles para la reparación de daños, reales o inventados.
La consecuencia, como ha ocurrido con muchas normas que sobreprotegen a los empleados, ha sido un aumento de los costos laborales para las empresas y en el caso de la pymes no pocas veces las ha llevado a la imposibilidad de seguir trabajando.
Esa gravosa legislación y la maraña de acciones legales consecuentes, la incertidumbre de la pequeña empresa sobre el costo final de tomar un empleado, explican en buena medida el trabajo informal en nuestro país.
Por cierto en la “industria del juicio” los empleados recibían parte de la indemnización, porque una buena proporción quedaba en manos de los profesionales, no sólo de los abogados, sino también de los peritos y otros partícipes.
La modificación introducida por la Ley 27.348 consistió básicamente en disponer que la actuación de las comisiones médicas jurisdiccionales, creadas por la Ley 24.241y sus modificatorias, constituirán la instancia administrativa previa , de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención, para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo.
Esta instancia previa al inicio de cualquier acción legal y su resolución agota la instancia administrativa.
Otro aspecto importante que introdujo la reforma y que desalienta los juicios, es que en todos los casos los peritos médicos oficiales que intervengan en las controversias judiciales que se susciten deberán integrar el cuerpo médico forense de la jurisdicción interviniente o entidad equivalente que los reemplace y sus honorarios no serán variables ni estarán vinculados a la cuantía del respectivo juicio y su regulación responderá exclusivamente a la labor realizada en el pleito. También establece que no podrán ser objeto de pactos de cuota Litis los procesos judiciales que sustancien en el marco de esta ley.
Lo establecido precedentemente ha desalentado las demandas por montos absurdos, destinado a abultar honorarios de todo tipo, lo que era habitual.
La ley invitó a las provincias y a la CABA a adherir a la misma.La provincia de Mendoza lo hizo ese mismo año 2017. En total 13 provincias adhirieron a la reforma del sistema de riesgos del trabajo. Ya a mediados del año pasa la SRT informaba que la aplicación de la nueva norma había significado una reducción del 34% en los litigios y una reducción del 14,5% de las alícuotas de las ART y un ahorro de 13.000 millones de pesos para las empresas. En ese informe la SRT destacaba que a fines del 2015 el sistema de riesgo del trabajo presentaba un panorama críticos con 340.000 juicios en stock y un pasivo contingente de casi 5 millones de dólares.
El informe para todo el año 2018, señala que hubo un reducción del 40% en los juicios. En nuestra provincia se registró una baja del 54,3%, en Córdoba del 74%. Por el contrario en la provincia de Santa Fé, que no adhirió a la ley, los juicios aumentaron. Muy importante económicamente ha sido la baja de las alícuotas de las ART que bajaron del 4,06% al 3,37%. Del total de trámites el 81% fueron homologados.
