La CTA disidente denuncia que el IPV los dejó sin un terreno

El eterno debate de una gestión que beneficia a una u otra organización según su simpatía política vuelve a estar en el tapete. Este mediodía la CTA Mendoza, alineada a nivel nacional con Pablo Micheli y disidente del kirchnerismo, denunció públicamente al IPV porque asegura que les quitaron un terreno para privilegiar a otras agrupaciones oficialistas.

Carlos Simón, Secretario gremial de ATE y miembro de la conducción provincial de la CTA, encabezó una conferencia de prensa en la que detalló que ellos, desde la CTA, ayudaron a la conformación de una unión vecinal de empleados públicos (Empubli) para obtener una línea de financiamiento para un plan habitacional que involucra 50 familias.

Según contó Simón, a través de la autogestión, salieron a buscar terrenos para poder optar por una de las líneas de financiamiento que ofrece el IPV. Por eso conformaron la unión vecinal, obtuvieron personalidad jurídica y encontraron un terreno de 4 hectáreas cerca del barrio Suyai, en Guaymallén.

Para eso hicieron los estudios técnicos y legales, para saber si estaba apto para su compra y estudios de factibilidad técnica para obtener los servicios.

Esto periplo comenzó hace alrededor de un año, porque para obtener un plan de vivienda oficial tenían que optar por la autogestión y conformarse como unión vecinal, ya que hay doce planes de vivienda, 9 para grupos o sectores que tienen terreno y otros 3 para personas de bajos recurso en condición socioeconómica más necesitada.

"Tuvimos tres audiencias con Parisi (titular del IPV), que se comprometió a financiarnos la obra, no como un subsidio, sino a través de un descuento por bono", dijo Simón.

Según denuncian, el problema surgió ahora porque se enteraron que ese terreno, ya calculado para la construcción de un barrio, no sería para Empubli, sino para otras organizaciones, más afines al kirchnerismo, como son Tupac Amaru y Kolina.

Desde la CTA aseguraron que harán las denuncias correspondientes y de ser necesario apelarán al gobernador Francisco Pérez, ya que sostienen que la clase media mendocina con ingresos estables se ve impedida de acceder a la vivienda propia.

"Para que todos los mendocinos accedamos a una casa. ¿O es un sector oficialista el que tiene acceso a la vivienda?", se preguntó Simón.