Por Carlos Sachetto - Correspansalía de Buenos Aires
Desde aquel otoño de 2003, en que el entonces presidente Néstor Kirchner operó en todos los frentes políticos y jurídicos para terminar con la “mayoría automática” de la Corte Suprema de Justicia que encabezaba Julio Nazareno, nunca más el máximo Tribunal vivió una tensión interna como la que se advierte estos días. Las razones se hicieron públicas el miércoles pasado, cuando con el voto de tres de sus cinco miembros, la Corte avaló la aplicación de la vieja ley del “2×1” -que no está vigente desde el 2001- para un civil condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
Las repercusiones negativas del fallo han abarcado desde los organismos de derechos humanos hasta la mayoría de los partidos políticos y el propio Gobierno, cuyo ministro de Justicia, Germán Garavano salió por orden de Mauricio Macri a decir que “el fallo del 2×1 no es bueno en ningún escenario”. La consecuencia directa de esa decisión de la Corte es que otras personas, militares o civiles condenados por ese tipo de delitos, podrán invocar el fallo para pedir su libertad.
Las declaraciones de Garavano y otros funcionarios descolocan a quienes desde la oposición señalan que fue el Gobierno el que impulsó esa decisión como parte de un plan para “hacernos retroceder en todo lo que avanzamos en materia de derechos humanos”. Nadie puede probar esas intenciones, pero el tema tiene todavía muchas aristas poco claras.
En realidad, cuando se buscan los detalles de cómo una mayoría de la Corte llegó a este punto, lo que más sorprende es el voto favorable de la única mujer del cuerpo, Elena Highton. Es porque en 2009, ante una presentación del ex médico de la ESMA Jorge Magnacco para obtener el 2×1, ella votó en contra. Es decir, ahora cambió su posición.
La cocina
Los detalles técnico-jurídicos del fallo ya han sido comentados en abundancia, pero no así los entretelones de este episodio, que ha sido capaz de introducir entre los miembros de la Corte una tensión inédita. El expediente sobre el caso del represor parapolicial del Hospital Posadas de Buenos Aires, Luis Muiña, a quien se beneficia con la reducción de su pena, comenzó a circular entre los supremos hace aproximadamente dos meses. El primer texto favorable que se conoció fue el de Carlos Rosenkrantz, ideólogo de los fundamentos positivos.
Fuentes serias cercanas al Tribunal señalan que Rosenkrantz es quien más contacto tiene con sectores del Gobierno, y fue quien intercedió ante la Casa Rosada para que no se apelara aquella sentencia que le permitió a Higthon seguir en su puesto después de cumplir los 75 años de edad. A diferencia de sus colegas, ella viene de la carrera judicial y con esta actitud parece encuadrarse en la vieja creencia tribunalicia que dice: “los jueces de carrera, son siempre oficialistas y agradecidos”.
En los pasillos de la Corte y también en la Casa Rosada se preguntan quién del Gobierno le pidió a Rosenkrantz que gestionara el voto positivo al 2×1. Si Macri, el ministro Garavano y otros funcionarios de alto nivel y también aliados en Cambiemos rechazan el fallo, ¿alguien dio luz verde desde el oficialismo?
No es un secreto que Rosenkrantz mantiene un vínculo estrecho con Fabián Rodríguez Simón, a quien apodan “Pepín”, y es consultor jurídico y amigo del Presidente. ¿Es posible que sin pedir opiniones superiores y sin mensurar el impacto político un asesor haya dado el visto bueno para impulsar el polémico fallo?
Además de Rosenkrantz y Higthon el tercer voto positivo fue de Horacio Rosatti, quien profundizó sobre cuestiones técnicas. Votaron en contra siguiendo sus criterios anteriores el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti y el vocal Juan Carlos Maqueda.
Dos miradas
El viernes pasado, luego de la descalificación abrumadora del fallo que se hizo desde el oficialismo, la oposición, los técnicos y la prensa, en el cuarto piso de Tribunales prevalecía el comentario de que Rosenkrantz minimizaba lo sucedido diciendo “no pasa nada”. Rosatti, como abstraído de la realidad, habría afirmado que no vio televisión ni leyó los diarios, y Higthon estuvo ocupada en otras cuestiones, sin darle mayor trascendencia a lo ocurrido.
“Estamos ante la negación de la política”, sostiene un profundo conocedor de los caminos interiores y procedimientos de la Corte. Esa reflexión apunta a que aun manteniendo con absoluta independencia la división de poderes, los jueces al producir sus sentencias deben guiarse básicamente por lo que dicen las leyes y la Constitución, pero a la vez evaluar de manera conveniente el contexto político en el cual se pondrán en vigencia sus decisiones.
Los derechos humanos y en especial aquellas terribles violaciones en las que incurrió la dictadura, han alcanzado en la Argentina un elevado nivel de consenso, a pesar de la utilización política sectorial que hizo el kirchnerismo durante los últimos doce años. El “Nunca más” está internalizado en la conciencia de la inmensa mayoría de los ciudadanos y los jueces no pueden ignorarlo. De ahí la extensión que adquieren los repudios al fallo de la Corte.
¿Hay manera de revertir jurídicamente lo hecho? En Tribunales dicen que eso sólo podría ocurrir si Elena Highton da marcha atrás con su voto y retoma el criterio que ella misma sostuvo en 2009. Pero es poco probable que suceda.
En el Gobierno, que está bajo sospechas difíciles de probar, todavía habita la confusión y el desconcierto. En la Corte, ahora, la vida interna se alteró y tiene pronóstico reservado.
