La reforma constitucional que propone el gobernador no es una simple enmienda, sino una iniciativa de alto impacto institucional, puesto que se pondrá a consideración, entre otros aspectos, la reformulación del Poder Legislativo con la eliminación de una de las dos cámaras que lo componen.
Lo expuesto por Rodolfo Suárez no constituye una sorpresa, puesto que los cambios en la Carta Magna local formaron parte de su propuesta electoral. Sí sorprendió, sin embargo, el planteo del tema como una de las metas para el año en curso en medio de la incertidumbre que genera la crisis sanitaria actual con su consecuente parálisis económica. Vale aclarar que se trata de una iniciativa que, en caso de prosperar en el ámbito legislativo, requiere de una serie de pasos previstos ya por la Constitución que se resolverán en los próximos dos años.
Si bien la propuesta inicial incluía la posibilidad de una sola reelección de gobernador, equiparando al Ejecutivo al nuevo régimen aplicado para los intendentes, en esta oportunidad el mandatario provincial dejó en claro que ese detalle había sido eliminado, admitiendo que la polémica por la modificación de esa cláusula siempre trabó la reforma.
Forzado por la necesidad de poder avanzar con su proyecto, Suárez dio un paso institucional muy valioso, ya que dejó de lado no sólo la factibilidad de una nueva candidatura para él, sino que resguardó uno de los aspectos que más prestigian institucionalmente a Mendoza: un gobernador no puede aspirar a la reelección sin haber transcurrido al menos un período intermedio. De esta forma, el debate que se plantee carecerá de suspicacias sobre la intencionalidad política del mandatario.
El resto de las propuestas principales sí merece una análisis minucioso, responsable. Seguramente se escucharán muchas voces entre los miembros de los poderes del Estado por los argumentos que se esgrimen para suprimir una cámara legislativa. Siempre fue discutible, por ejemplo, que ambos cuerpos (Diputados y Senadores) hagan lo mismo; el funcionamiento correcto de las instituciones es una meta que siempre se debe pretender lograr y en ese aspecto la función de revisión es muy sana para corregir eventuales errores o hacer aportes.
Lo que sí resulta más opinable es el argumento de la reducción del costo de la política a través de la eliminación de una cámara. En primer lugar correspondería mirar hacia adentro de dichas estructuras para medir parámetros de eficiencia, entre otras consideraciones.
En la misma línea se dirige la otra gran modificación prevista: la eliminación de las elecciones legislativas llamadas de medio término, es decir, dos años después de la asunción de un gobernador. El ahorro que se prevé con dicho paso es también discutible si no se avanza en la modernización y simplificación de los montajes electorales, que se sabe que son caros, antiguos y en cierto modo tendenciosos por el imperio de la vieja lista sábana.
Además, con una elección legislativa cada cuatro años y en coincidencia con la de gobernador, se corre el riesgo de que el equilibrio entre oficialismo y oposición se pierda.
La Constitución de Mendoza siempre fue elogiada por los adelantos que incluyó con su promulgación al amparo visionario de los asambleístas constituyentes de entonces. Por ello toda reforma, en caso de ser necesaria, deberá basarse en necesidades de la ciudadanía y no en cuestiones coyunturales o financieras.
