Días pasados, ante un operativo realizado por la Agencia Tributaria Mendoza en el predio de La Salada, el intendente de Santa Rosa manifestó su desagrado y molestia ante lo que calificó de “incumplimiento de la palabra empeñada” por parte del organismo oficial y dejó entrever una especie de persecución hacia el emprendimiento en razón de que no se adopta el mismo criterio con otros lugares de venta de ropas y alimentos.
No quedan dudas de que el funcionamiento de la feria La Salada en Buenos Aires causó conmoción. Con el aval implícito del ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, el emprendimiento tuvo un crecimiento espectacular, con precios diferenciados, aunque en la gran mayoría de los casos los cuestionamientos recaen en el origen de algunas prendas, especialmente en las ropas de marca.
Los directivos de La Salada, conscientes de que era importante el público del interior que se dirigía a Buenos Aires para realizar las compras, decidieron abrir el abanico e insertarse en algunas provincias. Según se afirma, no lograron su objetivo en Córdoba pero sí lo hicieron en Mendoza, con la autorización recibida para funcionar en Santa Rosa.
Al decir del intendente de ese departamento, la llegada de La Salada le significó un aporte importante para esa zona, en razón de que se abrían fuentes de trabajo, que paliaban los inconvenientes producidos por la helada que se llevó gran parte de la producción agrícola y los problemas laborales que se plantean como consecuencia de despidos en algunas bodegas. Inclusive apoyó la conformación de una cooperativa para coser ropa y luego venderla en los locales de La Salada.
Sin embargo, el emprendimiento generó la preocupación de parte de la Federación Económica de Mendoza, entidad que planteó la “desigualdad de condiciones” en el funcionamiento, en razón de que “operan por fuera de la ley” y por lo tanto generan una competencia desleal al no emitir facturas ni mantener un control sobre el personal afectado a las ventas.
En el operativo realizado por la Administración Tributaria Mendoza se informó que se habían detectado puestos que no están inscriptos en los impuestos provinciales y que no tributan; que la mayoría de los comercios no emiten facturas e incluso se llegó a clausurar algunos locales, intimando a la administración central de La Salada a regularizar la situación y completar los papeles faltantes.
El intendente de Santa Rosa manifestó su malestar y desagrado, afirmando que se trató de una acción “montada”, especialmente por la difusión que se le dio al mismo y reclamó porque ATM no envió al departamento un móvil para inscribir a los feriantes. Pero lo llamativo de sus declaraciones se centraron cuando indicó que “a dos meses de abrir La Salada caen directamente con una inspección y amenazan con clausuras”.
Cualquier habitante de la provincia que desee abrir un comercio, debe cumplir previamente con todas las exigencias que establecen las leyes. De allí que no se entienda que el jefe comunal haga hincapié en que “a dos meses” de abrir el emprendimiento se haya realizado un operativo sorpresa, cuando -debe recordarse- mucho antes de ese período señalado se venían realizando las tareas previas y hubo un tiempo más que suficiente para cumplimentar todos los requisitos.
La reacción del intendente es criticable. No se entiende que un funcionario defienda a quienes funcionan por fuera de la ley, por más que esa situación conlleve un paliativo para la difícil situación económica por la que atraviesan muchas familias. Es un mal antecedente en todo sentido.
