La semana corta de Carnaval estaba destinada al descanso, como es tradición en el Congreso: los diputados y senadores estiran el reposo hasta el fin de semana siguiente. Éste no será el caso.
Las dos Cámaras tendrán sesión esta semana y el domingo se reunirán en la Asamblea Legislativa para recibir al presidente Alberto Fernández, quien inaugurará el período de sesiones ordinarias con un mensaje en el que la economía será protagonista. Además se espera el anuncio del envío del proyecto de legalización del aborto.
Pero antes, los diputados se abocarán al debate de un proyecto de ley de peso: el fin del régimen especial jubilatorio para jueces y diplomáticos.
La iniciativa gubernamental se debatirá hoy miércoles en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social, con el fin de firmar los dictámenes que se pondrán en consideración en la sesión convocada para mañana jueves.
Al plenario de comisiones asistirán el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y el director de la Anses, Alejandro Vanoli.
Intereses
Fernández mandó el proyecto presionado por la oposición, después de que en diciembre los jueces quedaran exceptuados de la suspensión de la movilidad jubilatoria, al igual que los presidentes y vicepresidentes de la Nación.
La aprobación de la iniciativa es casi un hecho: Juntos por el Cambio, el principal espacio opositor, no querrá quedar del lado de los que defienden jubilaciones de más de 700 mil pesos.
De todas maneras, en las próximas horas mantendrán reuniones para ajustar tornillos, porque la posibilidad de un quiebre a la hora de la votación está latente.
Por ejemplo, el radical sanluiseño Alejandro Cacace presentó junto a otros diez diputados del interbloque un proyecto que es aún más ambicioso que el de la Casa Rosada, porque establece que todos los funcionarios, no sólo jueces y diplomáticos, tengan el mismo régimen jubilatorio que el resto de los ciudadanos.
Del otro lado están otros diputados como el macrista Pablo Tonelli, para quien el proyecto del Gobierno es inconveniente y está dispuesto a no convalidarlo.
También presentaron proyectos el mendocino José Luis Ramón, que lidera el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo (UFD), y la izquierda.
El proyecto del Gobierno establece que los jubilados percibirán el 82% calculado sobre el promedio de sueldos actualizado de los últimos diez años, como el régimen general, y no sobre el sueldo del cargo de mayor jerarquía.
En el caso de los diplomáticos, bajan del 85 al 82% móvil y también se promedian los salarios de los últimos diez años en la función.
Además, en ambos casos se suman 7 puntos porcentuales en los aportes, del 11 al 18%, y se aumenta, de manera gradual, de 60 a 65 la edad para jubilarse.
"Estamos respetando los derechos adquiridos de los jubilados actuales, que no sufrirán ningún cambio", dijo a Los Andes el diputado del Frente de Todos, Marcelo Casaretto, presidente de la comisión de Previsión.
Negó, por otra parte, que el Gobierno tenga previsto un plan de cobertura de vacantes como consecuencia de las jubilaciones masivas de magistrados que ya empezaron a tramitarse. "El aspirante se presenta ante el Consejo de la Magistratura, tiene que rendir, aprobar exámenes, después eso va al Senado... No es que se va un enemigo y entra un amigo", afirmó.
Cámara alta
El Senado, a su vez, tendrá la misión de convertir en ley el proyecto que regula la exhibición de productos en los supermercados para impedir abusos de posición dominante de las grandes empresas alimenticias, conocido como ley de Góndolas, y debatir el pliego de la abogada Marisa Graham a defensora del Niño de la Nación.
El cargo está vacante desde 2005, cuando fue creada la institución, y la candidata sorteó un proceso de selección de dos años. Diputados aprobó el pliego el año pasado en el Senado, porque la candidata es rechazada por abortista.
